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Marleny Ortíz, 32, en su labor de limpieza de una casa en la colonia El Maestro, zona 8 de Quetzaltenango. Como todos los días, lleva a la menor de sus hijas cargada en la espalda. José Racancoj

El riesgo empieza al cerrar la puerta: abusos contra las trabajadoras de casa particular

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El riesgo empieza al cerrar la puerta: abusos contra las trabajadoras de casa particular

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Al cerrar la puerta, las trabajadoras de casa particular se encuentran ante un riesgo constante. Hay maltrato y violencia. Más allá de la falta de reconocimiento de salario y horarios justos, sus vidas están marcadas por relaciones laborales que muchas veces son abusivas.

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Dentro de dos mochilas, Elena Pedro metió lo que cree indispensable para el viaje de más de 3,000 kilómetros que iniciará en unos días. Ella y sus tres hijos saldrán de Santa Eulalia, su pueblo natal en el norte de Huehuetenango hacia México, buscando la ruta a EE.UU.

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En una pared, quedan colgados varios rosarios que Elena coleccionó, un dibujo de su hija mayor y una hoja de papel rota con la letra de una canción famosa de Anette Moreno.

No es la primera vez que Elena deja su hogar, aunque ahora la diferencia de kilómetros es enorme.

Con 13 años y hablando solo q´anjob´al, Elena dejó a su familia por primera vez y viajó a la cabecera departamental de Huehuetenango para empezar a trabajar. La contrataron para cuidar a una niña. En la práctica hizo mucho más.

«Podía dormir hasta que ellos se durmieran porque debía lavar hasta el último plato que usaran. Estaba triste y extrañaba a mi familia. No me explicaban cómo hacer las cosas, lavaba a mano la ropa de toda la familia, no sabía cocinar y tenía qué hacerlo», cuenta.

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La familia de Elena, acostumbrada a vivir de su trabajo en el campo, apenas podía permitirse comer tortillas y sal. Algunas veces agregaban cilantro asado. En el trabajo a Elena le pedían preparar comida con ingredientes que no conocía y resultaba aún más difícil porque las instrucciones eran en español.

Sus jefes le asignaron un cuarto para dormir. No había cama. Sobre unos blocks pusieron una colchoneta vieja. Le dejaron usar el inodoro de la casa, pero no la ducha. Tenía que bañarse en el patio. Ofrecieron pagarle Q300, pero ella no sabía planchar y quemó algunas camisas. Se las descontaron.

Elena renunció y a partir de ahí fue de casa en casa, trabajando en oficios domésticos y huyendo de malos tratos. Buscaba ganar dinero para ella y para enviar a su familia. Recolectaba experiencias. Pocas buenas, muchas desagradables.

En Guatemala la edad mínima para trabajar es de 15 años, siempre y cuando no sea en sitios insalubres o peligrosos, cantinas o negocios similares. Según el Ministerio de Trabajo no está permitido que se les asigne trabajo nocturno o jornada extraordinaria. Pero nadie vigila el interior de las casas, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes trabajan en ellas.

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Bárbara

Bárbara Lorenzo se toca la cabeza mientras habla. Sufre de dolores constantes. Debe examinarla un neurólogo, pero no puede pagarlo. Mientras reúne el dinero debe esperar.

Su esposo murió hace poco y ella está deprimida. «A mí siempre me gustó trabajar, si no estuviera enferma seguiría. Me ha gustado tener dinero propio para darle a mis hijos lo que necesitan», dice.

Sus manos son delgadas y ásperas. Ha trabajado en oficios domésticos desde niña. Ahora vive en Quetzaltenango. Nació en Honduras. Cuando su padre murió su madre la entregó a la dueña de una finca.

Bárbara tenía 6 años. Prometieron que la cuidarían y que podría estudiar. Pero ella no quería estar ahí.

Al poco tiempo debió ocuparse de tareas como lavar trastos, planchar, hacer comida y dar de comer a los animales. No sabía leer ni escribir.

«Llegó una señora que se llamaba Blasina, ella me ayudaba mucho y me enseñó a bañarme y cambiar mi ropa. Me tenía lástima porque yo empezaba desde las 4 de la mañana a moler el maíz», narra.

A los 13 años conoció a Luisa, otra joven trabajadora. Juntas planearon escapar. Uno de los consejos de su nueva amiga fue que no se acercara a ningún muchacho, que siguiera trabajando y reuniera dinero para irse pronto. Cuando su jefa y sus hijas se enteraron de que la visitaba un adolescente, a Bárbara la castigaron: le pegaron con un látigo y la raparon.

Luisa se ganó la confianza de la dueña de la casa y averiguó dónde guardaban joyas. Tomaba algunas y las vendía. Ahorró para pagar el pasaje de bus de ella y Bárbara. Se fueron a otro pueblo. Bárbara salió con un par de vestidos, ropa interior y los zapatos que calzaba. No tenía nada más.

El fiscal Mario Cantoral, de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Quetzaltenango, menciona que han conocido casos de menores de edad a quienes venden o alquilan para realizar trabajos domésticos.

La trata de personas suele vincularse con explotación sexual, pero también sucede cuando hay cualquier tipo de explotación laboral o servidumbre. En Guatemala este delito se castiga con prisión de entre 8 y 18 años y multa entre Q300,000 y Q500,000.

Solo de enero a abril de 2021, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, indica que se recibieron 81 denuncias por trata, 84 por explotación y 3,703 por violencia sexual en todo el país.

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Agresiones físicas y sexuales

La falta de credibilidad en las autoridades, la burocracia y los gastos que implica, son los factores que impiden a miles de mujeres denunciar las violaciones a sus derechos, como agresiones físicas y sexuales.

Maritza Velásquez, coordinadora de la Asociación de trabajadoras del hogar, a domicilio y maquila (Atrahdom), dice que la mayoría de los acompañamientos legales que hacen son para resolver pago de prestaciones, pero no de agresiones sexuales. «No se animan a hacer una denuncia por la vergüenza que sentirían sus familias. Las trabajadoras viven en silencio y no pueden denunciar», asegura Velásquez.

Esta organización apoya a trabajadoras de casa particular, la mayoría en la ciudad de Guatemala. «La necesidad económica obliga a las mujeres a sobrellevar la violación de sus derechos y no denunciar. Ellas prefieren conseguir un nuevo trabajo», comenta.

A Bárbara Lorenzo la quisieron violar en una de las casas en que trabajó. El suegro de su jefa intentó forzarla una madrugada. Bárbara pudo gritar y la familia la auxilió. Supo después que no era la primera trabajadora a la que atacaba. Decidió irse y buscó trabajo en otra casa.

«Hay tantas cosas terribles, sobre todo por los esposos de las señoras. Acordarme de eso me duele. Uno sufre y a veces las señoras, en vez de hablar con su marido, dicen que uno es culpable y los provoca», dice Elena Pedro.

Elena trabajó un tiempo en la capital, atendía a un matrimonio. Cuando Elena lavaba los platos, él la abrazaba por detrás. «Cuando iba al cuarto, tocaba la puerta. “Abra” me decía, “salga le voy a contar algo”. Yo me asustaba», cuenta.

Mantenía la puerta de la habitación con seguro. «¿Usted quién se cree que es para estarse encerrando? es mi casa», le decía él como reclamo. Elena pedía que no la molestara o denunciaba. El hombre se burlaba de ella y le aseguraba que necesitaba tiempo y dinero para denunciar y que nadie le creería. «Se dio cuenta que le tenía miedo y me metió más miedo. El señor era bien cochino y la señora no me creía», cuenta Elena.

En otra casa el dueño se paseaba desnudo por las habitaciones donde Elena limpiaba. «Es muy difícil denunciar un acoso, tal vez si es una violación sí, porque hacen los exámenes para tener pruebas», dice Elena. Ella prefería renunciar y buscar trabajo en otro lado, aunque no completara un mes y perdiera su paga.

«Quienes disfrutan los privilegios no quieren renunciar a ellos», dice Aura Cumes, doctora en Antropología. Explica que cuando otras mujeres ejercen violencia contra las trabajadoras domésticas hay un desplazamiento de género que provoca que los hombres mantengan sus privilegios y se perpetúe el machismo.

Las mujeres a quienes socialmente se les adjudican las labores de casa trasladan este trabajo a otras mujeres, los hombres quedan exentos de esta responsabilidad. Los agresores aprovechan esta posición de ventaja y el entorno doméstico para violentar.

En Quetzaltenango la Fiscalía contra la Trata de Personas que cubre la región de occidente recibió cinco denuncias de trabajadoras domésticas durante 2019 y 2020 por trabajos forzados, retención del salario, violencia física, sexual y psicológica y limitación a la libertad de locomoción. Tres fueron hechas por menores de edad.

Según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, durante 2021 en promedio se presentaron 21 denuncias diarias por violación. Entre los delitos más denunciados es el 9 % y la agresión sexual el 4 %. 

En una investigación sobre el trabajo doméstico en el contexto de la pandemia de COVID19, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) afirma que la violencia, el maltrato y el acoso, como el sexual, afecta a las mujeres trabajadoras, incluyendo a las domésticas y que los daños causados a menudo son irreparables. Estos pueden ser físicos y emocionales.

La Organización Internacional del Trabajo advierte que la violencia en el trabajo provoca una alteración inmediata y posiblemente duradera en las relaciones interpersonales.

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«Aparte tiene uno sus platos, aparte se sienta a comer»

Aunque las trabajadoras de casa particular comparten con las familias el espacio doméstico, el trato que reciben no siempre es respetuoso y suele incluir expresiones de racismo y discriminación.

Adrián Zapata Alamilla, abogado laboralista, dice que en esta actividad se ve una clara marca de peso histórica que incluye racismo y desigualdad. «Hay una postura de superioridad y se malentiende que el trabajo doméstico es un favor», dice.

En una de las casas donde trabajó Elena Pedro le dieron un plato y un vaso exclusivo para ella. No podía usar la vajilla de la familia y debía guardar aparte sus piezas. «Discriminan por una o por otra cosa. Aparte tiene uno sus platos, aparte se sienta a comer. Es muy difícil», dice Elena.

Un insulto constante que escuchó cuando aún no dominaba el español fue «india ignorante». También se sintió despreciada por su vestimenta. Con el tiempo prefirió usar pantalón y blusa, para pasar desapercibida.

Bárbara y Elena no se conocen, pero cuentan experiencias similares. Se han sentido valoradas en el trabajo, pero no es constante. Son trabajadoras que, como cualquier otra persona, buscan subsistir. Las condiciones que han encontrado desde niñas vulneran sus derechos y han sufrido de abusos. La estrategia de ambas fue renunciar y buscar trabajo en otro sitio cada vez que se sintieron amenazadas.

A Elena le preguntamos si le gustaría que sus hijas fueran trabajadoras de casa particular. Dice que no, de forma rotunda: «Les digo a mis hijas que estudien y que trabajen en otros lugares, pero no en casas. Deben escoger la profesión que quieran. Cuando mi último hijo tenga una carrera puedo morir en paz», responde.

Las leyes laborales guatemaltecas ofrecen protección para todos los trabajadores, sin embargo el Código de Trabajo asigna condiciones de trabajo más severas para las que trabajan en casa particular. Esto las hace vulnerables ante el maltrato dentro de casa.

Para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos de las trabajadoras de casa particular, el Congreso de la República podría dejar de retrasar la ratificación del Convenio 189.

La iniciativa de Ley 4981 que disponía aprobar el Convenio quedó estancada en segunda lectura desde 2016. Esta iniciativa tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales incluyendo salarios, bonificaciones, días libres, descansos, seguridad social, protección a menores de edad y migrantes.

Atrahdom y el Sindicato de trabajadoras domésticas, similar y a cuenta propia (Sitradomsa) han solicitado agilizar la ratificación. La decisión política ha sido el estancamiento y las trabajadoras de casa particular continúan, mientras tanto, siendo víctimas de maltrato y abuso.

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