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Alejandra muere en cada mujer asesinada de Alta Verapaz

Como característica de la tortura, el sufrimiento de la víctima se transforma en la demostración de poder del victimario.
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Alejandra muere en cada mujer asesinada de Alta Verapaz

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El asesinato de Alejandra Icó Chub a manos de su pareja se viralizó en redes sociales. Los medios de comunicación lo romantizaron como “una historia de amor que culminó en muerte horrenda”. Hace un año de eso. Plaza Pública revisa qué cambió en Alta Verapaz, o si la violencia institucional y mediática contra las mujeres sigue como siempre.

Redes-lateral

A los 15 años fue madre. De hecho, en el  primer semestre de 2019 unas 150 niñas menores de 14 años estuvieron embarazadas en Alta Verapaz.

Una mujer maya q´eqchí que lavaba ropa en el río de la aldea La Isla, San Miguel, Chisec, para subsistir como tantas. Iba y venía de su casa a la de su abuela y la de Elvira, su hermana mayor. La suya era una familia de niños corriendo en el patio, de conversación y mucha risa.

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Es una breve descripción de Alejandra Icó Chub.

La asesinaron el 29 de octubre de 2018, tenía 32 años años y tres hijos.

Elvira vio salir de la casa a Mario, la pareja sentimental de Alejandra. Alumbró su camino con una lámpara y, al entrar, vio una mano tirada en el piso de tierra y el cuerpo de su hermana desangrándose en la cama.

Ni en la aldea San Miguel ni en Chisec había ambulancia, la más cercana estaba a 76 kilómetros, en una estación de bomberos de Cobán. Lo que sí encontró una vía rápida para contar lo sucedido en aquella comunidad, fue el video de Alejandra que moría.

“La historia de amor que culminó en muerte horrenda”, romantizó la noticia el medio digital Soy502. La televisión abierta difundió el video con el audio de una de las hermanas llorando.

–¿Se encuentran tristes ustedes por la forma en que murió su hermana Alejandra? –preguntaron.

Hilda Morales, abogada y experta en violencia de género, indicó que «hay necesidad de que los medios de comunicación se sensibilicen y no revictimicen a las mujeres ni a sus familiares».

El Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), hasta octubre de 2019 (a un año del femicidio de Alejandra), contó  571 muertes violentas de mujeres en el país, de las cuales el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) identificó 333 femicidios.

La fotografía de Mario se difundió entre los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) para darle captura, y así fue. Pensaron lincharlo, pero los pobladores de Las Muñecas, Ixcán, lo entregaron a las autoridades atado de pies y manos.

­–¿Por qué asesinaste a tu esposa? ­–le preguntó un periodista.

–¡Fue por celos! –respondió–. “¡Ahora si te llevó el diablo!”, le dije antes de darle el machetazo.

«Hay muchos medios que todavía ponen a la víctima como provocadora», y eso molesta a Morales.

A partir de ahí, fue apodado y citado por los mismos medios como “el carnicero”. Incontables memes de Mario amenazando cariñosamente a las mujeres con su machete inundaron las redes sociales.

«Los medios deberían tener ética, enfoque de género, ese respeto que debe haber hacia las personas y a las mujeres, les falta esa sensibilidad respeto a la víctima, denunciando más bien el hecho. De ninguna manera cuentan cómo ella era víctima de violencia constantemente y le dieron prioridad al victimario»,  añade Alba Trejo excomisionada presidencial contra el femicidio.

Alejandra, Tecla, Aura…

Igual que la historia de Alejandra, la de Tecla Cholom, de 66 años, muerta a machetazos en la aldea San Antonio Sejá, Livingston Izabal, también se esparció en redes sociales. De nuevo los medios locales fueron explícitos con las imágenes publicadas.

A los siguientes días de Tecla fue Aura Hernández, 42 años, también asesinada a machetazos en Chimaltenango por su conviviente, Tomás Tol. E igual que Mario, dijo:

«¡Sentí celos y por eso maté a mi esposa!», se justificó ante los medios de comunicación aún con el rostro ensangrentado sin oponerse a la captura.

Mario Tut Ical, 43 años, tiene antecedentes de violencia contra la mujer.

Sostenía dos relaciones afectivas, con Alejandra desde hacía tres años y con su esposa, como él la nombra, y con quien tiene siete hijos. En 2017 su esposa lo denunció por violentarla a machetazos.

«Dos mujeres tengo, para que te voy a decir que no. ¡Soy feo pero las mantengo yo a ellas!», declaró.

«Definitivamente el mensaje que dan los medios y la forma en que abordan estos casos puede  autorizar o justificar a otros hombres de hacer lo mismo. Aunque pueda suceder que a raíz de ese hecho tan impactante, también se empezaron a visibilizar los otros casos, que siempre ocurren», señala Paula Barrios, abogada, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo (MTM). Desde hace 20 años atiende casos sobre violencia contra las mujeres.

«¡Este es el baile de mi compadre el carnicero!» Dice un preso entre chiflidos y ovaciones de los reclusos mientras graba un video de Mario que baila y festeja a lo grande su cumpleaños en prisión, a tres meses de que asesinó a Alejandra. Ese video también se virilizó. «La forma de abordar estos temas debe desnaturalizar la violencia e instar a abolirla», añade Hilda Morales.

El caso de Alejandra

Entre 2014 y 2016 el Instituto Nacional de Estadística (INE), resgistró que por cada 10 mil mujeres violentadas solo se presentan 60 denuncias.

Elvira, María y Valdemar Icó llegaron a la fiscalía del Ministerio Público (MP) de Chisec, Alta Verapaz, para denunciar el femicidio de Alejandra, su hermana.

Asustada y con los ojos inflamados por el llanto, Elvira. María se apartó, desconfía. Valdemar tenía los  ojos hundidos, apenas dibujó una sonrisa al recordar arrullando a una Alejandra de meses, la que cuidó desde entonces.

El proceso contra Mario siguió su curso, aunque con tropiezos en el camino.

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La jueza Catalina Cortez suspendió la primera audiencia negándose a conocer la acusación contra Mario, por “enemistad” con el colectivo MTM, el equipo que acompaña el caso y ofrece atención integral a mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia. Desde Sepur Zarco (las mujeres violentadas durante el conflicto armado) acompañan casos en el Polochic, Izabal y Cobán, enumera Paula Barrios. «Desde entonces hemos tenido ciertas dificultades con la jueza en otros procesos».

Llevaron el caso de Juana, una mujer adulta violada por tres hombres.  «En audiencia de primera declaración la jueza Cortez decretó falta de mérito y dejó en libertad a los sindicados. Apelamos varias veces hasta lograr que el tribunal condenara a estos hombres a 16 años y seis meses de prisión. A partir de ahí tenemos dificultad, porque colocamos en un escrito que ella tomaba decisiones antojadizas y eso le molestó aduciendo una “enemistad”».

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2018 dio a conocer que Alta Verapaz ocupa el primer lugar con mayor índice de impunidad en el país, 97.06 por ciento. El acceso a justicia para las mujeres, especialmente para indígenas, es limitado.

«Vemos reiterativamente que ella (la jueza Cortez) absuelve a los sindicados: primero no emite órdenes de detención, solo hace citas, los deja con medidas sustitutivas y la mayoría de los agresores se han fugado. Ya se ha excusado con nosotras más de cinco veces por el mismo motivo, y la misma sala le ha ordenado que no se debe excusar por lo mismo”.  Y lo vuelve a hacer poniendo en riesgo los casos, lamenta Barrios.

«Ella, al final lo que pretende es que las mujeres no tengan el asesoramiento de MTM, y eso es negarles a las víctimas la posibilidad del acompañamiento. No quisiéramos pensar que pueden ser motivos de racismo, pues en su mayoría las víctimas son mujeres indígenas».

Cortez Aguilar es jueza en el juzgado de primera instancia penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer en Cobán.

Al buscarla para la entrevista, Cortez se negó a atender, a través de su secretario respondió que la persona de Comunicación se encarga de ofrecer información pública, pues casi nunca da entrevistas a los medios.

Alta Verapaz no le hace justicia a su nombre

El departamento de Atención a la Víctima (DAV) de la Policía Nacional Civil (PNC) indica que siete de cada diez víctimas atendidas en la comisaría 51 de Cobán, entre enero a noviembre de 2018 fueron mujeres, la mayoría agredidas por la pareja o expareja. Se trata de la comisaria que más casos y victimas presenta a nivel nacional.

Chisec, en donde Mario Tut desmembró a Alejandra Icó a machetazos, es uno de los tres municipios con mayores índices de violencia contra la mujer, junto con La Tinta y Cobán, dice Pedro Hernández, fiscal del MP en Chisec.

Las organizaciones que velan por los derechos de la mujer apuntan a una serie de factores para explicar por qué el departamento, y por qué Chisec, tienen índices tan altos de femicidio.

Alta Verapaz, como señala el informe Guatemala Nunca Más, del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), fue uno de los departamentos más afectados por la violencia militar durante el conflicto armado interno, y la violencia sexual fue utilizada sistemáticamente como parte de la estrategia contrainsurgente. Un ejemplo de ello es el caso explotación sexual y esclavitud de mujeres q´eqchí, Sepur Zarco, además de la Masacre de Chisec, en 1995. Se estima que en Guatemala al menos unas 300 mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. El 89 por ciento eran indígenas.

La violación sexual durante la guerra fue una forma brutal de tortura sometiendo a miles de mujeres al dolor y humillación extrema. Sus cuerpos se utilizaron como un instrumento  para demostrar el poder que tenía el ejército.

Como característica de la tortura, el sufrimiento de la víctima se transforma en la demostración de poder del victimario. Los cuerpos maltratados se transforman en signos vivientes del horror. «El uso del machete como arma blanca en el interior del país es exagerado, los hombres lo utilizan como arma de poder», añade Alba Trejo.

Chisec forma parte de la Franja Transversal del Norte desde los setenta,  la palma africana a gran escala y los pozos petroleros son fuentes importantes de empleo. Todo eso lo convierte en un municipio de paso con una población migrante de otros departamentos, en donde prolifera la prostitución y el alcoholismo frecuentemente asociados a la violencia de género.

«Alta Verapaz es a donde más se han canalizado recursos, incluso de activistas y organizaciones, es lamentable que persistan estos ataques. Creo que hace falta en tema de denuncia», añade Trejo sobre el contexto del departamento con más impunidad.

Según información solicitada al Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ) del Organismo Judicial, de 56 mil 322 casos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer en Alta Verapaz, solo 473  llegaron a sentencia condenatoria entre 2014 y 2018.

«El primer compromiso del Estado es prevenir la violencia, si no la evita debe asistir y reparar. Este caso no es privado sino una circunstancia que deben asumir el Estado, la iglesia y la sociedad. Nosotras le apostamos a la transformación desde la justicia, es obligación del Estado responder y organizarse para brindarles un proyecto de vida a los hijos que quedaron en orfandad y a su familia», insiste Barrios

La pena promedio para el delito de femicidio es de 36 años, según la CICIG, y en  casos  de  femicidio, las victimas rara vez reciben una reparación digna, solo en el  27 por ciento de  los  casos.

«De 25 o 50 años no es nada, queremos por lo menos 100 años de prisión para ese hombre por lo que le hizo a mi hermana», dijo Valdemar con los ojos llorosos llevándose una mano al pecho, a las afueras del MP de Chisec, antes de entrar a prestar su declaración. «Esto no va quedar así no más”, queremos justicia».

A un año del femicidio de Alejandra, el 13 de noviembre de 2019, Ricardo Ical Cú, de 36 años, también asesinó a machetazos a su esposa Juliana Chen Cucul, de 20 años, en la aldea San José Seraxquiché, San Pedro Carchá. La historia e irónicamente el apellido del agresor se repite.  Al menos cinco mujeres más han muerto a machetazos  a manos de su propia pareja en Alta Verapaz desde aquel 29 de octubre de 2018.

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«Ese adoctrinamiento permanente debe ser un discurso más favorable para las mujeres, hay que hablar de que las prácticas de violencia, deben denunciarse como delito», finaliza  Barrios.

Para 2020 los diputados dispusieron reducir la asignación presupuestaria en un 97 por ciento al monto otorgado para atender a mujeres sobrevivientes de la violencia de género. Mientras el ciclo continua, se repetirán los nombres, las edades, los odios y las justificaciones.

Mañana Alejandra morirá de nuevo en la pantalla de algún celular o del televisor, hasta en memes de redes sociales. Morirá hasta que algún día se entienda que un femicidio no es una historia de amor sino de odio hacia las mujeres.

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