La reconfiguración de la justicia post Cicig: 118 acusados beneficiados bajo el MP de Porras

La Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) llegó a presentar 120 casos de corrupción. Plaza Pública hizo un recuento del estado de los procesos, los datos revelan que en 35 casos presentados, más uno por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Conflicto Armado Interno, a la fecha suman 118 las personas beneficiadas con clausura, el descarte de pruebas u otras medidas. El resto de expedientes siguen su curso, ninguno tiene sentencia firme.

Las acusaciones se desbarataron desde el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Rafael Curruchiche, o juzgados en los que reemplazaron (con presiones para que renunciaran) a jueces que iniciaron los procesos.

img_0950.jpeg

De entre todas, hay una figura que ejemplifica el antes y el después de la justicia de los últimos años en Guatemala. Tuvo cinco órdenes de captura, estuvo prófugo cuatro años (2016 - 2020), se entregó y, aunque la policía lo detuvo, nunca fue visto con grilletes y, si todo sigue el mismo rumbo, tampoco enfrentará un juicio. Su nombre es Alejandro Sinibaldi.

Fue Ministro de Comunicaciones, una de las instituciones más saqueadas por la corrupción. Tanto, que los titulares de los últimos cuatro gobiernos también están acusados por malos manejos de fondos, sobornos y pagos injustificados en la construcción de carreteras. 

 [embedpzp2]

También, junto a su enemigo público pero amigo en privado, Manuel Baldizón, fue el gran negociador en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelaciones, según reveló una investigación de la Cicig. Algo que él niega.

Sinibaldi estaba por alcanzar la cima del poder al intentar buscar la presidencia, pero su carrera política cayó con la inercia del desplome del gobierno del Partido Patriota. El binomio presidencial, conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se vio obligado a renunciar en 2015 luego de que la extinta Cicig y la antigua Feci, revelaran los casos más escandalosos hasta entonces conocidos en la administración pública.

Eso ocurrió en otra época del sistema judicial. 

La Cicig y la Feci llegaron a revelar 120 casos de corrupción de alto nivel y cinco de ellos apuntaban a Sinibaldi. Pero, años después, tras una estrategia exitosa para sacar a la comisión del país, tomar el control de la Feci y voltear sus investigaciones hacia los fiscales que investigaron esos expedientes, se evidencia que Sinibaldi es parte de las al menos 118 personas que beneficiadas con resoluciones de juzgados, salas de apelaciones y del mismo MP bajo la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras.

[embedpzp3]

Según analistas, la exposición de las redes de macrocriminalidad a la luz pública provocó que estas se reconfiguraran y decidieran utilizar al mismo sistema judicial como mecanismo de impunidad.

La caída de los casos es el preámbulo a la decisión que tomará el Congreso para elegir a las y los nuevos integrantes de la CSJ y Salas de Apelaciones, una elección crucial para el futuro de la justicia en Guatemala.

La vuelta al sistema

Para Sinibaldi fueron más largos los cuatro años que pasó prófugo, que el tiempo que le tomó librarse de los casos en su contra. El exfuncionario asegura que fue su defensa técnica la que lo sacó de la cárcel y de los juzgados, y que las salas de apelaciones le dieron la razón en cada una de sus peticiones. Los datos evidencian que fue ese «regresón» del sistema de justicia el que lo favoreció.

En 2019, un informe de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) y la Fundación Myrna Mack concluía que, para esa fecha, Guatemala tuvo avances importantes en cuanto «al fortalecimiento y expansión de la capacidad de sus instituciones judiciales» y reportó un aumento en el nivel de confianza pública en el sistema de justicia. Hacía énfasis en la capacidad del MP, en parte «por los avances en la investigación de casos emblemáticos de corrupción».

img_0954.jpeg

La Cicig fue expulsada de Guatemala en 2019, producto de las gestiones del entonces presidente Jimmy Morales, el mismo que nombró a Porras como Fiscal General. Bajo la administración de Porras y tras destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval, la Feci cambió su estrategia de persecución penal. Inició el giro completo al sistema.

Sinibaldi lo explica de otra forma. «Han dado a entender que he sido beneficiado por un sistema de justicia, (pero) más que beneficiado, he contado con una defensa técnica profesional y hemos aprovechado todas las herramientas que nos da el sistema de justicia guatemalteco. La Cámara de Amparos, (así) como las diferentes salas de apelaciones, al día de hoy han resuelto a mi favor cada una de las apelaciones que se han presentado, en diferentes procesos. En más de ocho y diez veces me han dado la razón», dijo el pasado 26 de abril al salir de su última audiencia ante un juez. La última porque el resto de casos también fueron cerrados antes de que llegara a juicio y se sentara frente a un tribunal.

Los datos procesados por Plaza Pública revelan que, tras la salida de Sandoval como jefe de la Feci en julio de 2021, los procesos se convirtieron en desestimaciones, salidas de la cárcel, órdenes de captura revocadas, cambio de delitos y sentencias anuladas en tribunales.

[embedpzp4]

Los datos también muestran que las salas de apelaciones son las que más han otorgado beneficios, y que el MP dejó de apelar en al menos 16 de estas resoluciones. También evidencian un fenómeno más profundo: las instituciones de justicia aún son mecanismos generadores de impunidad para las redes de macrocriminalidad expuestas en la era de la Cicig y que ahora se reconfiguran.

[embedpzp5]

¿Cómo pasó esto?

«Nos hemos dedicado a combatir la corrupción en todos los niveles. La corrupción es un cáncer que socava la confianza pública, desvía recursos necesarios para el desarrollo y perpetúa la desigualdad», dijo Porras al presentar el informe de labores, el 16 de mayo de 2024.

Contrario a su discurso, Porras cumple seis años como Fiscal General y acumula sanciones en 42 países que la consideran una actora corrupta y antidemocrática. 

Durante más de un mes Plaza Pública solicitó una entrevista con Porras. El vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, respondió que la misma sería tramitada pero dejó de responder a las consultas y seguimiento para este reportaje.

La salida de Sandoval de la Feci marcó un antes y un después en la persecución de los crímenes de corrupción en Guatemala. En agosto de 2021, dos semanas después que Porras lo destituyera sin seguir el procedimiento debido, la jefa del MP nombró en su lugar a Rafael Curruchiche, un abogado que por años dirigió la Fiscalía de Delitos Electorales. 

[embedpzp6]

Curruchiche tenía clara su misión desde que llegó a la Feci: voltear el rumbo de las investigaciones. A pocos meses de asumir el cargo, dijo en una entrevista con Plaza Pública que su labor sería «reencauzar los casos a la legalidad». En poco tiempo la fiscalía apuntó al equipo que trabajó con Sandoval y giró capturas contra fiscales y auxiliares. La actitud fue distinta frente a políticos y empresarios sindicados de corrupción, como en el caso de Sinibaldi.

El jefe de la Feci también acumula sanciones de 29 países, entre ellos Estados Unidos, que al igual que a Porras lo consideran un actor corrupto y antidemocrático.

img_0957.jpeg

Las estrategias efectivas de Sinibaldi

El exministro de Comunicaciones ha sido beneficiado con las acciones del MP y otras instancias. Por ejemplo, en los casos Odebrecht, así como en Construcción y Corrupción. 

El político ha dicho públicamente que fueron salas de apelaciones las que, a su petición, «botaron» los convenios de colaboración eficaz en esas investigaciones.  Estas eran declaraciones de personas de alto rango y de confianza, involucradas en los hechos, que hablaron con los fiscales a cambio de recibir beneficios judiciales. El MP estuvo de acuerdo con la anulación de estos convenios.

El 24 de junio de 2022, el fiscal Curruchiche celebró la anulación de esas declaraciones y pidió una orden de captura contra su antecesor, Sandoval, por supuestas anomalías en ese caso.

[embedpzp1]

«Se ha logrado una falta de mérito y hoy están en firme todos los sobreseimientos que se me han dado», celebró Sinibaldi en abril de este año, cuando la jueza Abelina Cruz Toscano cerró el caso Construcción y Corrupción. En ese proceso lo acusaban de cobrar sobornos a cambio de contratos en el Ministerio de Comunicaciones, cuando era el titular. Esta vez Curruchiche parecía ir en otra dirección, ya que anunció que había apelado el fallo. 

Si la tendencia se mantiene, la acción de Curruchiche no tendrá ningún efecto negativo sobre Sinibaldi, ya que como el mismo político dijo a la prensa, cuando sus casos llegan a Salas de Apelaciones, los magistrados siempre resuelven a su favor.

El exfuncionario no solo buscó salir de la cárcel, también pretende recuperar las propiedades que la antigua Feci y Cicig le extinguieron porque podrían haber sido adquiridas con dinero ilícito. Para eso, el MP tampoco se opone, incluso realiza diligencias en su beneficio. 

Respecto a esto, Prensa Comunitaria informó que Julio César Recinos Fabián, de la Fiscalía de Extinción de Dominio, presentó al juzgado correspondiente (a cargo del juez Marco Antonio Villeda), una solicitud para levantar embargos sobre una casa, pinturas y esculturas de lujo propiedad de Sinibaldi. El argumento fue que «el MP no tenía donde guardarlos y era muy alto el costo de su mantenimiento».

La solicitud fue rechazada y días después, el 8 de abril, la CSJ ordenó el traslado del juez al juzgado Segundo Penal. Villeda tenía más de doce años en el puesto, desde ahí ordenó retirar bienes y dinero, así como animales exóticos y otros objetos de lujo, a políticos acusados de corrupción y a narcotraficantes. La Ley de la Carrera Judicial prohíbe el traslado de jueces y magistrados como medida disciplinaria, al respecto el OJ indicó que la acción fue para sustituir a otra jueza.

Los efectos

El exfiscal Sandoval está exiliado desde su destitución y en septiembre de 2023 Estados Unidos le otorgó asilo político. En una entrevista por teléfono dijo a Plaza Pública que los efectos del cierre de los casos que investigó son impunidad, aliento para la corrupción y crímenes graves sin castigo.

Mencionó que «la sanción penal tiene la función de prevención general para que el individuo sepa que sus actos contra la ley tendrán consecuencias. Está ocurriendo todo lo contrario, podés burlarte de la ley, robar, transgredir la norma y no tendrá consecuencias». 

Curruchiche ha arremetido contra Sandoval, quien tiene más de cuatro órdenes de captura en su contra y es la cara más visible de la avalancha de procesos penales que cayó sobre exfiscales y auxiliares que trabajaron para sacar a la luz estas redes de corrupción. 

img_0961.jpeg

«Somos una sociedad con valores invertidos. Es el mundo al revés, se persigue a quien denuncia la corrupción y se premia al mafioso», señaló Sandoval.

Por su parte, Aníbal Argüello, abogado y exanalista criminal de la Cicig, explica que los procesos que investigó la Comisión y que ahora están siendo cerrados, responden a redes que operaban en un contexto profundo de macrocriminalidad, y que se evidencia no solo un cambio de rumbo en la política de persecución fiscal sino una «reestructuración».

Argüello participó en las investigaciones de grandes casos como La Línea y Cooptación del Estado, procesos en los que se preparaba para declarar como perito cuando, en mayo de 2021, fue capturado en un caso vinculado a la creación de un partido político. Al salir de la cárcel, se fue al exilio. Su ausencia evitó que pudiera ratificar los peritajes y por tanto quedaban fuera del proceso;esto provocó que hubiera un indicio menos para sostener la acusación.

La macrocriminalidad, según explica Arguello, tiene tres características fundamentales. La primera es que sus actores son empresarios, funcionarios o empleados públicos y criminales de tiempo completo, que actúan en red. La segunda característica es que estos actores están implicados en esquemas de corrupción en el Estado y, por último, que cuentan con mecanismos generadores de impunidad.

[embedpzp7]

Estas redes sofisticadas y organizadas para realizar actividades ilícitas y con capacidad de generar impunidad se respaldan con una narrativa que las favorezca. 

En este caso, según el abogado, con las desestimaciones se quiere contar la historia de que «en Guatemala no hubo corrupción, que la Cicig trabajó mal, que fue un error y que todo fue un invento. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con la investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, donde las élites que se han visto involucradas en ambos momentos, en algunos casos son las mismas».

Los efectos de ese giro que lleva de vuelta al mismo origen, dice Argüello, es que «veremos a estos actores volver a tomar roles protagónicos en las redes a las que pertenecían, solamente que ahora con el cuidado de no volver a cometer los mismos errores que en su momento los evidenciaron».

Por su parte, Sinibaldi dijo a una entrevista con Plaza Pública que sus días en la esfera pública y política quedaron atrás:

«Tengo un firme compromiso familiar de nunca más volver a participar en política. Mi tiempo y mi esfuerzo están y estarán centrados en solventar mi situación jurídica, mi vida familiar y mis labores empresariales».

La entrevista completa con Sinibaldi puede ser leída en este enlace: «La estrategia legal de Sinibaldi para salir de cinco casos de corrupción».

[embedpzp8]