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El presidente, Alejandro Giammattei en conferencia de prensa junto al ministro de salud y el vicepresidente, César Castillo, hablan de la importancia del uso de mascarillas y el avance de los casos positivos en el país.

Giammattei y el COVID19: Acciones en el rumbo correcto pero ejecución a medias y tarde

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Giammattei y el COVID19: Acciones en el rumbo correcto pero ejecución a medias y tarde

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¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de Alejandro Giammattei frente a la pandemia en este contexto? Analistas coinciden en que, pese a los problemas de comunicación y al vaivén de sus decisiones, hace lo que puede. El problema es que las acciones están a medias, lo que podría provocar un repunte de los casos en las próximas semanas.

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Tres elementos complicaron aún más la emergencia por el COVID19 en Guatemala: Un sistema económico que genera profundos índices de desigualdad, una institucionalidad pública precaria y un Presidente que, junto con su equipo, apenas cumplió los primeros cien días de Gobierno.

Según Alejandro Giammattei, Guatemala le está ganando la partida al COVID19. En la cadena del pasado 3 de mayo dijo que mientras el país no supere los 125 casos por cada millón de habitantes, podrán reanudar las actividades no esenciales. En los últimos mensajes, a cargo de Hugo Monroy, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, la idea fue repetida.

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El 2 de mayo, cuando habían 688 casos confirmados, el presidente dijo que Guatemala reportaba 37 por cada millón de personas, mientras que en México son 170 y en Panamá 1,700. «Estamos en la cifra más baja de los países centroamericanos sobre los cuales hay confiabilidad de los datos», aseguró el presidente.

Hasta hoy, con los 967 casos confirmados reportados hasta el 9 de mayo, la tasa es de 59 por cada millón de habitantes.

El virus es altamente contagioso. Para el cierre de esta nota la tasa de transmisión en Guatemala es de 1.47, en condiciones normales (sin distanciamiento social ni medida alguna), la tasa del COVID19 es de entre 2 y 3, es decir, cada paciente infecta a 2 o 3 personas más. Este indicador es mayor que el que registran actualmente países como Italia (0.9) o España (0.7).

Acierto: Distanciamiento temprano

Para la analista Karin Slowing, médica y experta en desarrollo social, el principal acierto de Giammattei para prevenir la propagación del virus, y que podría ser la causa de estos índices relativamente bajos, fue arrancar temprano con las medidas de distanciamiento social que, a nivel mundial, demostraron ser más efectivas para contener o ralentizar la transmisión del virus.

«Son las medidas más agresivas en términos económicos, pero con mejores resultado», aseguró Slowing.

La doctora Nancy Sandoval, presidenta a la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), puntualizó que «las medidas de distanciamiento físico siguen siendo la mejor opción para reducir la transmisión, frenar la propagación del SARS-CoV-2 (este es el nombre del virus que provoca la enfermedad COVID19) en las comunidades y evitar que los hospitales se vean desbordados ante el incremento de casos a la vez que extiende inmunidad entre la población».

Guatemala empezó a implementar medidas antes de anunciar oficialmente el primer caso en el país. El 31 de enero, luego de que la OMS declarara la alerta internacional por el COVID19, Giammattei prohibió la entrada a Guatemala de personas procedentes de China. El 12 de marzo se ampliaron las medidas. Ese día se vedó el ingreso de quienes venían desde Europa, Irán y Corea del Sur. Luego, se cerraron por completo las fronteras.

Desacierto: Manejo de deportados

Por el contrario, uno de los más grandes desaciertos fue el manejo de la población deportada. Aunque el gobierno fijó protocolos para manejar a los migrantes retornados desde Estados Unidos, al inicio «no tomaron las mismas precauciones. No los consideraron en la misma categoría de viajeros internacionales y estuvieron invisibles durante varias semanas hasta la suspensión de vuelo los vuelos, pero que ahora fueron reanudados otra vez», afirmó Slowing.

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De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, los migrantes deportados que estuvieron en algún centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, deben traer consigo un certificado médico que indica que se les realizó una prueba de COVID19.

Al ingresar al país desde Estados Unidos deben permanecer en observación para verificar que no desarrollen síntomas. Autoridades del Ministerio de Salud informaron que se les toma la temperatura y se les hace una entrevista para saber si tuvieron contacto con alguna persona portadora del virus.

Acierto: Aprobación de estado de calamidad

Para asegurar la instalación y abastecimiento de los hospitales y del equipo médico para la atención del COVID19, y para implementar las medidas de restricción de la movilidad, el Gobierno declaró el estado de calamidad pública desde el 5 de marzo. Esta medida fue ratificada por el Congreso de la República.

«Adelantarse y declarar Estado de calamidad una semana antes de la aparición del primer caso fue un acierto del Gobierno», asegura Lucrecia Hernández Mack, diputada por Semilla. «Teníamos dudas de apoyar la iniciativa porque este tipo de excepciones siempre sirven para hacer piñata con los fondos del Ministerio de Salud, pero ante el avance del virus decidimos que la medida era necesaria».

Con el estado de calamidad pública el gobierno tuvo el instrumento legal para imponer las medidas de distanciamiento. Una de ellas, luego de la aparición del primer caso, fue el toque de queda, primero de 16:00 a 4:00 horas del día siguiente y luego desde las 18:00 horas.

«Las medidas de contención y restricción de movilidad empezaron tempranamente y esa es la mayor fortaleza de lo que han hecho, permitió posponer la entrada del virus y el ascenso de la curva epidémica», afirmó Karin Slowing.

Además, asegura que fue crucial que el gobierno haya paralizado el transporte público y también prohibido actividades masivas, como las procesiones de Semana Santa. «Está demostrado que los países que adoptaron estas medidas tempranas han tenido buenos resultados», afirmó.

Este criterio lo comparte la diputada de Semilla, Lucrecia Hernández Mack: «Tomar las medidas de aislamiento, distanciamiento social y cuarentena muy rápidamente, como el cierre de escuelas, del transporte público y de los centros comerciales, así como la cuarentena para personas que vinieron del extranjero ayudó a no tener el pico tan acelerado como ocurrió en otros países».

Y es que, ante la ausencia de una vacuna, la única posibilidad efectiva para la contención de la enfermedad son las medidas de distanciamiento social, confinamiento en casa y algunas acciones de higiene como el lavado constante de las manos y el uso de mascarillas.

Desacierto: Incumplimiento de restricciones y falta de pruebas

Pero las restricciones no están cumpliéndolas a cabalidad. Este es el criterio de Slowing. «Las medidas son buenas pero la aplicación de todas ha sido parcial, tanto en el alcance poblacional como el refuerzo que el Estado ha hecho para que se cumplan. Lo que han hecho son medidas policiales, cuando lo que hay que reducir son los focos de contagio», afirmó.

Otro elemento que se suma es la resistencia de las autoridades para hacer pruebas de manera masiva, aplicándolas incluso a personas que pudieran portar el virus, pero sin presentar síntomas. No hacerlo levanta sospechas sobre la verdadera magnitud de la enfermedad en el país.

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Desde que el Gobierno empezó a informar sobre el número de pruebas realizadas, el número oscila alrededor de las 500 diarias. «A esto se suma la resistencia del Gobierno a descentralizar los diagnósticos para identificar brotes de manera inmediata, lo cual es gravísimo», aseguró la analista. «Podríamos tener una buena cantidad de casos asintomáticos sin detectar, lo que propagaría la enfermedad afectando a la población más vulnerable», agregó.

La AGEI insiste en la necesidad de aplicar más pruebas. «Para tener una visión más clara de qué sucede con los contagios en Guatemala tenemos que hacer más pruebas. Los expertos en este campo proponen para el país desde unas 3,000 hasta 5,000 pruebas por 100.000 habitantes. Hay que recordar que si no sabemos quién está infectado no podemos cortar las cadenas de transmisión», aseguró la presidenta de esta Asociación, la doctora Sandoval.

Acierto: Dinero suficiente

Una de las principales preocupaciones ante el avance del COVID19 es el posible desbordamiento de los sistemas de salud pública, ante la necesidad de los pacientes de requerir cuidados intensivos. De hecho, uno de los objetivos del distanciamiento social es ralentizar la curva de contagio para que existan espacios suficientes en los hospitales para los pacientes en situación más crítica.

El sistema de salud de Guatemala está en situación de abandono y precariedad, por lo que es necesario no solo instalar hospitales específicos sino mejorar, de manera general, toda la institucionalidad pública. Según datos de organismos internacionales, Guatemala cuenta con menos de una cama por cada mil habitantes.

Uno de los objetivos del estado de calamidad pública es agilizar los procesos para abastecer de insumos a los hospitales y al personal médico que atenderá la pandemia.

Esto «permitió buscar fuentes de financiamiento y darle recursos al Ejecutivo. Se aprobaron préstamos a entidades financieras internacionales, la emisión de bonos del Tesoro y, por primera vez, se permitió que el Banco de Guatemala le prestara dinero al Gobierno», afirmó la diputada Hernández Mack. «Lo que necesitamos es que nadie se queje de que no haya recursos suficientes».

Desde el inicio de la emergencia el Gobierno anunció el acondicionamiento del Hospital de Villa Nueva para los pacientes con COVID19. Fue el lugar en donde se atendieron los primeros casos. También se habilitaron otros hospitales temporales, como el del Parque de la Industria y el de Quetzaltenango.

Desacierto: sin capacidad de ejecutar

Para Slowing el Gobierno no ha preparado el Sistema de Salud, a pesar de que tuvieron dos meses y medio desde la declaratoria de la epidemia y un mes desde el primer caso. Si bien el colapso del sistema es algo heredado, «la red de hospitales no fue fortalecida, hace falta equipo especial para el personal de salud. Esto aumenta la posibilidad de infección de quienes atienden a los pacientes», afirma la analista.

La capacidad del Ministerio de Salud para ejecutar el presupuesto asignado para atender la emergencia es muy baja. Según el portal del Ministerio de Finanzas, al 5 de mayo apenas se llevaba el 0.52%.

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«Tienen el dinero y no han podido ejecutar y eso da mucha cólera. Están sentados sobre un baúl con oro y no han podido hacer nada», afirmó la diputada Lucrecia Hernández Mack. «Una de las lecciones del paso por la administración pública es que se pueden tener las mejores ideas, planes y políticas, pero con las instituciones tan débiles, en donde la gente entra por cuello y no por capacidad, las escasas competencias técnicas y administrativas no son suficientes para hacer funcionar las cosas», dijo.

Esta situación pone en peligro no solo la atención de las personas que requieran de cuidados hospitalarios y, sobre todo, de cuidados intensivos, sino también del personal médico designado para la atención.

Ante las críticas por su desempeño, el Ministerio de Salud publicó este fin de semana un comunicado de prensa, en donde asegura que «hace su mejor esfuerzo para para ejecutar el presupuesto con criterios de calidad del gasto, eficiencia, eficacia y sobre todo transparencia».

Acierto: Buen paquete de programas sociales

La emergencia golpea muy fuerte a la economía. Una de las primeras acciones del Gobierno fue cerrar los espacios laborales públicos y privados, centros comerciales y restaurante. Según las disposiciones en papel, solo puede operar la industria y empresas de actividades esenciales: producción y comercio de alimentos, medicinas y productos de higiene.

Al inicio de la emergencia, el Gobierno se enfocó en planes para la recuperación económica, pero sin atender el impacto inmediato de la suspensión de labores. La ampliación presupuestaria que solicitó al Congreso el 18 de marzo estaba dirigida principalmente a la construcción de obra gris.

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Los analistas consultados aseguran que fue un acierto promover un plan de recuperación económica dirigido a la población más vulnerable, con la inclusión de programas sociales. Esta ampliación de 11,000 millones de quetzales contempla, entre otros, las transferencias para hogares en situación de pobreza y para trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos, así como préstamos para las pequeñas y medianas empresas.

Desacierto: Programas tarde y cortos

Las medidas arrancaron tarde. A pesar de que fueron aprobadas desde el 3 de abril, fue hasta la primera semana de mayo que empezaron a implementarlas. Por ejemplo, el bono familiar, que consiste en un aporte de 1,000 por tres meses, apenas inició el proyecto piloto el 9 de mayo. El Ministerio de Desarrollo estima que el programa arrancará oficialmente dos semanas después.

Según Erick Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, la ejecución de los programas sociales va con retraso. «Apenas están definiendo los mecanismos», afirma. «Si bien se tardó el traspaso de los fondos por parte del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo tuvo tiempo para prepararse de mejor manera. La población sigue reportando que todavía no recibe el beneficio, y a finales de abril muchas personas dejaron de recibir su salario», afirmó. 

«Los programas de apoyo no han llegado a la población meta. El objetivo es que acompañara a las medidas sanitarias de cuarentena para que, si la gente perdía su empleo, tuviera los recursos para subsistir», aseguró la diputada Hernández Mack. Para ella, si bien las medidas de distanciamiento social han sido laxas por la presión del sector empresarial, «no se puede ignorar que hay personas que dejaron de recibir ingresos y no tienen el dinero para el sustento».

Por su parte, Karin Slowing, lamentó que las medidas económicas y los programas sociales frente al COVID19 «son todavía un deseo más que una realidad».

Y acá también entra el tema laboral. Desde el inicio de la emergencia el Gobierno no fue claro sobre los mecanismos para suspender los contratos laborales. De hecho, las disposiciones presidenciales solo manifiestan una exhortación para que empleadores y trabajadores lleguen a un acuerdo.

Esta situación, según René Girón, abogado laboralista, evidencia que el Gobierno atendió en primer lugar los intereses del sector empresarial y no el de las y los trabajadores. El experto considera que es un acierto exigir a las empresas el cumplimiento de las obligaciones patronales para otorgar a sus trabajadores el bono de asistencia ante la suspensión de los contratos.

Sin embargo, esto implica que pocas empresas cumplen con todo, como el Informe Patronal que deben entregar a la Inspección General de Trabajo y que detalla las características de la planilla, así como el pago de las cuotas del IGSS. «Hay demasiados filtros para que se autoricen las suspensiones de trabajo y otorguen el bono», asegura Girón. «Quizá el Gobierno se está dando cuenta que la cantidad de trabajadores con la necesidad de la ayuda excede la capacidad del fondo de protección del empleo», dijo.

Desacierto: Comunicación errático y una visión policial para contener el virus

El Gobierno implementó cordones sanitarios en varios municipios luego de la aparición de casos comunitarios. El primero de ellos se impuso en Patzún, Chimaltenango. Las medidas de aislamiento de todo el municipio, que duraron un mes y terminaron el pasado 6 de abril, dejó muchas dudas entre la población.

Sandra Xinico, columnista de prensa y vecina de Paztún, asegura que las autoridades gubernamentales no presentaron propuestas ni alternativas para proteger a la población. «No hubo programas de ningún tipo de apoyo», afirma. Además, asegura que hay denuncias de que las cajas de víveres que repartió el Ejecutivo llegaron solo a personas allegadas al alcalde y al partido oficial. «No hubo un trabajo de la municipalidad para averiguar qué personas necesitaban ayuda», puntualizó.

De hecho, en el lugar fueron los propios comunitarios quienes brindaron apoyo a las personas que lo necesitaron. La población llevó víveres a las familias en cuarentena. Las banderas blancas indicaban las casas que necesitaban comida y banderas rojas o de otros colores, las que pedían medicamentos.

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«Ahora hay un prejuicio en contra de la gente de Patzún y por ello, muchos se quedaron sin trabajo», afirmó Xinico. Agregó que otra de las consecuencias de las acciones del Gobierno y el cerco en Patzún fue que no se desplegó una estrategia de comunicación adecuada a la cultura del pueblo kakchiquel, para brindar información sobre el comportamiento del virus y de cómo prevenir el contagio.

Esta situación tiene que ver con el enfoque del Gobierno para imponer y tratar los cercos sanitarios. Según Karin Slowing, revela la visión militar y policial para controlar los brotes, cuando en realidad se trata de una emergencia sanitaria. «El enfoque represivo no es sano. Se piensa en el castigo de los pacientes o solo en su curación, pero no se da importancia a las medidas de prevención», dijo.

A ello se suma el manejo de los datos y de la información sobre el comportamiento del COVID19 en el país, otro de los desaciertos del Gobierno.

«Como no estamos viendo los muertos en la calle, no hay una comprensión del problema. No ha habido una campaña de comunicación y de educación masiva», afirmó la diputada Hernández Mack.

Giammattei aseguró que «vamos a lograr ir perfilando ya casos y eventos importantes que deberán suceder en las próximas semanas para ir abriendo el país, de una manera ordenada, pausada y de acuerdo a (sic) los resultados que se están teniendo», dijo Giammattei.

Sin embargo, frente a la poca cantidad de pruebas realizadas, el peligro de un subregistro, sobre todo de casos asintomáticos, es grande.

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