Parece que tendremos un episodio más de una historia vergonzosa: primero, la ley de promoción de inversión y empleo presentada por el Ejecutivo en enero de 2013; luego, la ley de fomento del empleo presentada por el PP en septiembre de 2014; y después, la ley de condiciones económicas para fomentar el empleo, conocida coloquialmente como la ley Baldizón de empleo, presentada por el partido Líder en marzo de 2015. Todas fueron rechazadas porque intentaron engañarnos hablando de atraer inversión y de generar empleo cuando en realidad no eran más que voracidad y abuso.
Y ahora el Ministerio de Economía (Mineco) entregó al Congreso la iniciativa de ley emergente de conservación del empleo. A primera vista, esta nueva propuesta se distancia de los fracasos anteriores. Por un lado reconoce que el compromiso de Guatemala con la Organización Mundial del Comercio (OMC) es eliminar las exenciones del ISR que gozan las maquilas, pero por otro reconoce que la industria textil y de vestuario y los denominados call centers necesitan los privilegios actuales de las maquilas para sobrevivir, ya que son incapaces de competir sin la ayuda del Estado. Sin embargo, no reconoce que son sectores fuertemente señalados de explotar a sus trabajadores.
Hasta allí correspondería a una propuesta más acotada que los adefesios anteriores en cuanto a que buscaría por lo menos cumplir el compromiso con la OMC y restringir los privilegios solo a dos sectores. Pero no. Una vez más ese grupito de empresarios demuestra su voracidad, pues agrega una nueva exención del IVA que las maquilas y las zonas francas aplicarían a sus operaciones en el mercado local (artículos 9, 24 y 25 de la iniciativa de ley). Una medida artera que sí generará una pérdida cuantiosa de ingresos fiscales.
Además, la forma como fue presentada por el ministro riñe con la transparencia: no es una propuesta del Ejecutivo (parece que todavía no entiende que como ministro es miembro de ese poder del Estado). El ministro la presentó al Congreso acompañado de algunos de los empresarios sedientos de privilegios ¿Acaso sus verdaderos jefes? ¿A quién responde este ministro: a la ciudadanía, al presidente o a ese grupito de empresarios? ¿Será consciente de que su sueldo proviene de quienes sí pagamos impuestos y de que está obligado a rendirnos cuentas de lo que hace?
Pero lo peor e inaceptable es que eludió que el Ministerio de Finanzas y la SAT conocieran y opinaran sobre la conveniencia de la propuesta. Además, tuvo el descaro de pedir al Congreso que la propuesta no fuera dictaminada, ya que, según él, no hay tiempo para las opiniones y los análisis que toda propuesta debería superar y que además ordena la legislación vigente.
Con rigor técnico debe estimarse a cuánto ascendería la pérdida de ingresos fiscales que generaría su aprobación. Asimismo, debe especificarse con precisión cuántos y cuáles son los puestos de trabajo que supuestamente se estarían conservando, datos que no tienen ni el Mineco ni el Ministerio de Trabajo.
La forma como se presentó esta propuesta evidencia voracidad y opacidad, además de menosprecio por la institucionalidad. Debemos rechazar la urgencia que aduce el ministro y la extorsión de los maquileros, además de exigir que esta propuesta sea sometida a análisis y estudios técnicos rigurosos que establezcan cuántos son los empleos que supuestamente se estarían conservando versus el costo fiscal. Sin esto, su aprobación solo será una irresponsabilidad del Mineco y de los diputados que prestaron su nombre a los maquileros.
¡No a los privilegios fiscales!
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