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Vista de las tierras del Polochic, el antiguo granero de Guatemala, desde la comunidad de Agua Caliente, Lote 9, en abril 2017. Simone Dalmasso

La «alfombra mágica» tapa los despojos de las comunidades q’eqchi’

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La «alfombra mágica» tapa los despojos de las comunidades q’eqchi’

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Empresarios rusos están interesados en terrenos del Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal. El caso cobró interés cuando se denunció que el presidente Alejandro Giammattei recibió una alfombra llena de dinero para facilitar el trato. El negocio preocupa más porque suma a la conflictividad de la zona: Comunidades q’eqchi’ se enfrentan a las empresas mineras que les arrebatan sus tierras y recursos.

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La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) rechazó por ahora la solicitud de la empresa Atlantic Bulk Cargo S.A. (ABC), de capital ruso, de arrendar 150,000 metros cuadrados en terrenos del puerto, luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) comunicó que era ilegal no seguir el proceso de licitación. Dijo que se estaría frente a una concesión «encubierta bajo la figura de usufructo onerosos», similar a la cometida por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Es importante resaltar el por ahora porque el uso del puerto Santo Tomás de Castilla bajo las condiciones propuestas por ABC está vinculado a las explotaciones mineras de las empresas Metal Supply Holding, MC Capital Holding S.A., Mayaníquel, Fénix y Compañía Guatemalteca de Níquel/Solway. Todas operan en los municipios de Senahú, Panzós, Santa María Cahabón, de Alta Verapaz, y en El Estor, Izabal.

Medios de comunicación divulgaron información sobre las negociaciones del presidente Alejandro Giammattei y de otros funcionarios del Gobierno para esta concesión que, según declaraciones del gerente general de Empornan, el militar retirado y exasesor del Ministerio de Gobernación Erick de León Lobos, es una propuesta «interesante y atractiva».

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Portuaria, Víctor Oliva, no comparte esta apreciación.  Puso en duda los beneficios del negocio y declaró que el monto ofrecido por la empresa rusa (USD$ 0.05) está muy por debajo de la tarifa establecida por Empornac (USD $4.50) por metro cuadrado. Además, dijo que viola la Ley Orgánica del Puerto.

Más allá de la opacidad de este negocio que trascendió por las declaraciones del exfiscal Juan Francisco Sandoval, los graves efectos sociales y ambientales ya están presentes. El muelle flotante y los atracaderos que la empresa rusa se propone ampliar son el último punto de embarque en territorio nacional de tierras removidas, arrancadas literalmente en enormes tajadas de la Sierra de Santa Cruz. Esto supone el despojo y la amenaza a las comunidades locales, la disminución del caudal y contaminación de arroyos, ríos y del lago de Izabal, y la pérdida de productividad de las tierras.

En el municipio de El Estor las comunidades afectadas por la empresa Fénix/CGN/Solway iniciaron gestiones a principios de la década de 1970 ante el desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) para regularizar sus posesiones. 50 años después sus expedientes están «resguardados», en realidad durmiendo, en el Departamento Jurídico del Fondo de Tierras. Después de más de medio siglo de gestiones el Estado no les responde. Son muchos días de trabajo perdidos, esfuerzos y gastos enormes.

Según información recabada en diez de las comunidades afectadas, hasta ahora solo dos tienen certeza jurídica sobre la tierra que habitan y trabajan, otras dos enfrentan problemas y han presentado reclamos a la empresa minera. En el resto, las personas se consideran en riesgo y se sienten amenazadas por estar en el área afectada por el proyecto minero.

Según el Estudio registral y catastral de la Secretaría de Asuntos Agrarios de 2009, los libros del Registro General de la Propiedad donde deben estar los asientos de las fincas comprendidas en la concesión minera en la Sierra de Santa Cruz, fueron mutilados. No aparecen los folios de los lotes 9, 11 y 12 de los libros 21 y 22 del Grupo Norte de Izabal. Los arrancaron. El mismo estudio identificó un traslape considerable de 80 caballerías entre la finca Cahaboncito y los lotes 9, 13, 14, 15 y 16 del área en cuestión.

¿Cómo se resolvieron estos hallazgos? ¿Qué proceso siguió el Registro General de la Propiedad y el Registro de Información Catastral para restituir los folios mutilados y otorgar la concesión minera? Nada se ha dicho al respecto. La situación de la propiedad de la tierra en el área es poco clara. Ha sido objeto de alteraciones y delitos aún no esclarecidos y las comunidades q’eqchi’, legítimas posesionarias de esas tierras, se encuentran en total indefensión.

Además, la empresa Fénix/CGN/Solway no ha cumplido la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 18 de junio 2020, que le ordenó suspender actividades. El 14 de agosto de 2021 Prensa Comunitaria documentó que seguía funcionando la planta procesadora, el área de cantera y la carretera nacional. Un canal televisivo transmitió imágenes de las góndolas de la minera siendo vaciadas y embarcadas en el muelle flotante de Santo Tomás de Castilla.

En su resolución, la CC mandó realizar una consulta comunitaria según lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocido por Guatemala. En preparación de esta consulta «libre, previa e informada» un nuevo capítulo de esta historia que ha causado ya varios asesinatos y atentados está por escribirse.

No debe olvidarse que en la década de 1970 los asesinatos de los abogados Julio Camey Herrera y Adolfo Mijangos López, y los atentados contra Alfonso Bauer Paiz y el economista Rafael Piedra Santa Arandi estuvieron vinculados con la explotación minera en El Estor.

En 2007 varias mujeres fueron violadas por fuerzas de seguridad en el contexto de un desalojo extrajudicial y violento. En 2009 guardias de seguridad de CGN asesinaron a Adolfo Ich y Germán Chub quedó parapléjico por las lesiones sufridas. La lista se extiende hasta mayo 2017 con el asesinato de un miembro de la Gremial de Pescadores cuando denunciaban la contaminación del lago.

La Vicepresidencia y el Ministerio de Energía y Minas iniciaron el proceso de preconsulta con la inscripción de la representación de las comunidades y actores locales. Las maniobras, la división de las comunidades, la apropiación del nombre de la organización representativa y la compra de voluntades están a la orden del día. Mientras, según las autoridades comunitarias q’eqchi, el proceso de consulta no debe iniciar hasta que el proyecto minero Fénix esté detenido.

Por ello conviene seguir el hilo de la alfombra mágica hasta el origen de la madeja: el despojo y empobrecimiento de las comunidades q’eqchi’ y la destrucción de los bienes naturales de la zona. Las instituciones del Estado encargadas del registro de las propiedades en el área concesionada a las empresas mineras deben dilucidar la propiedad y la regularización de las tierras de las comunidades indígenas locales. Es un compromiso de los acuerdos de paz que todavía no se ha cumplido.

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