El caso contra Claudia González es «el símbolo de la lucha contra la injusticia del MP»

Una abogada defensora que todos los días iba a litigar sus casos a la Torre de Tribunales salió del edificio una de esas tardes esposada y escoltada por siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes la llevaron hasta un vehículo Hilux 4x4 con dirección a la cárcel militar Mariscal Zavala.

Claudia González, es licenciada en Derecho, reconocida en los pasillos de las instituciones del sistema de justicia. Fue capturada la madrugada del 29 de agosto de 2023. Fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes policiales tocaron a su puerta esa mañana, un momento que ella esperaba desde hace más de un año, cuando sus colegas empezaron a ser perseguidos por la gestión de la Fiscal Porras.

El mismo día de su captura fue enviada a prisión en aislamiento en la misma cárcel donde está recluido el periodista José Rubén Zamora, crítico de gobiernos, condenado durante la presidencia de Alejandro Giammattei por supuesto lavado de dinero a través de elPeriódico, matutino que cerró debido a asfixia económica.

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La vida de la abogada González se ha desarrollado paralela a algunos de los momentos más importantes en la construcción del sistema de justicia de Guatemala. Inició su carrera a finales de los 80, cuando estudiaba Derecho y era secretaria en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), donde trabajó junto a Monseñor Juan José Gerardi.

Años después litigó en el juicio por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, ultimada en 1990 tras investigar casos de población desplazada y refugiada por el conflicto armado interno en el país. También fue parte de la desaparecida Cicig, donde peleó en los tribunales casos de corrupción contra funcionarios, políticos y empresarios de alto nivel.

«(Claudia) se convirtió en el símbolo de la lucha contra la injusticia del Ministerio Público», dijo Alejandro Rodríguez, uno de sus abogados defensores. Este caso evidencia un «mal uso del derecho penal», agrega, ya que afecta la defensa de más de 170 denuncias presentadas contra una docena de exfiscales y exintegrantes de la Cicig, que González defendía.

«Este es un golpe neurálgico para destruir las estrategias de defensa de los operadores de justicia y para dar un ejemplo intimidante para los demás», señaló Rodríguez, quien conoce a Claudia González desde hace más de 30 años.

Cercana a Gerardi

Cuando tenía 19 años, González dividía sus días entre estudiar Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ser secretaria de la Odhag, dirigida por Monseñor Gerardi, un lugar donde se acercó a conocer la justicia social y que la formó en temas de derechos humanos.

«Yo veía entrar a Monseñor Gerardi y preparaba dos cafés, así me sentaba a platicar con él. Hablábamos de mis estudios, de cómo me iba, de lecturas, de música, me regaló algunos casetes. Tengo grandes recuerdos muy lindos de él», recordó 20 años después, mientras esperaba esposada el inicio de su audiencia.

La abogada trabajó en la Odhag años antes de que iniciara el proyecto para la elaboración del Remhi (el informe que recoge los testimonios de las masacres ocurridas durante la guerra interna en Guatemala).

«Toda la práctica que tuve inicialmente en derechos humanos fue la que me trajo hasta aquí. Desde al año pasado que defendía a Virginia (Laparra), Siomara (Sosa) y otros colegas, muchos me preguntaban que por qué seguía, pero el tema son los derechos humanos, no se puede dejar a la gente sola y desamparada, sobre todo en este contexto de criminalización, no sería justo dejar a la gente sin defensa», dijo González.

De esa forma, desde julio de 2021, cuando Juan Francisco Sandoval fue destituido por Consuelo Porras como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), situación que lo forzó a huir de Guatemala, González se convirtió en defensora del exfiscal.

En poco tiempo la abogada se volvió una presencia recurrente en los pasillos del Ministerio Público, donde rondaba entre fiscalías para buscar información de las denuncias que empezaban a acumularse contra Sandoval,otros integrantes de su equipo en la Feci, y excolegas de la Cicig, institución donde trabajó entre 2011 y 2019.

Tras el cierre de la Comisión en 2019, González, y más de 80 analistas, investigadores y abogados que trabajaron junto a ella, se quedaron sin protección; Porras, quien llevaba un año como jefa del Ministerio Público, se negó a contratar al personal y anunció que rediseñaría la Feci, un plan que se concretó en 2021 cuando al despedir a Sandoval nombró a Rafael Curruchiche como nuevo jefe de la unidad.

Curruchiche dijo a Plaza Pública que su misión era «reencauzar la Feci y volverla a la legalidad». Desde entonces, decenas de personas que eran investigadas por esta fiscalía han recuperado su libertad, se han cerrado sus casos sin que el MP se oponga, se detuvieron grandes investigaciones de corrupción —como una denuncia en contra del presidente Giammattei que nunca avanzó—; por el contrario, la Feci fijó sus esfuerzos en procesar a sus exintegrantes.

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Esto le valió a Curruchiche, Porras y a la fiscal Cinthia Monterroso, ser incluidos en la Lista Engel de Estados Unidos de actores considerados «corruptos y antidemocráticos».

El exfiscal Sandoval, exiliado en Washington, recuerda que sus primeros casos en Tribunales como agente fiscal los peleó junto a González, su par en la Cicig.

«No quiero hacer de menos a nadie porque en la Cicig había buenas abogadas, pero sin temor a equivocarme, González era la mejor, hacíamos un gran equipo en las audiencias. Yo nunca pensé estar en estos líos legales, pero en algún momento le dije que si me tocaba pasar por eso, yo quería que ella me defendiera. Lamentablemente se hizo realidad. Confío mucho en ella», relata.

En 2021, tras ser destituido, Sandoval publicó un comunicado advirtiendo que sus excolegas en la Feci y en la Cicig estaban siendo intimidados por el MP. Dos años después ese acoso se convirtió en persecución real: más de 35 exoperadores de justicia están exiliados, casi todos están denunciados, Sandoval acumula cinco órdenes de captura, Virginia Laparra cumple una condena y se enfrenta a un nuevo caso; Paola Escobar y Aliss Morán, ex auxiliares fiscales esperaron meses para recibir arresto domiciliario, y su abogada ahora está encarcelada.

Otra de ellas, la exauxiliar fiscal Samari Gómez pasó casi un año en prisión antes de ser absuelta de todo cargo. El común denominador detrás de la mayoría de casos, es que la Fundación contra el Terrorismo los denunció.

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«Golpear a Claudia también fue un mensaje. Hoy, no tengo defensa ni quien me represente en Guatemala y ella también defendía a otras 12 personas más perseguidas por el MP», señala Sandoval.

No se conocen muchos detalles sobre por qué la Fiscalía de Delitos Administrativos persigue a González, ya que el juez Jimi Bremer, también incluido en la Lista Engel, declaró el caso bajo reserva, lo que impide que la prensa y el público pueda preguntar del expediente.

Lo que se sabe es que el caso parte de una denuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, por supuesto abuso de autoridad. Stalling fue capturada por una investigación de la Cicig y la antigua Feci, luego de que el juez Carlos Ruano la denunció por tráfico de influencias.

«En febrero de 2017, Claudia González y yo firmamos un antejuicio y unas horas antes, Siomara Sosa (exfiscal) pidió información al Organismo Judicial. Esto era parte del procedimiento y está regulado en la ley. Ahora a los tres nos persiguen», explica Sandoval.

El juez Carlos Ruano también está al borde de ser procesado. La Fundación contra el Terrorismo lo denunció utilizando el caso de Stalling, y ahora enfrenta un proceso de antejuicio, proceso que hasta el 12 de septiembre estaba pendiente que el magistrado Néctar Guilebaldo De León Ramírez enví a la Corte Suprema de Justicia un informe donde recomiende el retiro o no, de la inmunidad de Ruano, que si llega a perder podría ponerlo en riesgo de ser capturado.

Tanto el juez Ruano como la abogada González, en ocasiones separadas, han dicho que los casos en su contra son «venganzas» por haber denunciado a Stalling.

Un mensaje para el resto

La abogada González es llamada entre sus colegas como una mujer «valiente e inteligente». Esas cualidades incluso fueron reconocidas internacionalmente. En mayo de 2023 la organización Lawyers for Lawyers le entregó en Amsterdam, el premio del año por representar «valientemente a defensores de derechos humanos a un alto costo para su propia vida y seguridad personal».

«Soy parte de una generación de abogadas que crecimos y nos formamos en un país marcado por la guerra y el autoritarismo, pero que hemos ejercido la profesión en tiempos de paz. Me reconozco como parte de un grupo de abogadas que creemos que la lucha por defender la dignidad de las personas y el estado de derecho vale la pena», dijo al recibir el premio.

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González ahora se enfrenta a tiempo en la cárcel y a defenderse en un sistema justicia en el que incluso las reglas básicas que ya eran conocidas han cambiado y ahora se utiliza para cobrar «venganzas».

Jovita Tzul, abogada del Bufete de Pueblos Indígenas, nunca trabajó junto a González, pero acudió a acompañarla en la primera declaración. La audiencia se realizó a puerta cerrada y Tzul esperaba afuera junto a familiares, amigos y observadores internacionales, entre ellos altos diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea.

«Este es un retroceso grande para la independencia judicial, para la búsqueda de justicia en el país. Nosotras como abogadas, como profesionales, hacemos nuestro trabajo en el marco de la ley, así cómo lo ha hecho la licenciada González. Es triste ver que quienes juegan con las reglas claras, son quienes al final terminan siendo judicializados y mientras que quienes manipulan al sistema continúan impunes», dijo Tzul.

Patrones entre casos

González fue abogada de Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción que cumple una condena por abuso de autoridad luego de que la denunció el juez Lesther Castellanos, incluido también en la Lista Engel. Laparra fue declarada presa de conciencia por la organización Amnistía Internacional (AI), un título dado a personas que sin utilizar violencia son encarceladas por sus creencias, origen étnico, color, sexo o idioma.

En su defensa, González peleó por cambiar las condiciones carcelarias de Laparra, quien durante meses vio limitados permisos para ser trasladada desde la cárcel al hospital y que por orden del Sistema Penitenciario permanece 23 horas al día encerrada en una bartolina y solo una hora puede salir a recibir el sol. González ahora se encuentra en la misma situación.

«Cuando hablaba con Virginia le decía que tuviera fuerza, que íbamos a llegar al fin de esto. Ahora soy yo la que está en esto y necesito ser fuerte por ella también. Llegaremos hasta las últimas instancias para demostrar nuestra inocencia», dijo González en la Torre de Tribunales.

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Y así como la abogada le decía a su clienta que resistiera, González tiene tras ella a casi una docena de colegas litigantes que la respaldan y que se han ofrecido a defenderla.

Cuando González llevaba menos de una semana en prisión, su madre falleció. El juzgado le autorizó acudir al velorio y al entierro, algo que la abogada dice fue «necesario para cerrar el duelo», aunque esté lejos de su familia.

El miércoles 12 de septiembre, el juez Bremer finalizó la audiencia de primera declaración y pidió una semana más para emitir la resolución donde se dé a conocer si González enfrentará un proceso penal. González se muestra confiada y asegura que el caso es ilegal y que no tiene sustento, principalmente porque es señalada del delito de abuso de autoridad, que según la ley solo aplica a funcionarios públicos, no a exmandatarios de organizaciones internacionales como ella.

Su familia, amigos y colegas acuden a cada audiencia exigiendo su liberación, entre ellas su hija María José Contreras, de 22 años.

«Cuando iba creciendo sabía que mi mamá era alguien importante, que hablaba de cambiar el sistema, creo que sí lo estaba haciendo y lo sigue haciendo. Ella nos habló de que esto podría pasar, nos preparó y nos dijo que era su decisión estar aquí y defender a sus compañeros. Ahora nos da esperanza ver tanto apoyo que tiene, incluso internacional», dijo Contreras.

Se espera que el juez Bremer dé a conocer su resolución el próximo 19 de septiembre. Mientras tanto, González pasará una semana más en aislamiento carcelario.