Esta afirmación parece el más profundo pesimismo o una afrenta a la voluntad popular y la intención del nuevo gobierno. Sin embargo, la suficiencia de una política pública debe ser el resultado de un análisis técnico fiscal. Si se triunfa en la lucha contra la corrupción, ¿nos alcanza o son necesarias más acciones para resolver los problemas de Guatemala?
Justamente eso es lo que el Icefi aborda en su más reciente estudio. Analiza y evalúa la situación actual de Guatemala con la neutralidad que exige el rigor técnico.
Concluye que corregir las deficiencias estructurales de Guatemala, como el hecho de que las hermanas y hermanos migrantes, los excluidos, son quienes hoy sostienen la afamada estabilidad macroeconómica, requiere una agenda de desarrollo integral, incluyente y legítima; y esta requiere que el Estado invierta muchísimo más y mejor. Y eso nos lleva, inevitablemente, al problema fiscal de Guatemala.
Sin embargo, la experiencia de la ciudadanía guatemalteca es que los gobiernos han sido cada vez más y más corruptos, por lo que, aún cuando se aceptase la necesidad de que el Estado haga más, un tema puramente ideológico, el convencimiento de que los gobernantes son corruptos y ladrones genera una oposición, muy lógica y basada en hechos reales, al fortalecimiento fiscal del Estado.
Así que el primer paso urgente y necesario es, efectivamente, la lucha contra la corrupción. El documento del Icefi cita una estimación reciente de que el éxito en este esfuerzo podría recuperar recursos por alrededor de 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), unos 23,000 millones de quetzales. Ahora, lo que el estudio del Icefi nos ayuda es a responder preguntas como: ¿eso es poco o mucho? ¿Alcanza para la agenda de desarrollo que tanto necesita Guatemala?
Y la respuesta es contundente: no. En realidad es poco para todo lo que hace falta hacer. El Icefi explica con rigor técnico que hace falta movilizar muchos más recursos, los cuales solo pueden provenir de dos fuentes que son la deuda pública (los impuestos que pagaremos en el futuro), o los impuestos actuales.
Pero en campaña, el entonces candidato Arévalo prometió que no impulsarían una reforma tributaria que cree nuevos impuestos o que eleve las tasas impositivas actuales. Entonces, ¿se pueden movilizar recursos adicionales a los que recuperaría la lucha exitosa contra la corrupción?
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Lo interesante del estudio del Icefi es que responde con un sí cuantificado. Explica que, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni elevar las tasas impositivas actuales, el gobierno podría lograr recursos adicionales hasta por alrededor de 10 % del PIB, unos 83,000 millones de quetzales. ¿Cómo? Bueno, explica que el sistema tributario parece un queso suizo, lleno de agujeros en la legislación tributaria actual. Estos agujeros son una serie de privilegios fiscales que en años anteriores el Congreso ha aprobado para beneficiar a sectores o grupos económicos específicos.
Es decir, lo que el Icefi dice es que el problema de que grupos tengan el privilegio abusivo de no pagar los mismos impuestos a los que sí están obligados la mayoría, es enorme, y lo que propone es que haya justicia tributaria: que pague más el que tiene más capacidad de pago, y que todos los que están en condiciones iguales, paguen lo mismo. Los agujeros que plagan nuestro sistema tributario existen porque las leyes actuales violan sistemáticamente estos dos principios de justicia.
Luchar contra la corrupción como prioridad y primer paso urgente, sí; pero debemos reconocer que no alcanza. Además, debemos garantizar la justicia tributaria, y con ello sí que podría alcanzarnos para la agenda de desarrollo que necesitamos.
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