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La pandemia ralentizó la producción (y tráfico) de cocaína

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La pandemia ralentizó la producción (y tráfico) de cocaína

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Al menos 42 toneladas de cocaína han llegado a EE. UU. por la ruta que atraviesa Guatemala. La cifra es casi la mitad de la del año pasado debido a los obstáculos que el COVID19 generó a los traficantes. Esto constituye el 90% de la droga que Estados Unidos incautó entre enero y septiembre. El desplome en el precio podría afectar al narcotráfico por varios años.

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La noche del 22 de septiembre pasado, un grupo de soldados descubrió algo insólito en la aldea Santa Marta Salinas, en Chisec, Alta Verapaz.

No fue el jet estrellado, que el fuego ennegreció y consumió casi por completo después del impacto. En lo que iba del año, las autoridades habían descubierto otras 11 aeronaves quemadas —como resultado de un aparatoso aterrizaje, o porque los tripulantes las incendiaron—, de un total de 26 vinculadas al narcotráfico en 2020.

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Tampoco fue el hallazgo de dos cadáveres cerca del jet.

Fueron otros dos muertos a 20 kilómetros del accidente, uno de los cuales era Jeankarlo Sánchez Meneses, que llevaba un año y medio prófugo.

Sánchez Meneses, de 26 años, había escapado el 17 de marzo de 2019 de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la ciudad capital, después de dos meses de prisión, cuando estaba en trámite su extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico. Una fiscalía de Virginia lo había acusado en 2016 de pilotear aeronaves cargadas de cocaína de Venezuela a Guatemala desde 2012. En 2020 murió haciendo eso precisamente: el jet estrellado en Chisec había despegado de Zulia, Venezuela, cargado con cocaína. El indicio fueron dos kilos olvidados entre la maleza, en la oscuridad y el caos de ese percance.

Este año, el 83% de la cocaína incautada en el país (6.9 toneladas) hasta septiembre fue transportada en una aeronave. Es un giro de 180 grados desde 2018, cuando el 85% de la droga decomisada (15 toneladas) llegó por mar.

¿Qué sucedió? Más que antes, los narcotraficantes buscan evitar perder miles de kilos de droga y millones de dólares porque la producción de cocaína en Colombia se redujo en 2020. ¿La razón? Mayores medidas sanitarias y de seguridad en fronteras y puertos, implementadas por la pandemia del COVID19, entorpecieron el contrabando de precursores químicos para procesar la droga.

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Un año complicado para la producción

«El COVID19 afectó más a la producción que al trasiego», explica Michael Vigil, exagente especial de la Administración Anti-Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el impacto en la producción también tuvo un efecto indirecto en las rutas empleadas.

Todo es parte de una cadena. Las citadas medidas de seguridad limitaron el contrabando de gasolina desde Venezuela, que los productores colombianos utilizan para fabricar clorhidrato de cocaína, según un informe de mayo pasado, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Así se redujo la cantidad de cocaína que procesa Colombia, el origen del 90% de la cocaína en suelo estadounidense, de acuerdo con otro informe de la DEA. Perú es el origen del 6%. La procedencia del porcentaje restante se desconoce.

Vigil señala que el precio de la hoja de coca cayó porque los productores la dejaron de comprar en altos volúmenes, al sólo poder procesar una menor cantidad. En junio pasado, The Washington Post señaló un desplome hasta del 73% en el precio, que podría afectar al narcotráfico durante años.

En Guatemala, el fiscal de Narcoactividad, Gerson Alegría, asegura que la baja incautación (hasta octubre pasado, el 40% de lo incautado en todo 2019) refleja un descenso en el tráfico de cocaína. No obstante, el exagente de la DEA afirma que la cocaína todavía entra a suelo estadounidense por Centroamérica, aunque en menores cantidades. «Sería peor sin la pandemia», dice.

En 2019, la producción de la cocaína colombiana aumentó 1.5% en relación con el año anterior, según informes de la UNODC y la Casa Blanca, en EE.UU. Fue un aumento modesto comparado al del 20% en 2017, según otro informe del Ejecutivo estadounidense. En Guatemala, el alza lo reflejaron las incautaciones anuales que subieron de 13.6 toneladas en 2017 a 18.9 en 2019, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Contraste con EE. UU.

En Estados Unidos, después de un aumento casi sostenido durante cinco años (salvo por una leve baja en 2017), las incautaciones de cocaína en todas las rutas bajaron de 149 toneladas a 70 toneladas del año fiscal 2019 (octubre 2018 a septiembre 2019) al año fiscal 2020 (octubre 2019 a septiembre 2020) —la forma como el gobierno estadounidense registra sus cifras—. La baja es del 47%, similar al 40% de Guatemala.

La diferencia es que, en Guatemala, la incautación no sólo bajó con la producción colombiana, sino porque los traficantes comprobaron que podían esquivar más decomisos por vía aérea que en rutas marítimas y terrestres. Las autoridades requisaron droga sólo en cinco de 26 aterrizajes registrados entre enero y septiembre, en el norte del país (Petén, Alta Verapaz, Quiché) y la costa sur, según datos del Ministerio de la Defensa (Mindef). Esos cinco vuelos permitieron confiscar las 6.9 toneladas. Para el 30 de diciembre, Mindef registraba siete aterrizajes más, y decomisos en dos casos.

Las cifras sugieren que, de haber ocurrido requisas después de todos los aterrizajes, las autoridades podrían haber interceptado unas 35 toneladas—los decomisos apuntan a que cada aeronave transporta, al menos, entre 600 y 2,000 kilos. Entonces, la proclividad por el trasiego aéreo explica la demanda de sujetos como Sánchez Meneses, con experiencia para aterrizajes en territorios agrestes.

El día del aterrizaje fallido en Chisec, que Sánchez Meneses y el otro sujeto aparecieran a 20 kilómetros del percance indica que sobrevivieron al impacto, al menos por algunos minutos. Sólo se podían haber alejado del lugar en vehículo, con quienes esperaban el cargamento, y los sacaron del armazón semichamuscado del jet, pero que los abandonaron una vez fallecidos.

Sánchez Meneses murió un mes antes de cumplir los 27 años. Reportes de prensa revelaron que golpes severos en el abdomen y pecho les provocaron desgarres internos fatales, y muertos, ya no eran prioridad frente a la prisa de sacar la cocaína del lugar antes de que llegaran las autoridades. Un jet Hawker 800 como en el que viajaban (supuestamente robado en Cuernavaca, Morelos, México) tenía capacidad para unos mil kilos.

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Estimado conservador

Desde hace una década, el Departamento de Estado de los EE. UU. sostiene que el 90% de la cocaína que se incauta en ese país pasó por Guatemala. Eso significa que, independientemente del gobierno de turno, el país se mantiene vigente como una escala segura para la cocaína. En el año fiscal 2019 de EE. UU., ese porcentaje equivalió a 134 toneladas. Es lo menos que se traficó por Guatemala en ese lapso, además de la cocaína que llegó a los consumidores estadounidenses.

En un informe de marzo de 2019, el Departamento de Estado estimó que 1,400 toneladas de cocaína se traficaban por Guatemala anualmente, lo que significa que el país incautaba menos del 2%. El informe de 2020 es el primero, desde 2017, que excluye la estimación.

«Es difícil saber cuánta cocaína pasa por Guatemala; EE. UU. hace una estimación con base en los cultivos, los decomisos y datos de informantes, pero no es muy precisa», dice Vigil.

Un informe de la UNODC de este año señala que Colombia produjo 1,137 toneladas de cocaína en 2019, con base en el número de kilos que genera cada hectárea de cultivo. Otro informe de la Casa Blanca situó la producción en 951 toneladas. Sólo restando a estas cifras los decomisos en ruta hacia EE. UU. y Europa, se podría estimar cuánto pasa por Guatemala.

De enero a septiembre en 2020, EE. UU. confiscó 46.8 toneladas de cocaína, de este total estiman que 42 (el 90%) pasó por Guatemala (que para entonces sumaba 8.5 toneladas incautadas). En el mismo lapso, Panamá incautó 40 toneladas y Costa Rica otras 30. Honduras contabiliza 2.2 toneladas (pese al escándalo de narcotráfico que rodea al presidente Juan Orlando Hernández y a su hermano Antonio, condenado en EE.UU. por ese delito), y El Salvador, similar cantidad, según reportes de prensa que citan fuentes de gobierno. Mientras tanto, las autoridades mexicanas interceptaron 20 toneladas, pero pasaron de largo las mismas 42 toneladas que a Guatemala. EE. UU. sostiene que por México también pasa el 90% de la cocaína requisada en su territorio.

 

Oferta, demanda y crisis económica

En Estados Unidos, al menos 1.9 millones de personas consumen cocaína, según el Estudio Nacional de Salud y Consumo de Drogas. La duplicación en la mariguana y el fentanilo incautados en ese país este año, y producidos en México, sugiere que los adictos se inclinaron por drogas menos costosas en una economía estadounidense golpeada por la pandemia, que redujo la producción de cocaína, heroína y metanfetaminas, y las incautaciones.

Un estimado conservador, de un centro estadounidense de adicciones, revela que en EE. UU. un gramo de cocaína se vende en un promedio de 112 dólares, y de mariguana, entre 2 y 10 dólares; una pastilla de fentanilo cuesta 40. Los precios varían según el grado de pureza.

El precio de la cocaína explica por qué, aun con baja producción, el trasiego continúa. Un kilo que se vende en unos 16 mil dólares en ciudades estadounidenses como Nueva York, al menudeo produce como mínimo 112 mil dólares (mil dosis de un gramo), o más, cuando se mezcla con otras sustancias.

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Las ganancias para los distribuidores y transportistas (en Centroamérica y México) también explican por qué buscan garantizar la efectividad del transporte de la droga, con lugares de aterrizaje de difícil acceso para las autoridades. Así les impiden llegar rápido, aunque hayan detectado el trayecto del vuelo. Las autoridades de Defensa, de la PNC y la Fiscalía de Narcoactividad aseguran que la mayoría de los aterrizajes ocurre en lugares remotos donde el desplazamiento por vía terrestre es complicado.

«Hay obstáculos naturales que impiden a las unidades de tierra trasladarse con rapidez a donde están las aeronaves», indica el Mindef, en una respuesta oficial que facilitó el coronel Rubén Téllez, vocero de la cartera. «Los narcotraficantes aprovechan esta demora de horas para descargar los productos ilícitos y escapar del lugar».

Según Vigil, que trabajó como agente encubierto en México en los años 90 y conoce la dinámica del trasiego en Guatemala, los traficantes tienen suficiente personal esperando los cargamentos en tierra para descargar la cocaína en menos de ocho minutos.

Téllez explica que la decisión de qué hacer con las aeronaves recae en la fiscalía. Alegría señala que, después de analizar y recolectar evidencias, optan por abandonar las aeronaves en el lugar ante la dificultad de sacarlas por vía terrestre de los sitios remotos. El funcionario agregó que cuando la avioneta o jet no se destruyó en el aterrizaje, lo incineran porque tampoco está en condiciones de ser piloteado y trasladado a otro sitio por vía aérea.

Tras concluir diligencias en avioneta del narco en Petén, ésta es incinerada



La aeronave fue localizada el fin de semana por el Ejército en Sayaxché, Petén. La PNC por medio de SGAIA y la fiscalia de Narcoactividad del MP realizaron las diligencias de rigor pic.twitter.com/3GimqQcC0f

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 25, 2020

Capturas no reducen trasiego

En los primeros nueve meses del año, las 1,495 capturas por narcotráfico significaron un desplome del 60% en relación con todo 2019. Son igual que los decomisos; a menor trasiego, menos capturas, y viceversa. Algunos capturados son importantes, pero no indispensables. «Los capturados conocen las rutas y cómo manejar el trasiego, pero en un lapso corto surgen otros que toman su lugar», explica el fiscal Alegría. El funcionario dice que la fiscalía constantemente reorienta las investigaciones para seguir la pista a los nuevos cabecillas.

En 2019, Sánchez Meneses fue capturado en la capital, donde nació, pero para entonces residía en Cobán, según su ficha de identificación. Seis de los vuelos que el Mindef rastreó llegaron a Alta Verapaz, entre su fuga (17 de marzo 2019) y el hallazgo de su cadáver (22 de septiembre 2020). Sin embargo, el fiscal no ha encontrado indicios que vinculen a Sánchez Meneses con esos viajes, u otros destinos.

Sánchez Meneses cumplía diez meses como prófugo cuando Alejandro Giammattei asumió la presidencia del país. Casi dos semanas después, el 27 de enero pasado, la nueva administración hizo su primer gran decomiso de cocaína: 1,700 kilos en Petén, transportados por vía aérea. Ese día, Giammattei llamó a una lucha regional contra el narcotráfico. «Tiene que ser un esfuerzo conjunto (…) para lograr que nuestros territorios no sean paso de productos ilícitos, como las drogas», dijo.

El mandatario hablaba ocho meses antes de que por el istmo pasaran 42 de las 46 toneladas que EE. UU. incautó entre enero y septiembre, y que el presidente estadounidense Donald Trump incluyera a Guatemala en una lista de 22 países «de alto tránsito o producción de drogas ilícitas», junto al resto de Centroamérica y México. Aclaró que ello «no necesariamente reflejaba falta de cooperación en la lucha antinarcótica», sino una combinación de factores que habilitan el narcotráfico en sus territorios, aunque haya «fuertes medidas de control».

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El informe de marzo pasado del Departamento de Estado fue más específico. Señaló que «la corrupción endémica expone a las instituciones de Guatemala a la influencia de los narcotraficantes». De hecho, Vigil asegura que el narcotráfico depende de la corrupción: la misma que facilitó la fuga de Sánchez Meneses de una cárcel militar, le dio licencia para traficar como prófugo, y habilita el trasiego de cocaína pese a la pandemia.

 

NOTA DE AUTORA: Entre el 5 de septiembre y 2 de noviembre se solicitó sin resultados, a la Dirección de Comunicación Social (DCS) del Ministerio de Gobernación, una entrevista con el entonces ministro Oliverio García Rodas, o uno de los viceministros. Aparte, el 30 de octubre, se solicitó una entrevista con el Viceministro de Narcoactividad, Mario Castañeda Serrano, a su asistente. Hasta el cierre de esta nota no se había concedido—aunque aseguró que agendarían la entrevista “próximamente”, y que la DCS nunca informó a ese despacho acerca de las solicitudes previas realizadas.

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