No obstante, su comportamiento como máxima autoridad hace recordar aquellos negros tiempos en los que tribunales secretos, sin rostro, pero sobre todo sin documentos y sin más reglas que la propia voluntad de los autoritarios, condenaron a muerte pública o a desaparición forzada a decenas de ciudadanos. No sufrió como adulto los tristes y largos años del oscurantismo autoritario, pero parece estar apasionado por reeditarlos en singular y desastrosa comedia.
El profesional del chiste y la risa que ahora se ocupa de las funciones máximas del Ejecutivo nacional ha actuado, de nuevo, contra la transparencia que el ejercicio de su cargo exige. En la oscuridad de los pasillos de la cómoda e inmensa casa que, pagada por los ciudadanos, hoy habita, decidió escoger a sus nominados a la Corte de Constitucionalidad (CC). Tal parece que sus asesores, embozados y sin dejar su identidad en las bitácoras, llegaron a indicarle los nombres y a decidir con él, o por él, los profesionales que ocuparán cargos de la más alta importancia para la vida política y económica del país.
No se estaba escogiendo al amo de llaves ni mucho menos a un empleado privado. Se seleccionaba a funcionarios que tendrán que responder, con absoluta independencia y con profundo dominio de la materia y teoría constitucional, a las cuestiones más cruciales de la vida nacional. Los miembros de la CC no representan a quienes los nombran. Son seleccionados con base en calidades y capacidades, por lo que no tienen que tener la más mínima atadura con el ente nominador o con sus tradicionales empleadores. El escrutinio público, en consecuencia, es indispensable, de manera que los escogidos sean los mejores y los más independientes.
Pero el actual presidente ha optado en este, como en los demás casos de selección de funcionarios, por jugar al escondedero, por pronunciar sus decisiones al comienzo de la noche, como si empezara el espectáculo para adultos o estuviéramos a punto de entrar en el toque de queda. Tal parece que, educado cuando eso era lo común, no se ha acostumbrado a la luz del día, a la transparencia, y se mantiene embelesado en prácticas nocturnas y secretas.
Acostumbrado en su profesión a soltar chistes burlones del ciudadano común y popular, en el ejercicio de la alta magistratura parece no estimar el derecho de los ciudadanos a conocer las razones y los motivos de lo actuado. No estamos ya en la época en la que supuestos y desconocidos jueces condenaron a inocentes a morir solo porque era necesario infundir terror y espanto en la población. Y él y sus oscuros asesores tienen que entenderlo, pues al jugar con fuego se pueden quemar más que las manos.
Y si cualquier nombre, pronunciado de esa forma, habría sufrido la crítica por el procedimiento autoritario y clandestino asumido, levanta más crítica que la seleccionada como titular sea una profesional que por actuaciones dudosas se vio sujeta a pedido de antejuicio. No fue absuelta de las supuestas faltas a la ética profesional, sino simplemente suspendido el pedido de antejuicio por una Corte Suprema de Justicia que en su momento no era para nada portadora de mayor prestigio. Cierto: cuenta en su haber la protección ilegítima, aunque legal, de Ríos Montt, creador precisamente de los Tribunales de Fuero Especial. Y tal parece que ese ha sido el mérito que quienes toman las decisiones del presidente consideraron definitivo.
El magistrado suplente cuenta, por su parte, con un largo historial al servicio de las grandes empresas azucareras, a favor de las cuales continuará litigando porque legalmente nada se lo impide. Estará, pues, atado a ellos y a sus intereses, lo cual limitará en mucho su independencia de criterio. Todo esto lo sabe el ahora presidente. Y es de suponer que más por ello que contra ello es que optó por nombrarlo.
Oscuros militares y azucareros conservadores han impuesto a sus peones y operadores y han afectado así, de manera profunda, la legitimidad y la eficiencia de una institución que, para tener esas cualidades, exige la absoluta idoneidad e independencia de sus integrantes.
Y si Jimmy Morales, con su terca secretividad y marcada dependencia de esos sectores, ha puesto al país en una ruta crítica y complicada, más difícil ha puesto el escenario el irresponsable proceder del Consejo Superior Universitario (CSU), donde al margen de toda honestidad y probidad se prefirió hacer caso omiso de una grave denuncia de plagio y escoger al amigo y compadre de muchas y variadas elecciones. Como hicieron los que deciden por el presidente, los miembros del alguna vez honorable CSU no optaron por la honestidad a toda prueba, pues en la academia, más que en otros espacios, el plagio intelectual es la peor y la más nefasta de las prácticas. El ahora electo bien podría haber demostrado transparentemente lo falso de la acusación. Sin embargo, el CSU, al obviar profundizar en tal acusación, optó por la salida más cómoda, que por oscura y dudosa pone en riesgo no solo la legitimidad del electo, sino también la honestidad de su comportamiento durante largos cinco años de gestión.
El presidente de la república y el CSU han olvidado que no solo les daban a sus amigos y colaboradores un jugoso sueldo, sino también que en esa corte se discutirán las cuestiones más importantes y trascendentales de la vida pública guatemalteca.
Dejando de ser cuidadosos y responsables, han lanzado al país al camino que aquellos inventores de los Tribunales de Fuero Especial quisieron imponernos. Esperemos, atentos y esperanzados, que los otros miembros de la CC puedan evitar que así sea.
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