La poca o nula explicación sobre la salida de Oliverio García Rodas, que hace un par de semanas intentábamos entender, ahora va cobrando sentido. Y lo más lamentable, poco a poco aparece una historia más que espeluznante. García Rodas no se retiró de la contienda solo por cuestiones de tipo personal o familiar, como él argumentó. Salió principalmente por razones de seguridad personal.
Lo dijo claramente dos veces en la única entrevista que dio sobre el asunto. Nadie que sepamos le ha puesto atención a semejante afirmación, a pesar de que estamos en una época en que suponíamos que las cuestiones políticas ya no se dirimían con violencia. Pero resulta que el candidato a dirigir el Parlamento retira su candidatura precisamente porque estaba en juego su seguridad personal. Lo dijo más que claro y lo repitió claramente.
Peor aún, no se atrevió a acusar a nadie, pero ha resultado evidente que las amenazas no provinieron de la oposición, sino de los grupos políticos que supuestamente lo estaban postulando.
Sucede que García Rodas había hecho pública su disposición a continuar con la agenda reformista impulsada por Mario Taracena y la UNE. Y es esa agenda, entre otras cosas, la que está siendo puesta en cuestión por la mayoría parlamentaria jefeada desde la Casa Presidencial. No es que él estuviera de acuerdo en todos los aspectos de la reforma del sector justicia, pero para sobrevivir como político aceptaba que el Congreso tendría que ser el espacio de la discusión y el debate sin injerencias espurias. Pero además parece que Oliverio García se dio cuenta de que el rebaño que quería conducirlo a la silla presidencial no era precisamente de ovejas y que por detrás había un interés muy particular: regalar la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), darla por un plato de lentejas, pero del cual sus electores, los de las grandes bancadas, quieren llevarse una tajada sin que les importe que el país pierda un recurso indispensable.
El presidente está extrañamente interesado en acelerar el negocio, a todas luces contrario a los intereses del país. Sabemos cómo comenzó esa historia, y en este espacio desde 2012 hemos trasladado informaciones que permitían, desde entonces, saber que lo adecuado para el país no era hacer esa concesión onerosa. El momento es crucial y la cuestión importante para el futuro del país, por lo que no queda claro por qué la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación quieren acelerar la decisión. Que los nuevos propietarios quieran resolver pronto su negocio es problema de ellos, y no de la Presidencia ni del Congreso de la República, donde deben prevalecer los intereses del país, y no los de una corporación empresarial.
Curioso resulta, por decir lo mínimo, que de la noche a la mañana un número superior al centenar de diputados decidan no solo apoyar a Óscar Chinchilla, sino también apresurar la decisión para que el Estado reciba la limosna de 30 millones de dólares por dejar que TCQ se enriquezca por 25 años. El gato encerrado no parece serlo tanto, y es a partir de esto que resulta claro de dónde y por qué García Rodas consideraba que él mismo y su familia estaban en peligro. La aceptación de esos votos malditos parecía estar condicionada a regalar (o vender a precio de banano) bienes de la sociedad guatemalteca que pueden propiciar mejoras sustantivas y permanentes a las arcas públicas.
¿Por qué no pensar en un asocio público-privado en el que las ganancias se repartan en partes iguales, ya que las tierras son públicas? ¿Por qué insistir en mantener los términos desventajosos con los que la cuadrilla de Pérez Molina había realizado la concesión? Estas preguntas hay que respondérselas a los guatemaltecos con meridiana claridad, comportamiento que, ya lo sabemos, no es usual en el actual presidente y su séquito militar.
La elección tenía, pues, sus condiciones, y fueron estas las que aceptó Óscar Chinchilla en su visita a Casa Presidencial el 4 de noviembre. Chinchilla aceptó las condiciones ilegales e ilegítimas que no quiso aceptar García Rodas. De ahí que negara ese encuentro con el presidente. Chinchilla aceptó las amenazas que hicieron retroceder a García Rodas muy probablemente porque él ya era parte de ese entramado de negociaciones espurias e ilegales para lesionar a la sociedad guatemalteca concediendo bienes públicos.
Pero no asistió solo. Lo acompañó el derrotado candidato presidencial y dueño de su partido en lo que todo hace suponer un pacto político entre FCN y CREO para controlar los recursos que los actuales dueños de TCQ quieren dar por la concesión. Todos sabemos lo que fueron las juntas directivas del período patriota. La piñatización de los recursos del Congreso era la fachada detrás de la cual se escondían los negocios turbios de los diputados. Las secretarias obtenían jugosos extrasueldos porque guardaban secretos o, en el peor de los casos, pagaban diezmo a los jefes, como quedó demostrado con las denuncias contra Christian Boussinot.
Los votos que se compran en la calle se pagan en los baños del Congreso, me confesaron en distintas oportunidades más de un par de ahora exdiputados. «Y solo se les paga a aquellos cuyos votos cuentan», agregaban. De ahí que las bancadas crecían artificialmente porque el negociador, que no necesariamente era el jefe del bloque, podía ofrecer un grupo disciplinado de votos, atractivo por su número. Era por ello que los electos por partidos chicos luego saltaban a bancadas grandes: porque era en ellas donde se hacían los negocios. No era equivocada, por lo tanto, la afirmación del dipukid Giordano de que «había que estar con el equipo ganador».
Las bancadas chicas, pues, no son necesarias, por lo que no reciben sobres, sino apenas promesas de apoyos en el Legislativo y una que otra comisión.
Todo eso quiso cambiar la Junta directiva del Congreso, hasta ahora presidida por Mario Taracena. Todo ello quería seguir evitando García Rodas. Todo eso es lo que los más de 80 diputados quieren que siga sucediendo. Todo eso es lo que el presidente y el dueño de CREO quieren seguir promoviendo al poner como tema fundamental de discusión la aprobación del contrato con TCQ, inmediatamente después de la elección de la Junta Directiva del Congreso, todo sin mayores beneficios futuros para el país. ¿Lo permitirá la sociedad?
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