El jueves de la semana pasada la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) condujo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en la oficina en Guatemala de Save the Children. El propio Rafael Curruchiche, el internacionalmente sancionado jefe de la Feci, explicó que estas acciones son parte de un caso transnacional de posibles delitos en contra de la niñez.
Esta acción tuvo como antecedente una nota que Ángel Pineda, el también internacionalmente sancionado secretario general del MP, dirigió al procurador general del estado de Texas de Estados Unidos, acusando, sin pruebas ni argumentos legales, a Save the Children de delitos contra la niñez migrante. La oficina en Guatemala de esta organización se pronunció recalcando que no facilita y nunca ha facilitado el traslado de niñas, niños o adolescentes fuera de Guatemala, declarándose impactada y desconcertada por las acciones del MP, claro está, sin precedentes. El MP no comunicó acusación alguna, ni evidencias que respalden las acusaciones.
El asunto va más allá de la harta obligación del MP de sustentar semejantes acusaciones en contra de una prestigiosa organización internacional. Tiene una inquietante trayectoria de escaramuzas politiqueras en Estados Unidos, especialmente en las redes sociales. Ocurre que en torno a 2020, grupos de partidarios y simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien buscaba reelegirse en noviembre de ese año, y grupos de extrema derecha como QAnon o Pizzagate, empezaron a usar la etiqueta #SaveTheChildren, usurpando el nombre de la ya referida organización internacional.
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Estas acciones alimentaron una teoría conspirativa en Estados Unidos, en la que, supuestamente, niños están siendo secuestrados en grandes cantidades para abastecer a una red de trata de niños, de la que se beneficiarían supuestos actores progresistas de Hollywood y políticos del Partido Demócrata de ese país. Esta narrativa espuria evolucionó a acusaciones directas en contra de Save the Children, incluso especificando que estaba secuestrando niñas y niños de Guatemala para trasladarlos a Estados Unidos con esos fines criminales.
Estos antecedentes ayudan a entender las razones por las cuales, de repente y de súbito, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche y Consuelo Porras se presentan cual héroes defensores de la niñez guatemalteca. No resulta aventurado ni excesivo conjeturar que, al igual que como ocurrió en 2020, los partidarios de Trump quieren reactivar en 2024, de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses programadas para noviembre, la historieta esta de políticos demócratas supuestamente traficando a la niñez guatemalteca a Estados Unidos para satisfacer sus vicios pedófilos.
Seguramente alentados por los delirios de las organizaciones de derecha extrema guatemaltecas, y angustiados por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, la clica de Pineda, Curruchiche y Porras ven en Trump una suerte de salvador que los rescatará de su inminente desgracia. Esta motivación posible explicaría el esmero, la dedicación y la celeridad con la que actúan como agentes serviles y rastreros de los lobistas estrategas de Trump, alimentando con hechos las narrativas absurdas de grupos como QAnon.
Como sea, es inaceptable que una organización seria y prestigiosa como Save the Children sea atacada con otro caso espurio fabricado por el MP guatemalteco, ahora, con la peregrina intención de apoyar la campaña electoral de Trump.
Lo preocupante es hasta qué punto esta fantasía de un Trump salvador de la pandilla que tiene capturado el MP y del ultra conservadurismo de la derecha extrema continuará intensificándose conforme se acerquen las elecciones estadounidenses de noviembre.
Urge recuperar al MP de las garras de esta mafia.
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