Micivi otorga contrato a financista de Giammattei que evidenció «Testigo A»
Micivi otorga contrato a financista de Giammattei que evidenció «Testigo A»
Covial adjudicó un contrato a William Romero, cuya empresa fue mencionada por un testigo de haber participado en una conspiración para aportar 2.9 millones de dólares a la campaña electoral de Alejandro Giammattei en 2019. Además, recibió 98 millones de quetzales cuando su primo fue Director General de Caminos en 2020.
El 9 de mayo pasado la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) adjudicó un contrato de 12.8 millones de quetzales a la Constructora Romero, propiedad de William Haroldo Romero Chojolán.
La adjudicación se realizó cuando Jazmín de la Vega, aún estaba a cargo del Ministerio de Comunicaciones. El nuevo ministro, Félix Alvarado, la avaló al aprobar lo actuado por la Junta de Calificación del concurso según consta en la resolución No. SADS-282-2024 de fecha 23 de mayo.
Lo que la Junta Calificadora y los ministros de la Vega y Alvarado no tomaron en consideración fueron los antecedentes de la Constructora Romero, cuyo nombre ha sido mencionado en dos casos importantes de corrupción.
El primero, cuando el «Testigo A» —identificado posteriormente como el hijo del expresidenciable Manuel Baldizón— lo mencionó como parte de un esquema de empresas que aportó dinero para que Alejandro Giammattei no cambiara al Ministro de Comunicaciones nombrado por Jimmy Morales. La segunda, por los 98 millones de quetzales obtenidos cuando la Dirección General de Caminos era encabezada por su primo hermano, Fredy Chojolán.
La adjudicación hecha en el actual gobierno es para dar mantenimiento a los tramos San Antonio Las Flores-Chinautla; El Carrizal, San Raymundo-Aldea Vuelta Grande, Chuarrancho, Guatemala; San Juan Sacatepéquez-Pachau; San Pedro Sacatepéquez-San Juan Sacatepéquez; y Montúfar-KM 52 hacia Pachalum, todos ubicados dentro del departamento de Guatemala.
La declaración del Testigo A
El diario digital salvadoreño elFaro reveló la existencia de un testimonio que relató cómo, en 2019, un grupo de constructores guatemaltecos creó un esquema para entregar 2.6 millones de dólares durante la campaña presidencial de Alejandro Giammattei. El objetivo era que el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, continuara en el cargo y así pudiera continuar operando la estructura de adjudicación de obras públicas de la administración de Jimmy Morales.
El testimonio que delata la estructura fue grabado en mayo de 2021 ante la entonces jueza Ericka Aifán. Era un anticipo de prueba presentado por quien posteriormente se confirmó era Jorge Baldizon Vargas, hijo del ex candidato presidencial Manuel Baldizón.
El audio involucra a la Constructora J.J.R.M., que según una investigación publicada por elPeriódico, es controlada por William Haroldo Romero Chojolán. Aunque su nombre no aparece en los registros públicos, los vínculos directos son varios.
El primero es el nombre, que corresponde a las iniciales de los nombres y apellidos de sus dos hijos. Por otra parte, según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) las cuotas patronales de Carolina Izabel Meléndez Flores fueron pagadas por William Haroldo Romero Chojolán de marzo de 2015 a julio de 2017 y desde entonces por Construcciones y Servicios Romero, S.A., también parte de su conglomerado.
«Es una práctica que se da mucho en los constructores» —aseguró el testigo identificado como «A» cuando explicaba cómo operaba la estructura— «rentan las empresas a un empresario que tiene más control político en ese momento».
«Es el caso de J.J.R.M…. hacia SCM (propiedad de) Alejandro Matheu, operan bajo un porcentaje sobre el proyecto o bajo un pago parcial sobre el proyecto (...) para que ellos puedan usar sus empresas para estas adjudicaciones y, obviamente, construcciones». Según el testimonio, el empresario con más control político era Matheu por su cercanía a Jimmy Morales, y quien le alquilaba la empresa era Romero Chojolán.
El testigo «A» también aseguró haber presenciado el momento de la negociación en el que Giammattei concretó, vía telefónica con José Luis Benito, recibir un aporte de 2.6 millones de dólares provenientes de sobornos de las constructoras para la campaña de VAMOS a cambio de quedarse en el cargo de Ministro de Comunicaciones.
Ante los cuestionamientos de elFaro, Romero Chojolán negó las acusaciones.
Beneficiado con millonarios contratos por su primo
El segundo caso inicia con un nombramiento hecho por el expresidente Giammattei, y una denuncia puesta por una comisión creada por el mismo mandatario.
El 27 de enero de 2020 Giammattei nombró a Fredy Chojolán Duarte —primo hermano de William Haroldo Romero Chojolán—, como jefe de la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones.
Antes de esa fecha William Haroldo y su hermano Marcos Vinicio Romero Chojolán eran dos constructores emergentes que, a través de empleados y familiares controlaban más de 40 pequeñas constructoras que trabajaban con Covial. Hasta entonces no habían tenido acceso a obtener contratos de mayor cuantía con la Dirección General de Caminos.
Bajo la gestión de Fredy Chojolán, la Dirección General de Caminos adjudicó dos contratos a Constructora J.J.R.M. que sumaron 87.9 millones de quetzales. Adicionalmente la empresa obtuvo otros 23.4 millones de parte la Unidad de Conservación Vial (Covial)
Así, dos unidades del Ministerio de Comunicaciones otorgaron cuatro contratos que sumaban 111.4 millones de quetzales.
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El 29 de octubre de 2020 Fredy Chojolán fue destituido luego de declarar durante una citación con diputados del Congreso que ignoraba el destino de una transferencia presupuestaria de 135 millones de quetzales, y que alguien pudo haber falsificado su firma en la documentación durante el periodo que estuvo enfermo de COVID.
El entonces Ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, dijo a la prensa que la transferencia se había usado para pagar diferentes proyectos de reposición de carreteras, y que ordenó la destitución de Chojolán por haber «empañado la labor del Ministerio de Comunicaciones en pro de la transparencia».
El 25 de noviembre de 2020, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción de Giammattei, dirigida por Óscar Dávila, presentó una denuncia penal en contra de Fredy Chojolán por haber adjudicado contratos a varias empresas de sus familiares.
«En los meses de julio y agosto del presente año (2020), favoreció a las empresas relacionadas con sus primos Haroldo Romero Chojolán y Héctor Leonel Romero Chojolán, accionistas y/o socios fundadores de las entidades Constructora J.J.R.M., Sociedad Anónima, Construcciones y Servicios Romero, S. A; Construcción y Supervisión de Proyectos CSPROYET; y, Constructora Romero; así como a su prima Ericka Marlene Tahuite Chojolán, vinculada con la empresa Servicios y Construcciones Mega, S. A.; con adjudicación de ofertas (contratos de obra) que en total suman ciento cuarenta y seis millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve quetzales con diez centavos (Q146,384,249.10)», se lee en el documento presentado al Ministerio Público.
Tras la denuncia, tanto William Haroldo Romero Chojolan como Constructora J.J.R.M., S. A. y Construcciones y Servicios Romero, S.A., dejaron de recibir contratos con el Ministerio de Comunicaciones, hasta ahora.
Preocupación en el Micivi
Plaza Pública consultó al ministro Félix Alvarado sobre la resolución que firmó y que avala el contrato a favor de la Constructora Romero. En principio el funcionario dijo no tener información sobre dicho caso en específico.
«Me preocupa que el Ministerio de Comunicaciones sea una caja que paga ingresos a personas que están asociadas con ilícitos. Me preocupa que el CIV pague a personas que puedan estar involucradas con desestabilizar la democracia guatemalteca», expresó.
Alvarado agregó que desde que asumió ha encontrado «una cantidad grande de contratos que tienen defectos… Por algo le estoy llamando a esto una cartera tóxica, porque hay defectos en todo y a todo nivel», indicó.
El funcionario también señaló que «a medida que vayamos desarrollando los sistemas de información y mejorando los sistemas de control y sobre todo abriendo, ampliando y saneando el mercado de contratistas este asunto dejará de ser un problema, pero no te lo puedo garantizar en este momento».
Por su parte, Santiago Palomo, jefe de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), dijo a través de su equipo de comunicación que en su oficina «se preparan las modificaciones necesarias para conocer los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado».
El comisionado agregó que de acuerdo con el artículo 13 del Acuerdo Gubernativo 31-2024 «será la PGN la entidad que accionará en el seguimiento a la denuncia ante alguna desestimación del MP».
Se consultó al respecto a Julio Saavedra, jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) e indicó que «la PGN representa al Estado en el ejercicio de la acción reparadora en aquellos casos penales en los que corresponda. Los casos planteados por la antigua Comisión Presidencial contra la Corrupción en los que PGN sí figura ejerciendo dicha acción, se les da seguimiento».
Sin embargo, señaló que en la denuncia específica en contra de Fredy Chojolán y sus familiares la PGN no figura como sujeto procesal. «Estaremos verificando el estado actual del expediente y se actuará en función de lo que proceda legalmente», puntualizó Saavedra.
También se solicitó al Ministerio Público (MP) información sobre el avance de la denuncia en contra de Fredy Chojolán Duarte, sin embargo, Juan Luis Pantaleón, jefe de información y prensa de dicha entidad, no respondió a las llamadas realizadas ni a los mensajes enviados a tu teléfono celular.
Lo único que se conoce extraoficialmente es que la denuncia en contra de Fredy Chojolán y sus familiares se registró con el número MP001-2020-43824, que posteriormente fue conectada con el expediente MP001-2020-45571, y que se encuentra con estatus de investigación.
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