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Irene Elizabeth Juárez Coyoy, 50, tres hijos y una nieta en custodia. Trabaja como empleada doméstica y costurera en Quetzaltenango. María Longo

Horarios extensos, salarios bajos y pocas garantías para quienes trabajan en casa particular

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Horarios extensos, salarios bajos y pocas garantías para quienes trabajan en casa particular

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Las trabajadoras de casa particular suelen ser mujeres que ante la falta de otras oportunidades deben soportar largas jornadas, salarios bajos, maltrato y abuso.
Aunque Guatemala reconoce la igualdad ante la ley y dice garantizar la integridad de todas las personas, ellas viven entre precariedad y explotación. Todavía no se les reconoce condiciones dignas de trabajo.

Redes-lateral

Sobre la cama que comparten las hijas de Elena Pedro parpadea la luz del router. Hoy la señal de Internet ha sido estable. Elena contrató el servicio el año pasado. Sus hijas deben conectarse a sus clases y con recargas el costo es alto. Prefiere pagar 150 quetzales por el servicio mensual. Las niñas se turnan con un solo teléfono.

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Al fondo de la casa que alquila tiene un pequeño jardín. Sobre los tiestos de plantas está el tendedero y, al lado, la pila. Hay ropa y trastos por lavar. La casa tiene paredes y techo de lámina. Elena ha forrado algunas partes con plástico para evitar el frío. Debe pagar 400 quetzales mensuales, eso le incluye energía eléctrica y agua municipal.

Hace un mes, Elena trabajaba en una casa particular de Huehuetenango. Cuando la contrataron le dijeron que su jornada sería de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. A veces se alargaba y si tenía algún asunto personal que atender por la mañana, como llevar a su hijo al médico o recoger víveres en la escuela, debía reponer el tiempo el sábado.

Ganaba 200 quetzales cada semana, 800 al mes. Con el pago de alquiler y el servicio de Internet, le quedaban alrededor de 250 para los demás gastos, incluyendo comida.

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Elena enfermó y tuvo que dejar el trabajo. Pensó volver a su lugar de origen en Santa Eulalia, un municipio del norte de Huehuetenango. También consideró regresar al trabajo, pero sabe que el salario como empleada doméstica no alcanzará. Quiere que sus hijos tengan mejores oportunidades y decidió migrar. Intentarán llegar a Estados Unidos. «Aunque sea en 20 años les hago una casa. Ojalá tenga la oportunidad de tener dinero porque jamás trataría a las personas como me trataron a mí», dice.

Salario ¿mínimo?

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por Asies, el ingreso promedio para quienes hacen trabajos domésticos es de 919.68 quetzales al mes. Este salario es más elevado si la edad oscila entre 46 y 65 años y si residen en la ciudad de Guatemala. Unas 320,000 personas se dedican a esta actividad. De ellas, más del 94 % son mujeres.

«La mayoría de empleadas vive en las casas donde trabajan y ahí la jornada se ve excedida. Un abuso, porque trabajan fuera de horario. Que les den casa y comida lo toman como parte del pago, pero no debe ser así», indica el abogado laboralista Adrián Zapata Alamilla.

El Código de Trabajo incluye el trabajo doméstico en un régimen especial, como lo hace con los trabajos agrícolas, el trabajo a domicilio y otros.

Luis Linares, de Asies, dice que el Código no especifica que no reciban un salario mínimo y, por lo tanto, estarían incluidas en el rubro de actividades no agrícolas.

El salario mínimo total para estas actividades es de 3,075.10 quetzales mensuales y puede recibirse quincenal o mensual. Las trabajadoras de casa particular no reciben esa cantidad y los pagos son como decida el empleador. Algunas se ven obligadas a recibir su pago en especie como ropa, alimentos o víveres. En otros casos se les obliga a pagar su uniforme. Un uniforme de tres piezas que incluye pantalón o falda, blusa y gabacha cuesta alrededor de 250.

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El Código de Trabajo dice que el trabajo doméstico «no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo». Aunque la Constitución Política de la República establece que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad, las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas muestran una realidad diferente.

El Código apenas les reconoce 10 horas de descanso obligatorias, ocho por la noche y dos durante el día. Los domingos y días feriados les concede un descanso adicional de seis horas remuneradas, aunque les excluye de dos beneficios del trabajo digno: el derecho a un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo y los días de asueto con goce de salario.

La jornada de trabajo diurna no puede ser mayor de ocho horas diarias ni exceder 48 horas a la semana, para las empleadas de casa particular pueden llegar a ser más de 80 horas de trabajo.

Adrián Zapata, abogado laboralista, dice que es imperante hablar del tema porque hay una postura irresponsable y racista que provoca que las jornadas laborales y el salario de las trabajadoras de casa particular sean una forma de abuso.

Carlos Martínez también se dedica al derecho laboral y opina que las trabajadoras tienen condiciones que no se aceptarían en otras áreas. «Aunque el Código de Trabajo sea producto de una revolución, incluye el manifiesto de que quien hace la ley tiene el poder. En este caso es la población de clase media y alta», explica. Es decir, los empleadores.

«El derecho a trabajar es tutelar, eso quiere decir que se protege al trabajador» dice Zapata. El Código de trabajo explica que el propósito es compensar la desigualdad económica, otorgándole protección jurídica preferente a los trabajadores.

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Sin seguridad social

María Rosa Ola Menchú dejó San Andrés Xecul siendo niña y huyendo del maltrato de su padre y madrastra. Tenía 13 años cuando llegó a Quetzaltenango sin saber leer ni escribir. Trabajó en varias casas.

Ana, su hija, comparte recuerdos de esa época: la familia que le permitió alfabetizarse, la maestra que llevaba a Ana a la escuela, los sábados aprovechados para lavar ropa ajena, la casa de pensionistas donde atendía a 17 personas y debía cocinar para cinco más de lunes a sábado.

«Mi mamá debía cocinar unas ocho libras de frijol, pero no le daban una licuadora para molerlo. El trato era que trabajara hasta el sábado a medio día, pero era sinónimo de salir a las cinco de la tarde», dice Ana.

Las tareas eran excesivas y el salario, mísero. No recibía bono 14 ni aguinaldo. Con el tiempo incluso le pidieron llevar su comida.

El trabajo de María Rosa generaba ganancias para sus jefes, por tanto, dejaba de ser trabajo doméstico e implicaba otro tipo de condiciones. María Rosa no lo sabía y necesitaba el dinero.

Trabajando logró sostener a su hija, quien se graduó de enfermera. María Rosa siguió lavando ropa ajena. Le pagaban entre 25 y 30 quetzales por toneles llenos de ropa sucia.

Al cumplir 30 años, María Rosa fue diagnosticada con diabetes. No tenía recursos, no siguió un tratamiento. Comía en los horarios que el trabajo permitía, a veces solo tamales con frijol, sal y atoles.

Ninguno de sus jefes le pagó ninguna consulta médica. María Rosa no estaba inscrita en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ni tenía un seguro privado, sufría constantes dolores de cabeza. Murió cuando estaba por iniciar un tratamiento de diálisis.

Apenas en 2009 el IGSS inició el Programa especial de protección a las trabajadoras de casa particular (Precapi), pero solo cubre a las del departamento de Guatemala. Se deben pagar cuotas trimestrales de 321.54 quetzales, divididas entre trabajadora (107.19) y empleador (214.35).

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El cálculo de las cuotas está basado en el salario mínimo mensual vigente para actividades no agrícolas.

En 2014 solo 371 mujeres estaban inscritas en el Precapi y de ellas, solo 21 tenían al día los pagos. En el 2021 hay inscritas 324, pero no hay datos sobre cuántas tienen cuotas vigentes.

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Peores condiciones durante la pandemia

La situación se ha agravado durante la pandemia. La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y Maquila (Atrahdom) reporta que las mujeres perdieron su trabajo y otras permanecieron expuestas al contagio. Además, mientras los patronos se hacían pruebas para detectar COVID19 en hospitales privados, a las trabajadoras domésticas las enviaban a los servicios de salud pública donde debían hacer largas filas.

Asies realizó una investigación sobre el tema. Concluyó que las mujeres fueron despedidas o renunciaron por falta de transporte o las restricciones al transporte público. En una encuesta a 306 mujeres, el 40 % asegura que aumentó su jornada laboral. Al 43% no se les permitía salir y ver a sus familias con el argumento de evitar el contagio.

No solo es cuestión de salarios

Aura Cumes, doctora en antropología, explica que los orígenes de la problemática que enfrentan las mujeres trabajadoras de casa particular atienden a algo más profundo. No solo es una cuestión laboral. En un país extremadamente racista como Guatemala, a las mujeres indígenas y rurales se les ve como personas diferentes al resto e inferiores.

En América Latina y el resto de países colonizados, a las personas indígenas se las ve como destinadas a la servidumbre. Esto impacta sobre todo en la vida de las mujeres. De ellas se espera que sean sirvientas.

En su trabajo Cumes ha identificado que existe un pensamiento dominante que las trabajadoras de casa particular no tienen necesidades o no gastan, y por eso no les pagan lo suficiente. «No solamente tiene qué ver con vulneración de derechos. Los cuerpos que están sexualizados como inferiores, está estructurado que recibirán una menor paga, aun así, los patrones ganen cien veces más que ellas» dice.

Para Cumes la reflexión no es suficiente para erradicar esta problemática, porque no hay necesariamente transformación al hablarlo, deben existir medidas más concretas. Debilitar esta forma de construcción de poder es una de ellas. Para esto se necesita que se cumpla la ley y otro tipo de pronunciamientos y acciones organizadas de agrupaciones feministas, sociedad civil, organizaciones mayas y demás, menciona.

Asegura que esto no existe en la actualidad en Guatemala porque cada quien usa las plataformas para su beneficio y además no se aborda el tema del racismo.

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Diez años de atraso para ratificar el Convenio 189

La Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 189 que establece derechos y principios básicos para el trabajo doméstico decente.

El Convenio plantea la protección de las trabajadoras domésticas, la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la igualdad de trato con los trabajadores en general respecto a horas de trabajo, compensación de trabajo extraordinario, descanso y vacaciones, entre otros temas.

Han pasado diez años y el Congreso de la República aún no lo ratifica. Hacerlo significaría un compromiso de Estado para garantizar derechos fundamentales

Las trabajadoras de casa particular se enfrentan a una serie de desventajas que las sitúan en una posición de riesgo. Hay impunidad y desvalorización y se normaliza el maltrato y abuso.

Además de los horarios extensos, los salarios bajos y la falta de prestaciones; las trabajadoras son víctimas de trata, violencia física, psicológica y sexual que la mayoría de veces no se atreven a denunciar.

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