Ahora, el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fija «garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos» y para lograrlo define seis metas y dos medios.
Las metas del ODS 6 reiteran la importancia de lograr acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento. Avanzan hacia la seguridad hídrica porque también se refieren a lograr la mejora de la calidad del agua reduciendo la contaminación e incrementando el tratamiento de las aguas residuales. Abordan la eficiencia señalando la necesidad de adoptar mejores prácticas, el reciclado y el reúso para contribuir, además, a reducir los márgenes de escasez de agua. Las metas también evidencian la interdependencia ambiental entre el agua y los demás bienes naturales y ecosistemas y reiteran la aplicación del paradigma de la gestión integrada de los recursos hídricos como medio para abordar su compleja administración. Como medios, el ODS 6 reitera la cooperación para el fortalecimiento institucional y destaca el papel fundamental de la participación comunitaria.
Sin duda alguna, los ODS marcan una tendencia para el mediano plazo que exige mejorar las condiciones de gestión y gobernanza del agua, pues la comunidad internacional reconoce que se trata de un bien vital, necesario para la sociedad, útil para le economía y esencial para el ambiente.
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Aun cuando Guatemala teóricamente cuenta con agua suficiente para satisfacer todas las demandas y solo ha comprometido cerca del 20 % de esa disponibilidad, se estima que tres millones de guatemaltecos carecen de agua segura para consumo humano; y seis millones, de servicios de saneamiento. La población pobre del área rural carece de recursos para incorporar prácticas de riego o almacenamiento de agua que aseguren sus medios de vida. Las fuentes de agua están altamente contaminadas porque son utilizadas como vertederos para todo tipo de desechos. Y los aprovechamientos para fines productivos, como la agricultura extensiva, la generación de energía y la extracción minera, son fuente de graves conflictos entre los sectores social y privado, así como entre estos y el Estado.
Agua suficiente, demandas insatisfechas y conflictos. Se trata de un reto de gobernabilidad y de falta de capacidades para lidiar con un bien móvil por naturaleza, espacial y temporalmente distribuido de manera no uniforme debido a la variabilidad climática, ahora exacerbada por el cambio climático.
Para asegurar avances significativos en el cumplimiento de las metas del sexto de los ODS para el año 2030, el Estado de Guatemala, a través del sistema nacional de planificación y en línea con el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, adoptado en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002, debe proceder de manera urgente a formular, aprobar y poner en marcha el Plan de Gestión Integrada y Aprovechamiento Eficiente del Agua, cuyo proceso de diseño, altamente participativo e inclusivo, permitirá introducir políticas públicas específicas, expresadas en leyes, instituciones y presupuesto, capaces de transformar los conflictos en oportunidades para todos, definir la seguridad hídrica como fin y adoptar la gestión integrada del agua como medio, además de los principios de equidad, participación y solidaridad en armonía con la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental como fundamentos.
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