Las noticias que circularon esa noche y la mañana siguiente eran que, según las declaraciones del presidente Morales, «un ataque armado perpetrado por soldados beliceños contra una familia en la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice ocasionó la muerte del niño Julio Alvarado y heridas a su padre y a un hermano menor».
La historia, siempre desde el lado oficial y nunca conferida por los medios guatemaltecos en fuentes independientes, es que la familia Alvarado se encontraba realizando labores de siembra de pepitoria cuando fue atacada. Según esta narración, la patrulla militar beliceña atacó sin razón ni motivo, tal parece que presa de una especie de síndrome antiguatemalteco que la lleva a disparar contra pacíficos vecinos desarmados.
El presidente, en un discurso de más de tres minutos que hizo difundir en el país y en el extranjero, acusó del asesinato de manera directa y contundente a las fuerzas armadas y al Gobierno beliceños, en una declaración que los medios de comunicación beliceños calificaron de incendiaria. Insistió, como luego lo haría su canciller en distintos medios, en lo desproporcionado del acto por la presunta saña contra un niño de apenas 13 años. De inmediato y sin mayores reflexiones ordenó al embajador guatemalteco volver al país para consultas, en un acto de la más alta y abierta confrontación diplomática, solo vista en el continente en los últimos tiempos en las disputas políticas entre los presidentes Chávez y Bush o en los zipizapes Chinchilla-Ortega.
Ordenó también (y esto es ya parte de lo extraño del asunto) lo siguiente: «A partir de este momento ejerceremos un estricto ejercicio de protección de la soberanía del río Sarstún y de toda la línea de adyacencia para garantizar que no haya más abusos por parte de las fuerzas de defensa de Belice en contra del territorio y de la población guatemalteca», cuando el crimen se había producido a cientos de kilómetros de las riberas y de la desembocadura del río citado, dentro de un territorio beliceño próximo a San José Las Flores, en el municipio de Melchor de Mencos.
De esa cuenta, si bien hubo un crimen alevoso y brutal contra un niño guatemalteco, como los sucedidos contra niñas indefensas en Villa Nueva recientemente, el hecho sucedió en territorio vecino y no se puede entender para nada como una acción de hostigamiento militar, mucho menos de abuso de la fuerza militar vecina en territorio guatemalteco.
Pero algunos hechos, para nada comunicados a la sociedad guatemalteca por el presidente y por sus ministros de Relaciones Exteriores y de la Defensa, dan pie a pensar que la actitud belicosa del presidente Morales no es sino una manera abierta de decirles a los vecinos que Guatemala no está dispuesta a realizar una negociación pacífica y amigable del diferendo territorial, para lo cual usa como pretexto el asesinato del niño Alvarado.
El viernes 8 de abril, dos semanas antes del asesinato del niño, el Gobierno de Belice hacía entrega formal al de Guatemala de un protocolo con 11 propuestas básicas para, según el ministro de Asuntos Exteriores beliceño, «asegurar que cualquier acuerdo alcanzado proteja la posición de Belice y ayude a mantener la paz y la estabilidad en la zona hasta el momento en que se resuelva la reclamación de Guatemala». En el acto estuvieron presentes los cancilleres de los dos países, sus embajadores y generales de sus Ejércitos —no se dice si el ministro de Defensa de Guatemala estuvo también presente—, así como un alto representante de la Organización de los Estados Americanos.
Para los beliceños, la propuesta trataba de establecer un «modus vivendi», es decir, un acuerdo que permita a las partes en conflicto coexistir en paz hasta que se pueda llegar a la solución definitiva. Esto, porque, como anotaba el diario beliceño The Guardian ese día, «la escalada de tensión en el río Sarstún entre el personal civil y militar guatemalteco y el beliceño ha obligado a los más altos funcionarios de ambos países a llegar a la mesa de discusión para establecer reglas de compromiso y así establecer la paz en la zona».
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No ha habido, pues, nada de trato amistoso o pacífico de parte de Guatemala en los últimos meses. Lo que ha existido es un permanente mutis al respecto, un ocultamiento de las propuestas de las autoridades del vecino país a la población guatemalteca, esta vez un protocolo de 11 puntos que, redactados en consenso entre el Gobierno y su oposición, proponía, entre otras cosas, que «los canales del río Sarstún [continuaran] siendo de libre navegación para embarcaciones de cada uno de los dos países sin ninguna interferencia»; que «las fuerzas armadas y del orden de ambas partes deberán abstenerse de cualesquier acciones o palabras amenazantes, abusivas o poco amistosas respecto a la otra en y alrededor de dicho río»; que «las partes cooperarán para prevenir o limitar los riesgos y reducir y eliminar las consecuencias adversas derivadas de las inundaciones, las sequías y los sucesos relacionados con sustancias peligrosas para el agua»; y que estas «cooperarán en la prevención y en la lucha contra las actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de armas y otras actividades ilegales de carácter transnacional».
La propuesta beliceña agrega que «las partes cooperarán para evitar incidentes en el río Sarstún conducentes a tensiones entre ellos. En el caso de un incidente de este tipo, las partes deben comunicarse inmediatamente para contenerlo, resolverlo y evitar su recurrencia». El canciller guatemalteco recibió personalmente la propuesta y expresó no tener problema con ella, pero una semana después (es decir, antes de los lamentables sucesos al otro lado de la frontera de San José Las Flores) hizo saber a la parte beliceña que Guatemala simplemente no aceptaba ese protocolo de 11 puntos, por lo que los barcos beliceños deberán continuar pidiendo permiso a las tropas guatemaltecas para transitar por el río y llegar a la desembocadura, a lo que Belice ha dicho tajantemente que no lo hará y que sus barcos, civiles y militares se moverán en el río con base en los límites establecidos en el acuerdo de 1859.
Era de esos asuntos álgidos y tensos de los que hablarían las representaciones guatemalteca y beliceña en las instalaciones de la OEA en Washington los días 20 y 21 de abril y que vinieron a verse mañosamente acallados con la muerte del niño.
Quedan así en el ambiente varias dudas y preocupaciones que solo la necesaria e indispensable transparencia del Gobierno de Guatemala puede resolver. ¿Por qué el rechazo brusco y tajante a la propuesta de los 11 puntos presentados por Belice sin haber informado absolutamente nada de ello a la ciudadanía guatemalteca?
Las propuestas beliceñas buscan un trato amistoso y pacífico, pero, con su proceder, Guatemala y sus autoridades demuestran simplemente que priva la visión nacionalista y beligerante a ultranza. Con su silencio abona a favor del tradicional rechazo de los guatemaltecos a sus vecinos y se muestra cual mansa paloma, cuando quienes manipulan y ocultan información son las autoridades guatemaltecas. El nacionalpopulismo que grupos de exmilitares y perpetradores de crímenes contra la humanidad postulan tiene en el asunto de Belice su más clara expresión, y la sociedad guatemalteca no puede ser embaucada con tales ideologías.
De todos es conocido que la frontera con Belice, en particular en las cercanías a poblaciones como Melchor de Mencos, es porosa y desprotegida, por lo que el tráfico ilegal de todo tipo tiene allí tránsito fácil. El abandono casi absoluto en el que se encuentran las poblaciones guatemaltecas en esa zona, como en casi todas las zonas fronterizas, las hace presa fácil de traficantes inescrupulosos, por lo que el asesinato del niño bien pudo ser consecuencia de prácticas ilegales de uno y otro lado.
Si bien puede pensarse que el crimen fue una acción desmedida de parte de la patrulla beliceña, como insiste en hacernos creer el Gobierno guatemalteco, debe explicarse mejor por qué los campesinos chapines se movían o cultivaban en tierras ajenas y en un país extraño en un horario que más que atardecer es nocturno. Por qué, como afirma el padre del niño, los disparos recibidos por él y los que mataron a su hijo son de distinto calibre, cosa que vendría a poner en duda que la agresión fuese de una patrulla militar. Además, a cuenta de qué el Ejército de Guatemala decidió atender las heridas leves del adulto en su hospital, y no en una clínica pública de la región, obstruyendo así cualquier pregunta indiscreta de los medios de comunicación.
Si bien debemos demandar de las autoridades de Belice una exhaustiva y escrupulosa investigación de los hechos que llevaron a la muerte del niño, es también imprescindible que el Gobierno de Guatemala informe con claridad y sin ambages su política de paz y de buena vecindad para con los beliceños. Asimismo, debe explicarnos las razones políticas del rechazo tajante al protocolo de 11 puntos propuesto el 8 de abril por Belice.
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