Esta semana está librándose en el Congreso de la República la batalla final por el presupuesto para 2017, en la cual los argumentos del debate han girado en torno a la capacidad de las autoridades actuales de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para alcanzar la meta de recaudación, reducir asignaciones de gasto público superfluo, imponer controles de transparencia y de combate a la corrupción y rescatar el sistema de salud pública.
En su dictamen favorable, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso aplicó los recortes siguientes: 1 409.7 millones de quetzales en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), ya que incluían asignaciones para pagos a empresas vinculadas al caso Cooptación del Estado, así como una operación con la entidad brasileña Odebrecht, la cual ya no opera en Guatemala (por lo que esa asignación técnicamente devendría inejecutable y se correría el riesgo de que fuera malversada); 200 millones de quetzales en el Ministerio de la Defensa Nacional, por considerarse no prioritario; 275 millones en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); 300 millones en el Ministerio de Desarrollo Social, por anomalías en su capacidad de ejecución; y 853 millones para el pago de deuda pública en 2017, los cuales quedarían como recursos de caja para amortizar préstamos externos.
Por otro lado, el dictamen de la CFPM incrementa las asignaciones para los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (Q78 millones), de Educación (Q75 millones), de Economía (Q25 millones, destinados al Instituto Nacional de Estadística) y de Gobernación (Q100 millones). Además, fortaleció las normas complementarias para la transparencia de la ejecución presupuestaria limitando severamente, en los artículos 28 y 29, algunos gastos con riesgo de resultar superfluos o blanco de la corrupción, como la propaganda gubernamental en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, alimentos, combustibles, boletos aéreos y viáticos.
El oficialista FCN-Nación de Jimmy Morales y la Juntita han salido al paso reclamando que los 200 millones para el Ejército sí son prioritarios, que sí necesitan los 300 millones para el MAGA y que quieren de vuelta los 500 millones malversables en el CIV. Además, quieren suprimir el candado del artículo 29, cuya aprobación perjudicaría severamente los intereses de Ángel González en términos de la contratación de pauta en los medios de comunicación bajo su control para la difusión de propaganda gubernamental. El oficialismo no está abogando por más gasto social prioritario.
Pero lo que debería ser un verdadero escándalo es que, a la par de estas demandas del oficialismo por más gasto cuestionable, el presidente Jimmy Morales les clava un puñal a la SAT, al esfuerzo de esta por levantar legítimamente la recaudación y a las empresas y personas honestas en su esfuerzo día a día por cumplir sus obligaciones tributarias. De 330 solicitudes de exoneración de multas e intereses tributarios, el presidente Jimmy Morales ha autorizado 216. ¿A quiénes? ¿Con qué criterio? ¿Por qué montos? Según la Secretaría General de la Presidencia, esa información es secreta y reservada.
¡Vaya! En el Congreso, los militares y los financistas de Jimmy Morales piden servirse con la cuchara grande. Y como premio, el mismo Morales otorga perdón por incumplir el pago de impuestos. ¿Sabe, estimado lector, qué significa eso? Que usted, yo y cualquiera que quiera ser honesto somos quienes pagaremos la cuenta de los militares y los amigos de quien ofreció no ser «ni corrupto ni ladrón». ¡Qué tal!
El presupuesto debe aprobarse tal como fue dictaminado. Y el presidente no debe otorgar ni una exoneración tributaria más. A nadie.
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