La semana antepasada, más de 20 organizaciones anunciaron un movimiento ciudadano contra la corrupción y expresaron su indignación y rechazo por la corrupción y el abuso de funcionarios públicos, de sectores políticos y de personas jurídicas y privadas. Plantearon que su decisión es constituir el movimiento como un instrumento permanente, institucional y de largo plazo, con el objetivo único de tomar acciones para combatir la corrupción.
Las líneas de trabajo anunciadas son promover un cambio cultural que rescate valores de decencia y honestidad, lograr movilización social, monitorear el uso de recursos públicos, denunciar públicamente casos de corrupción y presentar propuestas específicas sobre el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia.
Un vistazo a la veintena de organizaciones participantes en este movimiento inmediatamente revela una de sus características principales: su diversidad. Aglutinar con objetivos comunes a la cúpula empresarial, a centros de pensamiento y a organizaciones sociales con posicionamientos ideológicos muy diversos, e incluso hasta opuestos, constituye sin duda una fortaleza potencial importante, que bien usada puede llegar lejos en cuanto a alcanzar sus objetivos.
Sin embargo, un grupo tan diverso también tiene riesgos potenciales importantes. Primero, la desconfianza mutua, ya que, aunque se coincida en el ámbito del rechazo generalizado a la corrupción, algunos de sus miembros pueden ser antagonistas en otros campos. La percepción del riesgo de ser instrumentalizado para servir la agenda oculta de uno de los miembros del movimiento es un riesgo constante, que solo demostraciones fehacientes y constantes de honestidad y franqueza pueden mitigar.
Otro riesgo importante es la descalificación de similares que no son miembros del movimiento. Así, grupos afines al empresariado pueden criticar los liderazgos dentro del Cacif por integrar un movimiento con organizaciones sociales que rechazan por considerarlas radicales o contrarias a los intereses del empresariado privado. Asimismo, de manera simétrica, organizaciones del movimiento social pueden descalificar a organizaciones hermanas por aceptar integrarse a un movimiento en el cual participa la cúpula del empresariado privado, a las cuales percibirían como traidoras o simplemente ingenuas por no percatarse de que serán utilizadas por agendas ocultas perversas del empresariado.
Estos son riesgos inherentes a todo movimiento ciudadano diverso. Y en Guatemala, quizá esos riesgos son aún más agudos. Por ello, los integrantes de este movimiento deben hacer esfuerzos significativos para demostrar que no tienen agendas ocultas y que no pretenden instrumentalizar a otros integrantes, quizá antagonistas ideológicos en otros ámbitos. Y sobre todo deben predicar con el ejemplo: si han de integrarse a una alianza ciudadana contra la corrupción, lo primero que deben demostrar es que son transparentes y que se someten al escrutinio público.
Sin estas demostraciones de transparencia y honestidad, este movimiento ciudadano no logrará habilitarse con la legitimidad y la solvencia que exige la lucha contra la corrupción. Sus miembros deben sentirse obligados a demostrar públicamente anuencia y disposición para rendir cuentas. Si los integrantes son entidades estatales, deben demostrar que cumplen con todos los requisitos y controles que exige la ley y mucho más si es posible (por ejemplo, que los servidores públicos publiquen voluntariamente sus declaraciones patrimoniales). Si son organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el sector privado empresarial, deben publicar sus fuentes de financiamiento y los nombres de sus autoridades o los integrantes de sus órganos directivos.
Es un movimiento al que le falta demostrar su legitimidad y superar estos desafíos tan grandes. Sin embargo, es una iniciativa que supera la opción de no hacer nada.
Invito a conocerla, pero sobre todo a criticarla y ponerla a prueba. Si llega a funcionar, ¡seguro valdrá la pena!
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