Hace dos semanas se divulgó la noticia sobre traslados de reclusas en la cárcel preventiva de mujeres de Quetzaltenango a la Granja Penal de Cantel, con el propósito de explotarlas sexualmente. Luego, la semana pasada, se comunicó la captura por este caso de Erick René Valdéz Velásquez, subdirector de la prisión; Marvin René Poncio Solís, alcaide de la Granja Penal de Cantel, y de Geraldina Antonieta Trinidad Méndez, rectora de la cárcel preventiva para mujeres de Quetzaltenango. El juez Mario Gómez Monge los ligó a proceso penal, concediéndoles arresto domiciliario bajo control telemático, toda vez, por ser autoridades penitenciarias, sus vidas corren peligro en los centros que regentaron.
La información que ha circulado en medios periodísticos da cuenta de que estas personas presuntamente recibieron pagos por los servicios sexuales que las reclusas eran forzadas a prestar, tanto a reos como a guardias y autoridades de la Granja Penal de Cantel, al parecer. Este es un verdadero escándalo que no debemos dejar que pase desapercibido, y menos normalizarlo como algo «común» que pasa o que siempre ha pasado.
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Primero, el horror de esa forma de esclavitud que sufre cualquier persona que es explotada sexualmente, o de cualquier otra forma, una violación gravísima a los derechos humanos y fundamentales. Luego, la plétora de delitos y asuntos legales en torno a estos hechos. Uno que en particular me horroriza es el hecho que las víctimas estaban recluidas en un centro preventivo, es decir que, presuntamente, son personas ligadas a procesos penales y que no han sido condenadas, y con ello, con la posibilidad muy real de que sean inocentes de lo que se les acusa. Posiblemente, como ocurre en Guatemala, allí se encuentran recluidas hasta personas que se vieron involucradas en hechos, por ejemplo, de tránsito. Una madeja dolorosa de la que se deshilan muchas tragedias.
Pero, además, la información servida por la prensa alerta que el asunto no causa sorpresa, porque, según Andrea Barrios, coordinadora general del Colectivo Artesana, estos crímenes eran un secreto a voces. Según Barrios, desde hace por lo menos cinco años venían denunciando los hechos ante las autoridades del Sistema Penitenciario y otras instancias, pero hasta ahora se toman acciones.
Es difícil creer que semejantes crímenes hayan permanecido impunes por tantos años, y que las autoridades, incluyendo directores, viceministros, ministros y presidentes de la República, no se hayan enterado. Particular indignación genera el caso de Alejandro Giammattei, pues fue director del Sistema Penitenciario. Claro, Giammattei está implicado y guardó prisión en el caso de ejecuciones extrajudiciales en los centros de detención Pavón e Infiernito. Siendo un mafioso de carrera en el mundo de los delitos carcelarios debería investigarse por qué Giammattei permitió que sus carceleros ejecutaran con impunidad estos delitos. Y de allí hacia abajo, hasta esclarecer la verdad de quiénes fueron los que cometieron delitos al permitir, si no beneficiarse, de estos crímenes.
Sanear de abusos y corrupción el sistema penitenciario es una gran oportunidad para el nuevo gobierno del presidente Arévalo, para demostrar un cambio real respecto al de Giammattei y predecesores. Demostrar que no es fácil, pero sí posible.
Demostrar que la administración del Sistema Penitenciario es cuestión de cumplir la ley, ni más, ni menos. Se dice fácil, pero se trata de derrotar mafias poderosas y profundamente enquistadas en las instituciones. Si no, ¿cómo puede explicarse el «secreto a voces» de que esta estructura criminal explotó sexualmente, por cinco años, a las reclusas de la cárcel preventiva de mujeres de Quetzaltenango?
Vaya escándalo.
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