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Caravana: 8 claves para una brutal acogida en la tercera frontera sur

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Caravana: 8 claves para una brutal acogida en la tercera frontera sur

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A medio día del lunes el paso en el kilómetro 177, en Vado Hondo, Chiquimula, quedó libre. Fue, durante el fin de semana, el punto de espera y final de la caravana de migrantes hondureños que avanzaba hacia Estados Unidos. El fin de semana recibieron garrotazos y gas lacrimógeno de la Policía Nacional Civil y del Ejército para despejar la vía. El lunes, ante la amenaza de más violencia, se dispersaron entre los caminos de la aldea. Según expertos, es la máxima expresión del enfoque de seguridad y no de derechos humanos de Alejandro Giammattei para atender esta emergencia humanitaria.

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1. ¿Cuántos eran en la caravana?

Fueron miles, esa es la única coincidencia entre las cifras que bailaron en instituciones, medios y fuentes. El Instituto Guatemalteco de Migración calculó unas 4,000 personas, la mitad que las que se estimaron hace dos años. El País, de España, las elevó a 9,000. 

Los rumores de una nueva caravana de migrantes empezaron la semana pasada. Se reunieron el viernes 14 de enero en San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades migratorias estimaban 1,400 personas. «Hay muchos menores», informaron. El 15 ingresaron a Guatemala y, por primera vez, en Florido, Chiquimula, la frontera más cercana a Copán. Ese día se reportaron las primeras personas retornadas «en coordinación con el Ejército». Los datos variaban: 40, 227, 600…

Sin embargo, miles lograron ingresar. Y avanzaron. Hasta el kilómetro 177, en Vado Hondo, Chiquimula, donde se toparon con el Ejército y la PNC, que les impidió el paso.

Son hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de Honduras. Atrás dejan la violencia, las amenazas de las extorsiones, la pobreza, el impacto económico de la pandemia por COVID19 y la destrucción de las tormentas del año pasado. La espectacularidad de la travesía, la magnitud del grupo, y el desafío probablemente involuntario (casi una forma de desobediencia civil, como lo catalogó Alberto Pradilla en su libro sobre la caravana de 2018), representan casi un agravio público para las autoridades nacionales, sobre todo las estadounidenses.

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2. ¿Por qué otra caravana ahora?

Eta e Iota se sumaron al desastre del país centroamericano. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las dos tormentas afectaron a 4 millones de personas y dejaron a 2.5 millones en necesidad. Las pérdidas fueron de USD$1.879 millones. «Han sido devastadores, tanto en términos sociales como en términos económicos», dice el informe. La pandemia también ha tenido un impacto muy destructivo.

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar (URL), afirmó que la situación de Honduras es crítica. «Hay pobreza y un impacto muy fuerte por la pandemia de COVID19. Su economía se fundamenta en la informalidad. Quienes migran no son criminales, sino personas con necesidad».

3. ¿Una caravana más lenta?

Esta caravana, que llegó hasta Vado Hondo, se esperaba más lenta que las anteriores. Según se pudo constatar en su trayecto inicial por Guatemala, los migrantes recibieron menos ayuda de pilotos de camiones y otros vehículos que en ocasiones anteriores. El miedo al COVID19 y la presencia más intimidante de las fuerzas armadas cohibieron a los pilotos.

4. ¿Cómo les recibió el Gobierno?

En Guatemala sí fueron tratados como delincuentes. «El presidente Alejandro Giammattei tomó la medida más drástica y extrema de la visión de seguridad de los países de tránsito y destino porque utilizó al Ejército» para detener a la caravana, dijo Pedro Pablo Solares, abogado especialista en migración. 

Esta visión, según el experto, es contraria a la de derechos humanos, que también contempla la seguridad, pero como un elemento más. «El Gobierno le dio un tinte muy personal a un problema que requiere de un tratamiento humanitario. Fue brutal», dijo Solares. «A los migrantes se les calificó como un ataque a la soberanía nacional», agregó.

La primera acción de Giammattei frente a la caravana fue imponer un estado de prevención en siete departamentos fronterizos o cercanos a Honduras. Además, en un comunicado de prensa del 16 de enero el Gobierno dijo que lamentaba «la transgresión a la soberanía nacional», refiriéndose a los migrantes que ingresaron al país un día antes. Afirmó que ponían en riesgo de contagio por COVID19 a las personas de las comunidades por donde transitaban.

«El uso de la fuerza como acción prioritaria desde la implementación del estado de prevención denota una incapacidad de las autoridades para abordar el problema desde una visión humanitaria», dijo Eduardo Wolke, defensor de las personas migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Julia González, directora de la Mesa Nacional del Migrante (Menamig), valoró las declaraciones del Gobierno como un llamado «de rechazo al otro». «Incentivan la xenofobia», dijo.

Según Wolke, el Gobierno también intentó criminalizar el apoyo de la población hacia los migrantes. «No responden como Estado, solo les dejan opción de regresar o de morirse de hambre aquí o en su país», agregó.

5. ¿Y Estados Unidos?

El subsecretario de Estado para Latinoamérica apoyó con varios tuits el envío de tropas contra los migrantes por parte del Gobierno de Guatemala, y su actuación violenta. Reconvino a Honduras por no mejorar la seguridad de sus fronteras, y aplaudió las espectaculares medidas de Guatemala y México, que catalogó como «esfuerzos legítimos» para asegurar sus fronteras, salvaguardar la salud, y propiciar una migración segura, ordenada y legal. Michael Kozak solo se manifestó, crípticamente, contra la elección del cuestionado juez Mynor Moto como representante del Colegio de abogados en la Corte de Constitucionalidad después de estos eventos.

Durante su campaña, el presidente Joe Biden presentó un plan para fortalecer la seguridad y la prosperidad en Centroamérica. En él, señala que «Trump ha insultado y hostigado a nuestros vecinos más cercanos, a los inmigrantes y a la gente de nuestros países aliados en toda la región». Califica de draconianas las políticas de su antecesor y las responsabiliza de la crisis humanitaria que implica la migración de esta manera.

«Joe Biden sabe que la forma más efectiva y sostenible de reducir la migración desde el Triángulo Norte es abordar de manera integral sus causas fundamentales, los factores que impulsan a las personas a abandonar sus países», dice el documento.

Para ello, propuso una inversión de US$4,000 millones y una estrategia para impulsar la inversión privada en la región, mejorar la seguridad y la correcta aplicación de las leyes, luchar contra la corrupción, reducir la pobreza y priorizar el desarrollo económico. 

Biden era vicepresidente de Estados Unidos cuando se formuló el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que buscaba frenar la migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador. La inversión inicial fue de US$750 millones para fortalecer la capacidad productiva de los tres países y mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y la transparencia, es decir, luchar contra la corrupción. El Plan terminó en 2019 y parece que poco ha cambiado. 

Úrsula Roldán dijo que se debe revisar los errores del Plan. «No se trata solo de recursos, sino de retomar la política contra la corrupción en impunidad. Además, el financiamiento debe llegar de forma directa a las organizaciones en los territorios de donde salen los migrantes y no a través de el gran empresariado, porque son parte del problema», agregó.    

6. La frontera sur de Estados Unidos, más al sur

Desde el anuncio de esta caravana de migrantes, México, Guatemala, El Salvador y Honduras se prepararon para enfrentarla (no para recibirla). En una declaración conjunta se comprometieron a respetar los derechos humanos, pidieron no exponer a niños y niñas, coincidieron en disuadir a la población de no migrar y recomendaron a los migrantes respetar los controles migratorios y los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia. 

Pero las acciones de los gobiernos dicen otra cosa. México reforzó su frontera sur con militares y Guatemala respondió con fuerza. El gobierno hondureño pidió al guatemalteco investigar la represión contra la población migrante, y éste le respondió que no cumplió con los acuerdos alcanzados hace unos días, sobre todo de no contener la salida de las personas.

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Estas acciones, según Úrsula Roldán, de la URL, responden a una orientación del gobierno estadounidense. «Ahora Guatemala es la tercera frontera sur de Estados Unidos, la segunda es México», dijo. 

«Washington chantajeó a los gobiernos de México y Centroamérica para que colocaran fuerzas de seguridad en sus fronteras a controlar los flujos migratorios. Tanto demócratas como republicanos apoyaron el golpe de Estado en Honduras de 2009, cuando se agravó la crisis política y económica de ese país, y por ello son corresponsables de lo que vive la población migrante», agregó.

Julia González, de la Menamig, coincide: «Debemos entender que los migrantes no se quieren quedar en Guatemala, porque estamos igual que Honduras. Las acciones en contra de la caravana siguen la política antimigratoria de Estados Unidos. Su frontera sur ahora es Guatemala».

7. Sin política migratoria

El Código de Migración manda elaborar una política específica para atender a migrantes. La Autoridad Migratoria Nacional es la encargada de elaborar este instrumento. El vicepresidente Guillermo Castillo es quien la dirige. Consultamos a Vicepresidencia si tenía alguna postura sobre la caravana, la respuesta violenta del Gobierno y los avances en la política. «La Política Migratoria es una meta que el Vicepresidente ya está trabajando junto con la Cooperación Internacional, el Instituto Nacional de Migración y SEGEPLAN», nos contestaron.

 

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Pedro Pablo Solares, experto en migración, dijo que esto demuestra la falta de planificación del Estado guatemalteco. «La primera caravana fue hace dos años y en todo este tiempo no hemos visto que el país ni siquiera eche a andar a la Autoridad Migratoria para dar una respuesta». 

«El vicepresidente Castillo no ha podido o no ha desarrollado las capacidades para cumplir este mandato. Lejos de asumir la responsabilidad y en lugar de abordar el drama de manera institucional, el Gobierno pretende resolver el problema con represión y palos», agregó. Castillo mantiene una relación cercana con Estados Unidos, y ha mostrado fotos con sus representantes en momentos en que su relación con el presidente Giammattei ha estado particularmente tensa.

Las fuentes consultadas coinciden en que la respuesta a los migrantes debe respetar los derechos humanos y escuchar sus necesidades. «Se debe garantizar el derecho a migrar y la atención humanitaria», dijo González.

Esto consiste en permitir el libre tránsito, brindar seguridad, albergues y atención en salud. «Se deben elaborar perfiles de quiénes están migrando y cuáles son sus solicitudes. Este problema transciende a Honduras. Es necesario un diálogo entre los gobiernos de la región para atender las necesidades de la población».

Éstas se originan en problemas históricos y complejos. La pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios y la violencia empuja a la gente a salir de sus países. Pero aún cuando se resuelvan, la migración no dejará de existir.

«Para atender la migración no solo debemos pensar en las causas de expulsión sino también en las de atracción”, dijo Solares. «Se deben desarrollar condiciones de vida digna en los países centroamericanos, pero tener a la mayor economía del mundo a un par de fronteras de distancia, siempre será atractivo para los trabajadores de la zona», afirmó. Por ello, asegura, se deben crear mecanismos transnacionales para que haya flujos migratorios seguros. 

8. ¿Parlacen qué? ¿Parlacen cuál?

¿El Parlacen es la institución que debe impulsar este esfuerzo? La respuesta es no.

«Es una entidad que poco tiene que ver con acciones concretas. Es un organismo poco útil. Quizá si estuviéramos en un escenario de integración centroamericana. Es un gasto innecesario que solo sirve para recibir a personajes no idóneos», dijo Roldán.

Solares afirmó que «los habitantes de los países centroamericanos sabemos que el Parlacen no da respuesta a los problemas regionales. El esfuerzo debe encauzarse por medio de los gobiernos”. 

Mientras, la respuesta del Gobierno desde un enfoque de seguridad no solo pone en peligro a los migrantes hondureños de esta caravana, sino también a la población guatemalteca que se encuentre en la misma situación. «¿Cómo podríamos reclamar el respeto a los derechos de migrantes guatemaltecos en otros países si tratamos así a los hondureños? Es un abordaje imprudente y cortoplacista puede causar una tragedia humana ahora y en el futuro», concluyó Solares.

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