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Una mujer sostiene una cruz pidiendo justicia frente al Ministerio Público, en Ciudad de Guatemala, durante una protesta por el asesinado de Luz María López Morales, trabajadora criminalista del MP, en febrero 2021. Cristina Chiquín

Más casos de violencia contra la mujer son desestimados durante la gestión de Consuelo Porras

En 2021 no solo fueron más las desestimaciones, sino que aumentaron aquellas hechas desde las sedes fiscales, bajo criterios que no quedan claros
En los últimos tres años 24,000 mujeres no fueron informadas de la desestimación de sus casos
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Más casos de violencia contra la mujer son desestimados durante la gestión de Consuelo Porras

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  • En los últimos tres años, las denuncias desestimadas por el Ministerio Público (MP), relacionadas con el delito de violencia contra la mujer aumentaron de forma exponencial.
  • El MP dice que es eficiente pero esta aseveración no expresa los altos porcentajes en que la salida es la desestimación de denuncias.
  • Según datos del MP, durante 2021 recibieron 60,064 denuncias de violencia contra mujeres, de las cuales desestimaron 23,492. Es decir, el 39 %. En comparación, el porcentaje de casos desestimados en 2020 fue del 21 % y en 2019, de 15.89 %.
  • En 2021 no solo fueron más las desestimaciones, sino que aumentaron aquellas hechas desde las sedes fiscales, bajo criterios que no quedan claros. En ese año, solo  2,317  desestimaciones se realizaron con autorización judicial. El resto, 35.3 %, fueron descartadas desde las sedes fiscales.
  • De acuerdo con la normativa interna del MP, las desestimaciones en fiscalías solo son permitidas en delitos cuya pena sea menor a 5 años. La violencia contra la mujer en sus diferentes formas, puede ser castigada con prisión de 5 a 12 años, según las leyes vigentes.
  • Entre 2019 y 2021, el MP desestimó 36,298 denuncias de violencia contra la mujer. El año pasado casi la mitad de ellas (45.5 %) no fueron notificadas. En 2019 y 2020 el porcentaje fue similar (41 y 40 %, respectivamente). En los últimos tres años 24,000 mujeres no fueron informadas de la desestimación de sus casos.
  • El dato que el MP presume como evidencia de su eficiencia no es un indicador de la calidad con que resuelven los casos. CIEN presentó un informe, donde evidencia que el MP ha dado salida a más de 58,000 casos de violencia contra la mujer durante el año pasado, cifra que duplica las salidas registradas de 2018 a 2020. La salida más frecuente es la desestimación.
  • De 2014 a 2016, las desestimaciones representaban un 60% de las salidas de casos. Pero del 2017 a 2019, la cifra alcanzó el 88% y de 2020 a 2021, se elevó a 93 % y 94 %, respectivamente. El aumento de las desestimaciones coincide con la gestión de Consuelo Porras al frente del MP.

En los últimos tres años, las denuncias desestimadas por el Ministerio Público, relacionadas con el delito de violencia contra la mujer aumentaron exponencialmente.  En 2021, incluyendo denuncias presentadas años atrás y que permanecían abiertas, llegaron al 94 %.

El MP dice que es eficiente pero esta aseveración no expresa los altos porcentajes en que la salida tomada es la desestimación de denuncias. Expertos en el tema señalan que este proceder es ilegal y que no puede considerarse un indicador de eficiencia, sino un fenómeno que aumenta la impunidad y desincentiva las denuncias.

Al Ministerio Público de Consuelo Porras le interesa reducir la mora fiscal para demostrar mayor eficiencia durante su gestión. Aunque esto implique defraudar a miles de mujeres que han denunciado algún tipo de violencia: física, psicológica, sexual o económica.

Según datos proporcionados por el Ministerio Público (MP) a la diputada Andrea Villagrán, durante 2021 la entidad recibió 60,064 denuncias de violencia contra mujeres, de las cuales desestimó 23,492 en el mismo año. Es decir, el 39 %. En comparación, el porcentaje de casos desestimados en 2020 fue del 21 % y en 2019, de 15.89 %. Es decir, en los tres años el porcentaje de desestimaciones aumentó.

En 2021 no solo fueron más las desestimaciones, sino que aumentaron aquellas hechas desde las sedes fiscales, bajo criterios que no quedan claros. En ese año, solo  2,317  desestimaciones se realizaron con autorización judicial. El resto, 35.3 %, fueron descartadas desde las sedes fiscales. En el oficio enviado a la diputada Villagrán, el MP se limitó a explicar que las desestimaciones se realizan según dos criterios: cuando «no se puede proceder» o «no es delito».

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De acuerdo con la Instrucción General 05-2011, de la normativa interna del Ministerio Público, las desestimaciones en fiscalías solo son permitidas en delitos cuya pena sea menor a cinco años. La violencia contra la mujer en sus diferentes formas, es un delito que puede ser castigado con prisión de 5 a 12 años, según la normativa vigente. Es decir, «no se trata de un delito de menor gravedad y, por esa razón, estos casos no pueden ser desestimados en fiscalías, sino solamente bajo autorización judicial», explica la diputada Villagrán.

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Entre 2019 y 2021, el MP desestimó 36,298 denuncias de violencia contra la mujer desde las sedes fiscales. Todas las denunciantes debieron recibir esta información. El año pasado casi la mitad de ellas (45.5 %) no fueron notificadas. En 2019 y 2020 el porcentaje fue similar (41 y 40 %, respectivamente). La normativa del MP establece que todas las víctimas deben ser adecuada y pertinentemente informadas con relación a su proceso y esta es una de las responsabilidades de los fiscales. Sin embargo, en los últimos tres años 24,000 mujeres no fueron informadas de la desestimación de sus casos.

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Estrategia para reducir la mora judicial

«Es alarmante porque estas desestimaciones las cuentan como casos resueltos. Esto les ayuda a maquillar las metas que están teniendo cuando en realidad no están resueltos los casos», señala la diputada Villagrán. «El MP lejos de estar siendo fortalecido, está propiciando condiciones de impunidad para los agresores y desincentiva a las víctimas de violencia que se atreven a denunciar», concluye.

El MP ha publicado en redes sociales, que su eficacia se mantiene por encima del 100 %, y que en 2021 su eficiencia fue de 153.85 %:

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Basan esta afirmación en el Flujograma de Justicia Criminal elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Este análisis muestra el comportamiento de los casos que ingresan al sistema, mapea procesos y mide la carga de trabajo recibida, atendida y pendiente de atender. Su análisis de eficiencia se basa en la reducción de inventario de casos acumulados.

La cifra indica cantidad pero no calidad

El dato que el MP presume como evidencia de su eficiencia no es un indicador de la calidad con que resuelven los casos. Corinne Dedick, investigadora del CIEN, explica que esta cifra refleja en realidad cuánta carga de trabajo se ha reducido para las instituciones.

«Si en un año ingresan diez denuncias lo que evaluamos es cuántas de esas diez se logran trabajar y resolver. El dato nos dice que están bajando la mora y que durante el año posiblemente se esté trabajando más eficiente. Pero nosotros realmente nos quedamos con esa duda porque es un dato muy técnico y solo refleja cantidad, no calidad. Si saco los casos a pura desestimación tal vez no es la calidad que quisiéramos precisamente», dice la investigadora.

Lejos de considerarlo como indicador de eficiencia, la abogada Ligia María Saquiché , experta en temas de género, no tiene dudas de que una cifra tan elevada de desestimaciones no es un indicador favorable. «Es impresionante, son demasiadas desestimaciones que se hacen en las sedes fiscales. Eso es algo que no se puede hacer. No hay otra forma de interpretar la ley», dice Saquiché.

El delito de violencia contra la mujer es el más denunciado en todo el territorio nacional. Desestimar muchos casos en este rubro, impactará en los resultados totales si estas desestimaciones se cuentan como atención a los casos recibidos.

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Los argumentos presentados para desestimar una denuncia no deben contravenir la ley. Saquiché analiza algunas razones que podrían usarse para justificarlas, como la dificultad para localizar a la víctima, lo que no es correcto al tratarse de delitos de acción pública. «El MP tiene la obligación de continuar con la investigación, con o sin la víctima. Recordemos que hay muchos factores para que la víctima no se acerque nuevamente. Al desestimar sin hacer ningún tipo de investigación, se vulneran sus derechos y el  acceso a la justicia», indica.

Saquiché agrega que tampoco encontrar contradicciones en los testimonios de víctimas es motivo para desestimar, pues hay lineamientos que obligan a los fiscales a utilizar todos los medios posibles para llegar a la verdad de los hechos. «Se pueden desestimar casos graves pero con una autorización judicial y una vez que se cumplan las diligencias de investigación mínima», aclara la abogada.

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Más de 55,000 casos desestimados en el último año

En publicaciones oficiales, el MP asegura que bajo la gestión de Porras «recuperó su capacidad de atender y dar salida a casos, es decir que no solo se atienden los casos que ingresan sino también, los que se han acumulado en gestiones anteriores reduciendo significativamente la  mora fiscal».

El 3 de marzo, el CIEN presentó un informe con cifras alarmantes sobre la cantidad de casos desestimados en los últimos años. A diferencia de las estadísticas analizadas por Villagrán, el estudio no solo contabiliza las denuncias desestimadas el mismo año en que se presentaron, sino también las presentadas años atrás y que permanecían abiertas. Según el informe, el MP ha logrado dar salida a más de 58,000 casos de violencia contra la mujer durante el año pasado, cifra que duplica las salidas registradas de 2018 a 2020. La salida más frecuente es la desestimación.

El análisis no sólo revela un aumento en la cifra de desestimaciones sino una disminución en la cantidad de sentencias. «Se puede determinar que en el periodo de 2014 a 2019 hubo un promedio de 2,000 sentencias cada año, cifra que se redujo durante el 2020 y 2021 debido a la pandemia», concluye el documento.

De 2014 a 2016, las desestimaciones representaban un 60 % de las salidas de casos. Pero del 2017 a 2019, la cifra alcanzó el 88 % y de 2020 a 2021, se elevó a 93 % y 94 %, respectivamente. El aumento de las desestimaciones coincide con la gestión de Consuelo Porras al frente del MP.

Dedick, una de las investigadoras, explica que el aumento de desestimaciones se debe a la implementación de un nuevo modelo de gestión de casos en el MP que básicamente consiste en reducir la mora fiscal a través de la depuración. «Han ido reduciendo la mora de casos antiguos y muchos de esos fueron con desestimación porque eran casos viejos que no tenían un movimiento. Pero es importante decir que las desestimaciones siempre han representado el grueso de las salidas en ese tipo de casos», indica.

Según la experta, ante las cifras buscaron explicaciones del MP y las respuestas fueron que la mayoría de casos que se desestiman en sedes fiscales ocurren cuando los fiscales no encuentran forma de judicializar las denuncias. «El MP revisa y ve que lo que se denunció no constituye un delito. Esto nos habla de que existe una gran confusión en cuánto a qué es violencia contra la mujer», explica.

Para Alejandro Rodríguez, quien fue secretario general del MP durante la gestión de Claudia Paz y Paz, este modelo de reducción de mora fiscal a partir de desestimaciones es ilegal e inaceptable. «Si la Fiscal permite que se hagan desestimaciones en sedes fiscales, además de ser ilegal, es una política falsa que puede dar lugar a la impunidad. Por eso existe una correlación entre las cifras de muertes de mujeres e impunidad en casos», apunta. Rodríguez insiste en que este tipo de medidas debilitan la confianza hacia el sistema de justicia.

Investigación adecuada haría viables las denuncias

Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) ha dado acompañamiento a distintos casos de violencia contra mujeres. Con esa experiencia, sostiene que siempre que se realice una adecuada investigación es posible hacer viables las denuncias, incluso aquellas que datan de años atrás.

Como ejemplo, dice Barrios, en el caso Sepur Zarco se logró una sentencia por delitos de violencia sexual cometidos durante la década de los ochenta. «Habían pasado treinta años y se logró determinar la violencia sexual. Es un error de los fiscales creer que todos los casos se manejan de la misma forma. Hemos acompañado todo tipo de casos. Por ejemplo, el de una niña con discapacidad que se niega a hacerse una evaluación física porque no quiere que nadie la toque y lo que denuncia es violencia sexual. Deben haber formas de probar los delitos, de investigar», asegura.

A criterio de Barrios, el MP no ha trabajado en hacer una adecuada investigación a partir de las denuncias que reciben. Por esa razón, la desestimación parece el camino más fácil para relajar la carga a los fiscales.  «El MP no invierte en métodos científicos para la investigación de delitos de violencia contra la mujer. Siendo uno de los delitos más denunciados, el MP debería contar con personal, mecanismos y métodos para agilizar las investigaciones, pero eso no sucede», recalca.

Barrios señala que el MP actual no parece tener como prioridad el tema de violencia contra las mujeres. Lejos de fortalecer las instituciones, asegura, se dividieron fiscalías distritales para colocar una en cada municipio sin contratar a más personal. «Hace falta personal capacitado para recibir denuncias y poderlas viabilizar, no hay personal suficiente, ni capacitación permanente, ni pertinencia con el idioma local y entonces, lo más fácil es desestimar», concluye.

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