Poco empleo y muchas normas

No se generan empleos en cantidad suficiente, y déjese el término de la calidad para otra ocasión. Quizá lo aspiracional debería apuntarle al empleo formal para que los indicadores de calidad de vida suban.

Pero no hay empleo. Como economista, tiendo a creer que es por la ausencia de una política económica o por lo esquizofrénico de nuestro diseño macroeconómico estructural, que privilegia el control del nivel de precios y la inflación a costa de la inversión y la creación de empleo. O por lo inveteradamente coyuntural del papel estatal al crear institucionalidad de bonitos nombres anglófonos y nombrar comisionados para cada área que supuestamente soporta la competitividad, mientras las instituciones y los funcionarios que ejecutan la política pública se encuentran atrapados en un día a día dentro de un estado anquilosado y disfuncional.

Durante las últimas semanas se escuchan y leen comentarios en medios de comunicación sobre acciones tomadas por instituciones estatales mediante las cuales se han retirado licencias de operación a algunas empresas que en distintas actividades económicas, en ciertos territorios y en determinadas épocas han sido generadoras de empleo. Hay que ser cuidadosos tanto en el aplauso como en la condena, pues no pueden equipararse todos los casos. Las acciones de los funcionarios públicos deben estar enmarcadas en las leyes del país, y, eso sí, estos deben tener cuidado de no generar incertidumbre en los agentes económicos que son regulados.

Pero no es tanto la legislación de mayor jerarquía la que en este momento está deteniendo la actividad económica como resultado de las acciones regulatorias del Gobierno sobre los agentes económicos. Esta situación se genera desde una burocracia activa con base en una serie de disposiciones ministeriales que entorpecen y enredan, sin razón justificada ni en lo técnico ni en lo legal, actividades generadoras de empleo. Estas trabas y taras burocráticas se manifiestan en acuerdos ministeriales y gubernativos que han sido generados en administraciones gubernamentales pasadas y que han construido una presa insoportable de obstrucción, retraso y corrupción en la relación público-privada, con la cual han ahogado la actividad económica.

A la parálisis actual del aparato estatal se le puede encontrar explicación en más de una causa, que puede ser desde una ley de compras diseñada a la medida de un par de sectores que inmoviliza a todos los demás hasta una paranoia de los funcionarios respecto a qué podría suceder si algún error o proceso amañado no detectado los llevara a caer en ilegalidades (esta última causa íntimamente relacionada con la poca formación especializada en administración pública). Será conveniente que se aborde el tema de la desburocratización como factor para la creación de empleo. No es posible que regulaciones pseudotécnicas y paralegales sigan entorpeciendo un esfuerzo de nación con el afán de justificar posiciones que pretenden mantener funciones innecesarias aprovechando la ignorancia de los mismos agentes económicos afectados.