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Un letrero denuncia la presencia del proyecto extractivista ruso frente al centro polideportivo de El Estor, transformado, durante el estado de sitio, en el centro de operaciones de policía y ejército. Simone Dalmasso

El Estor: La consulta comunitaria apunta a la reactivación de la mina Fénix

"(...) Por lo que conocemos del proyecto minero y del sentir de las comunidades es que sí ven una ventana de oportunidad para convertir este proyecto en un elemento que contribuya al desarrollo de los pueblos"
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El Estor: La consulta comunitaria apunta a la reactivación de la mina Fénix

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El gobierno ha dirigido un proceso encaminado a “restablecer el derecho minero” a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en El Estor, Izabal. La oposición quedó al margen, sometida a una invitación en el Palacio Nacional, fuera de la zona en donde se vive la conflictividad.

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La consulta comunitaria inició formalmente el 12 de noviembre, lejos de la mirada pública, en un salón de hotel en Río Dulce, Izabal. En esa reunión, varias instituciones de gobierno y la minera presentaron un reporte con datos solicitados por los representantes del pueblo q’eqchi’ que fueron admitidos en el proceso. Lo que se viene incluye una visita a la mina Fénix, a la que solo están convocados estos líderes, otras reuniones y asambleas en las 53 comunidades ubicadas en el área de impacto del proyecto.

El plan que publicó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) indica que todo concluirá el 9 de diciembre, cuando las poblaciones y sus representantes firmen “los acuerdos”. 

Esta es la primera consulta comunitaria vinculada a la minería que se realiza en el país, y la segunda con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula que los estados deben informar y consultar a las poblaciones indígenas previo a la instalación de proyectos que impacten la vida en sus territorios.

Para esta consulta no había reglas claras, sino que fueron establecidas en un proceso que se conoció como la preconsulta. La oposición quedó fuera de esa discusión y a última hora fue convocada a una reunión en el Palacio Nacional, cuando la consulta ya está avanzada, y mientras hay un estado de Sitio en El Estor.

Este régimen de excepción, impuesto por el Ejecutivo y respaldado por la mayoría del Congreso, es la excusa para un “diálogo nacional” que aborde la conflictividad que ocasiona el proyecto para la extracción de níquel.

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La cita es el miércoles 17 de noviembre y fue convocada por el ministro Alberto Pimentel. Entre los invitados están la Gremial de Pescadores Artesanales y la Defensoría Q’eqchi’, principales opositores a la actividad minera en El Estor. 

Fuentes cercanas a los líderes de estas dos representaciones indicaron este lunes por la tarde que sus dirigentes no habían confirmado asistencia por el temor a ser capturados. Los integrantes de estas dos organizaciones respaldaron el bloqueo de 21 días en contra de la CGN y la procesadora Pronico, ambas de la empresa Solway Investment Group.

En una carta que el viceministro de Desarrollo Sostenible de Energía y Minas, Óscar Pérez, dirigió al alcalde de El Estor, remarcó que el Decreto 13-2021, que ordena el estado de Sitio por 30 días, contiene un artículo que otorga garantías a los “dirigentes y/o ciudadanos que hayan manifestado en apego a derecho”. 

Desde el 25 de octubre el gobierno desplegó a cientos de policías y militares para patrullar El Estor y limitó derechos básicos como el de manifestación y locomoción. Desde entonces la oposición se dispersó y  denunció persecución e intimidación. De momento, ninguna de las 70 capturas realizadas en el territorio están vinculadas con el bloqueo contra la mina.

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Una brasa caliente 

Los representantes de los consejos comunitarios de desarrollo y de las autoridades maya q’eqchi’ de El Estor y Panzós, en donde tiene incidencia el proyecto minero Fénix, pidieron que la CGN y el gobierno les informe sobre regalías, contratos laborales, y la situación de los traslapes de tierras habitadas por comunidades, pero que están en dominio legal de la empresa. De 2012 a 2020, la extracción minera dejó 19.2 millones de quetzales en regalías al Estado y a la municipalidad.

La ley de Minería establece que las regalías por extracción minera son del 0.5% para las municipalidades y ese mismo porcentaje para el estado. 

Tras recibir estos datos, los representantes q’eqchi’ tendrán que socializar los detalles con los líderes de las 53 comunidades de El Estor y Panzós, y tendrán cuatro días, del 25 al 28 de noviembre, para trasladar estos datos a cerca de 60 mil personas, según el MEM. El derecho minero en discusión abarca un espacio de 6.29 kilómetros cuadrados, pero su influencia abarca 105 kilómetros cuadrados.

Toda esa población es maya q’eqchi’. Lo que no queda claro es cómo se les dará voz para exponer sus criterios o solicitudes.

Astrid Franco, delegada de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Izabal, explica que no habrá votación, “sino que son propuestas que ellos van a llevar” y que se dirimirán en asambleas o “diálogo intercultural”.

Romel Reyes, asesor de la Asamblea Maya Q’eqchi’ de El Estor, que cuenta con el aval municipal como representante de 44 comunidades (las otras 9 son de Panzós), asegura que las comunidades todavía tienen opción a negociar su aval a la mina. “Tienen su guardadito”, describe. Aunque en una entrevista previa, en El Estor, explicó que la brasa caliente está en la discusión de la legalización de tierras. ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿A favor de quiénes? La duda prevalece.

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Las fechas claves serán del 25 al 28 de noviembre, cuando las poblaciones se congregarán, si es que el Congreso no avala una ampliación del estado de Sitio que extienda la prohibición de reuniones en el municipio.

Para inicios de diciembre quedará el trasladar todas las solicitudes a las autoridades de gobierno. ¿Y si hay más rechazo que apoyo? El viceministro de Desarrollo Sostenible, Óscar Pérez, duda que esto pueda ser posible: “Existe un potencial grande de personas que no están de acuerdo con las condiciones actuales en las que se ha desarrollado el proyecto, pero que sí estarían de acuerdo si se llevan a cabo modificaciones a la forma en que al momento se ha manejado”.

En términos más concretos, “si existe alguna evidencia real de contaminación, que hasta el momento no la hay y no existen denuncias vigentes sobre temas de contaminación, sino muchas dudas… se podrían instalar comités comunitarios de monitoreo, y que sean las mismas comunidades quienes acompañen a realizar los monitoreos ambientales”, ejemplifica el viceministro.

En otra acotación, el viceministro Pérez aclara que todo va encaminado a que las operaciones de Fénix se reactiven, después que la Corte de Constitucionalidad los suspendió para que se cumpliera con la consulta comunitaria. “Lo que buscamos es (saber) cuáles serían las condiciones que harían viable la reactivación del derecho minero… Por lo que conocemos del proyecto minero y del sentir de las comunidades es que sí ven una ventana de oportunidad para convertir este proyecto en un elemento que contribuya al desarrollo de los pueblos”.

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