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El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Angel López, inaugura el programa de entrega de alimentos por emergencia de pandemia, el 15 de junio. MAGA

El gobierno solo ha entregado el 7.5% de los víveres por el COVID19

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El gobierno solo ha entregado el 7.5% de los víveres por el COVID19

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En un poblado de Tacaná, San Marcos, hay 30 personas que reúnen todos los requisitos que el gobierno estipuló para recibir una dotación de alimentos. El grupo no ha obtenido ningún otro tipo de asistencia del Ejecutivo durante la emergencia por el coronavirus y se preguntan ¿en dónde está lo ofrecido? Deben esperar porque hay 950,000 personas en todo el país que tampoco han recibido la ayuda.

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Jorge Barrios se queda sin palabras cada vez que le preguntan ¿qué pasó con los víveres que el gobierno ofreció? Le preguntan porque es el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Barrios, en Tacaná, San Marcos y es la persona más cercana que tienen las personas para exigir cuentas de un proyecto que ejecuta el gobierno central.

«No sé qué esté pasando y a veces la gente viene a insistirnos en la casa, (preguntan) si ya vino o (dicen) peor si ustedes se la quedaron».

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La comunidad Barrios tiene 108 familias, pero solo podían elegir a 30 para recibir la ayuda. El Cocode seleccionó a una viuda sin vivienda formal, madres solteras, ancianos. Personas que, de ser esto una lotería, ganaron ser incluidas en los listados porque tenían muchas carencias económicas, o por lo menos cumplían con uno de los requerimientos fijados por el gobierno: tener niños con desnutrición, vivir sin energía eléctrica, personas con alguna discapacidad, de la tercera edad o alguien en cuarentena por el coronavirus.

Los días pasan y los alimentos no llegan. «¿No sé si será negligencia de los alcaldes municipales o del gobierno central?», se pregunta Barrios.

El discurso oficial del gobierno pinta otro panorama. El 7 y el 8 de septiembre, a 300 kilómetros de Tacaná, las tres instituciones a cargo de la ejecución de los fondos dijeron en conferencias de prensa que la ejecución de los 700 millones de quetzales asignados a este programa de ayuda alimentaria, es un éxito.

Las bodegas hasta resultarán insuficientes para almacenar tantos productos. Son casi 80,000 toneladas entre maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, pasta, harina de maíz, atol y aceite que distribuirán entre un millón de personas. Pero ejecutado no es lo mismo que entregado, la colonia Barrios debe esperar más.

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Cien puntos en gasto, baja calificación en entregas

El nombre oficial de este proyecto de asistencia es Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID19, y fue aprobado por el Congreso a finales de marzo de este año para paliar la crisis económica que dejaría la llegada del virus a Guatemala.

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) quedaron como responsables de la ejecución, a partes iguales, de 700 millones de quetzales entre ambos. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) seleccionó el tipo y cantidad de productos a entregar a cada familia. El gobierno planea dar a cada familia, en una sola entrega, un paquete con casi 170 libras con siete u ocho productos que deberían alcanzar para que una familia de cinco personas se alimente durante un mes.

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El MAGA, el Mides y otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE), que está a cargo del Censo de Población 2018 y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, determinaron a cuántas personas podía llegar este aporte. Con base en estos dos instrumentos estadísticos, y el Estudio de Seguridad Alimentaria que elaboraron la Sesan y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 2019, definieron el número de beneficiarios por municipio.

El viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA, Jorge Eduardo Rodas Nuñez, explicó que usaron un algoritmo para establecer «el techo» de personas que podían atender con los recursos y «ser equitativos» con todos los que lo necesitan. El número asignado a cada municipio debe responder a la cantidad de habitantes y a los indicadores de pobreza en cada localidad.

A Tacaná, el tercer municipio más poblado del departamento de San Marcos, le fijaron un techo o cuota de 5,543 raciones para entregar a igual número de familias. En todo el departamento viven 1,032,277 personas y entregarán víveres para 85,672, considerando que cada grupo familiar está compuesto por cinco miembros. Treinta de estos paquetes de comida deben llegar a la colonia Barrios.

El MAGA y el Mides reportaron el 7 y el 8 de septiembre que ya entregaron el 100% de los 700 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas. El gobierno buscó a esta institución porque le aseguraba compras rápidas y con medidas de transparencia que el gobierno no puede asegurar.

Ni los ministerios ni el PMA especifican cuánto producto ha entrado a las bodegas, a quién le han comprado, cuánto y a qué precios. La reserva, dice Laura Melo, representante del PMA en Guatemala, es que quieren evitar que los proveedores coludan al acordar precios de venta. Además, indicó que por el momento no revelará la información de los proveedores pues, según el convenio firmado con los dos ministerios, quedó establecido que rendirá un informe detallado hasta que concluyan todas las entregas de alimentos.

Este organismo asegura que compra a quien oferta el precio más bajo. Cuando dos empresas tienen el mismo precio, gana quién ofrece mejor calidad y tiempo de entrega.

A pesar de que no se sabe cuál es el inventario real, está confirmado que el sistema de bodegas estatales ha resultado insuficiente. El Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) tiene 10 bodegas, el gobierno y el PMA salieron a buscar más espacios y hasta han instalado enormes carpas para que funcionen como bodegas móviles y provisionales. Pero el gobierno no distribuye con la misma agilidad con la que ingresa el inventario.

Hasta finales de agosto el MAGA reportó 13,098 entregas y el Mides 28,174. Al cierre del mes, los dos ministerios habían distribuido a 41,272 personas. A mediados de septiembre la cifra incrementó hasta llegar a las 75,080 personas. Es decir, 7.5% de los beneficiarios proyectados.

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Un proceso de selección lento

El gobierno estableció la cantidad de personas por municipio que podían recibir los alimentos, pero delegó a los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) en los 340 municipios del país para que les pusieran nombre a esas cifras.

Jorge Barrios, del Cocode de la colonia Barrios, en Tacaná, lamenta que la ayuda no haya llegado generalizada. En su colonia la gente obedeció las restricciones de movilidad. El «quédate en casa» hizo que los albañiles y taxistas no pudieran circular fuera de su localidad y perdieron sus ingresos. Incluso los agricultores tuvieron limitaciones para cuidar sus hortalizas, refiere este líder.

Si el coronavirus no los golpeó fuerte, porque solo han detectado dos casos en todo el municipio, las restricciones apalearon su economía. En este poblado fronterizo con México, al igual que en el resto del municipio, quienes logran tener una mejor condición de vida son aquellos que tienen a un pariente migrante en Estados Unidos.

Según las instrucciones de los COE departamentales y municipales, no podían ser inscritos como beneficiarios los empleados del estado o sus cónyuges, ni era permitido que una persona apareciera en dos listados distintos, y era prohibido anotar a quien hubiera recibido algún otro aporte estatal de la emergencia.

Este fue un requisito contenido en el reglamento del programa, pero quedó eliminado el 14 de junio a través del Acuerdo Gubernativo 78-2020. No obstante, a los representantes de las instituciones públicas y privadas que conforman los COE en Tacaná y Guastatoya, nadie les avisó.

Virginia López, integrante de la oenegé «Hermana Tierra», participó en la selección de las familias en la aldea Majadas, Tacaná, en donde viven 9,572 personas.

Su cuota de beneficiarios era de 593, para elegir bien armaron un equipo con el Cocode: el alcalde auxiliar, un enfermero, un maestro, la madre guía del Mides, y los representantes de los grupos religiosos de la aldea.

Crearon una lista de posibles beneficiarios y luego salieron a buscarlos para constatar que tenían la necesidad y reunían los requisitos gubernamentales. Algunas de las viviendas a visitar se encontraban hasta a 18 kilómetros de distancia del centro de la aldea. 

Por cada persona debían llenar un formulario y adjuntar copia del Documento Personal de Identificación (DPI). Algunas personas quedaron descartadas solo por haber recibido el código de inscripción al Bono Familia en el recibo de energía eléctrica.

Ángelo Esposito, misionero y representante legal de Hermana Tierra, reflexiona en cuanto al proceso. «Fueron elegidas la cantidad de familias que dio el gobierno. El alimento no llegará a todo el municipio, pero lo hará a los más vulnerables», dice. López añade que se esforzaron para que la elección de los receptores del aporte no fuera «por compadrazgos o intereses políticos, como han estado acostumbrados los líderes por años».

En Guastatoya, El Progreso, la búsqueda de los necesitados fue distinta. El alcalde usó su programa de radio diario para informar que los que reunían los requisitos establecidos por el gobierno debían presentarse a una oficina o llamar a un número de teléfono. Pocos llegaron.

«Nos dijeron que buscáramos al que no fuera del comercio informal, al que no iba a recibir el bono familia… Nos costó encontrar a las personas. Mi universo era poco porque yo estaba tomando como si a todos les iba a salir el bono familia y el aporte al comercio informal», relata el alcalde, Antonio Orellana.

A finales de agosto todavía había «tuctuqueros, los trabajadores de la feria y el mercado» que no habían recibido lo ofrecido. Después de cuatro ocasiones en las que les devolvieron los listados, el 27 de julio llegaron 1,449 bolsas de alimentos. Todas para entregar a personas del área urbana.

En este momento no se puede saber si todas las personas que aparecen en los listados necesitan la ayuda. Hay algunos diputados, como Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que opinan que de nuevo se repartirán beneficios por clientelismo y compradrazgo de políticos locales y diputados.

El subsectetario Técnico de la Sesan, Mario Morales, explicó a Plaza Pública que no trasladarán listados al MAGA o al Mides hasta que los COE municipales les envíen listados sin errores y con la cantidad exacta de beneficiarios que fueron autorizados.

¿En cuánto tiempo terminarán las verificaciones? «La dinámica no depende de nosotros sino de cada una de las municipalidades», indica Mario Morales, el subsecretario de la Sesan.

Algunos de los problemas que han detectado en las listas es que hay números de DPI mal escritos, personas inscritas en varios municipios, menores de edad y fallecidos registrados. El viceministro Rodas señaló que no veían mala intención por manipular las listas y que, en el caso de los decesos, algunos ocurrieron mientras hacían las verificaciones de los nombres.

El MAGA y el Mides deben entregar un padrón unificado, para demostrar que una persona no recibió la ayuda dos veces.

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Los primeros en recibir los alimentos

El ministro López, del MAGA, reportó que la Sesan les ha trasladado 116 listados de municipios, de un total de 340 que debe recibir.

Barrios, el presidente del Cocode sabe que una bolsa de alimentos no solucionará, pero puede aliviar los problemas de una parte de su comunidad. Después de ocho años en representación del poblado, considera que lo mejor habría sido que el gobierno enviara agrónomos para que les enseñara cómo hacer los invernaderos. «(Necesitamos) que se pueda producir y consumir en la comunidad. No solo con el asistencialismo, sino con una acción social».

Lo mismo piensa Ángelo Espósito, representante legal de Hermana Tierra y que también funge como vicario en la iglesia católica de Tacaná. «La miseria que se vive en nuestro contexto no se solucionará con una bolsa de alimentos. Aquí tenemos desnutrición, pobreza extrema, el suicidio de jóvenes, drogadicción, contrabando y desempleo». Y a esto agrega el «abandono educativo» a niños y jóvenes que viven bajo el concepto de que las oportunidades solo llegan a través de la migración a Estados Unidos.

«Es cierto que los maestros se han involucrado y el Mineduc ha dado los alimentos. Pero una cosa es dar los alimentos y otra abandonarlos en el proceso educativo», reflexiona Espósito. En tanto, sigue la espera de los víveres por la emergencia. A Espósito le han dicho que llegará en septiembre. La diputada Evelyn Morataya consiguió un calendario de entregas del Mides que indica que el reparto en Tacaná está programado para octubre.

El gobierno decidió que los primeros en recibir la ayuda serían los municipios de la región nororiental y suroriental. Ahí ha entregado a 25 municipios. Los otros 18 municipios reportados hasta finales de agosto estaban en la región central y suroccidental.

De los 10 programa de asistencia económica anunciados por el gobierno, tres se enfocan en el suministro de alimentos. El centro de investigación Diálogos, en su informe «A quién No llega la ayuda», expone que los departamentos con alta incidencia de casos de desnutrición son Escuintla, San Marcos, El Progreso, Zacapa y Retalhuleu. De momento, el Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID19 no ha llegado a ningún municipio de San Marcos y Retalhuleu.

Se suponía que el alivio para la población sería recibir la ayuda de un programa mientras otro iba en camino. Pero las restricciones para que una persona reciba apoyos de más de un programa han dejado sin ningún tipo de asistencia a varias personas. El informe de Diálogos, a julio de este año, indica que los programas con más avances de ejecución presupuestaria son los de alimentación para preprimaria y primaria, seguido del Bono Familia. Este aporte, sin embargo, apenas ha podido hacer el segundo de tres pagos ofrecidos.

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¿Por qué tarda la ayuda?

El ministro José Ángel López, titular del MAGA justificó que los atrasos en la distribución de alimentos es por inconvenientes logísticos y disponibilidad de productos en el mercado.

López contó que han tenido problemas para adquirir frijol de calidad. Melo dijo a Plaza Pública que el ciclo agrícola estaba en su fase final cuando empezaron a comprar, que devolvieron varias veces el frijol que les llevaban porque estaba sucio.

Los dos funcionarios dicen que el problema quedará resuelto con la cosecha que está en desarrollo. El gobierno abrió un contingente de 2,500 toneladas de frijol para que las compras que realice el PMA no afecten el abastecimiento local. Además del frijol, reportaron dificultades para adquirir harina nixtamalizada, porque el producto ha tenido alta demanda a nivel local durante toda la emergencia. En el caso de la harina de maíz y soya vitaminada o Vitatol, la única proveedora es Alimentos S.A. pero tiene limitaciones para surtir todo el pedido en corto plazo.

A esto se suma el problema de las bodegas. Melo usa como analogía que se necesitan 25 estadios de fútbol para poder poner 80,000 toneladas de alimentos, y por el momento solo tienen 10 bodegas fijas de Indeca, y otra cantidad similar provisionales.

Que el gobierno tenga el espacio suficiente tampoco resuelve todas las dificultades que retrasan la distribución de la ayuda. El viceministro Rodas dijo a Plaza Pública que tienen a 460 personas, entre personal de campo, bodegueros y pilotos, para encargarse de toda la logística de distribución. El ministro López dijo que hicieron esfuerzos porque esas personas estuvieran «habilitadas» para poder administrar productos que están registrados a nombre del Estado.

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El ministro López aseguró que a partir de la segunda semana de septiembre agilizarán las entregas. No obstante, dejó claro que no repartirán raciones incompletas porque no es permitido y porque no tienen la capacidad de visitar dos veces a un mismo municipio.  

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