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Biden tiene un plan para Guatemala

Hay un área, sin embargo, en la que sí se «sacara el chicote»: la lucha contra la corrupción.
«es complicado que haya acciones contra los actuales gobernantes, a menos que se presenten situaciones muy comprometedoras como relacionamiento explícito con el narcotráfico».
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Biden tiene un plan para Guatemala

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A partir del análisis de expertos y de los planes propuestos por Joe Biden en su campaña electoral, esta nota presenta qué cambios puede significar para Guatemala la nueva administración en Estados Unidos. Entre las prioridades están migración e inversión, pero la corrupción tendrá atención especial.

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A falta de contar una minoría de votos, la victoria de Joe Biden parece inminente. Para Guatemala este cambio, al menos en discurso, ya es notable: su propuesta migratoria brota del reconocimiento de Estados Unidos como una nación de inmigrantes.

«Es una falla moral y una vergüenza nacional que un papá y su hija se ahoguen nadando hacia nuestras costas… Que Trump use la separación como un arma contra familias buscando seguridad y una mejor vida. Trump ha liderado un fuerte asalto a nuestros valores e historia, la de una nación de inmigrantes», reza en el primer párrafo de la política migratoria de su gobierno. Un nuevo enfoque llega a la Casa Blanca.

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La narrativa compete de forma directa a Guatemala, para la que las remesas representan el 13% de su producto interno bruto, igualan las divisas generadas por exportación, y superan la inversión extranjera directa, como lo muestran estimaciones de 2019.

El gobierno de Biden pretende que Guatemala y sus vecinos del sur sean países más seguros, capaces de brindar oportunidades a su población, para así evitar la migración de guatemaltecos a Estados Unidos.

Esta política, sin embargo, no parece novedosa a expertos consultados. Es similar a la que ejecutada durante el gobierno de Barack Obama, que aún así ordenó una cantidad de deportaciones inaudita hasta entonces.

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Hay un área, sin embargo, en la que sí se «sacará el chicote» como dicen las fuentes: la lucha contra la corrupción.

Plan Alianza para la Prosperidad 2.0: apostar a la cooperación y no al muro para frenar la migración

El documento titulado, «El plan de Biden para construir seguridad y prosperidad con el pueblo de Centro América», expone el enfoque  de los demócratas hacia la región. Biden mantiene el objetivo de contener la diáspora de centroamericanos a Estados Unidos, pero contrasta con el tono y políticas de Trump. Destaca como causas de la migración la violencia, la pobreza y la ausencia de Estado, y afirma que buscará atenderlas.

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El plan es crítico con las «draconianas» políticas de Trump, que ven el problema en el migrante transfronterizo, e ignoran que la mitad de los indocumentados entran al país con visas de turista,. Asimismo, critica que fenómenos como el narcotráfico, causante de problemas en la frontera EE. UU., salió fortalecido cuando Trump desvió los recursos dedicados al control de drogas a controlar a aquellos que de forma legítima solicitan asilo.

Biden propone ahora una inversión de 4,000 millones de dólares para la región, a ejecutar en cuatro años, con cuatro acciones específicas: movilizar la inversión privada, mejorar la situación de seguridad y el imperio de la ley, atender la corrupción «endémica» y priorizar la reducción de pobreza a través del desarrollo económico.

A pesar del contraste en el tono, el enfoque no es novedoso y menos para Biden, quien se atribuye el consenso bipartidista que aseguró recursos para el Plan Alianza Para la Prosperidad (PAP), hacia 2015. «No sólo fue el gestor sino también el arquitecto del PAP del gobierno de Obama», recuerda Roberto Wagner, internacionalista y docente universitario.

PAP ofrecía una inversión compartida con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, en la que Estados Unidos ponía 750 millones de dólares, y los gobiernos debían poner una proporción similar, a fin de atender los problemas de violencia y pobreza que generaban migración.

El esquema falló «porque nadie (de los tres países) puso plata, ni se activó», indica Wagner.

El nuevo plan no pide la contrapartida directa, sólo un compromiso de inversión.

 

 

Edgar Gutiérrez, excanciller y exsecretario de análisis estratégico de Guatemala, señala que la propuesta corre el riesgo de ser más de lo mismo, y advierte que el PAP «fue un autoengaño, no hubo dinero de las contrapartidas y Estados Unidos sólo puso un nuevo título a su cooperación. No hubo confianza, ni hubo plan de reformas económicas», critica.

Gutiérrez considera que hay poca novedad y riesgo en esta política. Para el ex secretario de análisis estratégico un cambio real de la política migratoria pasaría por sincerar que EE. UU. «genera 13 millones de empleos que corresponden al perfil del migrante centroamericano y solo cubren millón y medio», advierte.

En este sentido, el plan de Biden define algunas políticas para atender la pobreza y sus causas. Entre ellas, el acompañamiento a jóvenes para que no se vinculen a pandillas, el acceso a justicia para víctimas de violencia doméstica, la atención a la inseguridad alimentaria en el altiplano y corredor seco, priorizar el desarrollo de capital humano y brindar más becas de estudio.

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Pero una de las acciones que mostrará el contraste real que el Gobierno de Biden con la región tiene que ver con los inmigrantes que ya están en EE.UU., piden asilo, o son detenidos en sus fronteras.

En su plan de gobierno, Biden promete proteger el DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que permite a casi 750,000 jóvenes que llegaron a EE.UU. sin visa, antes de 2007, permisos temporales para permanecer dicho país. Esta es una política que Trump intentó cancelar en 2017, pero la Corte Suprema protegió.

Además, ofrece impulsar el llamado DREAM Act, (Develompent, Relief and Education for Alien Minors Act) que formaliza legalmente la estancia de jóvenes que llegaron a Estados Unidos indocumentados, pero estudiaron en su sistema educativo o participaron del ejército de EE.UU.

De momento, esta política no está convertida en ley, un aspecto que se señaló a Biden en el último debate presidencial. «Fue un error, nos tomó mucho tiempo hacerlo bien, pero ahora seré presidente, no vicepresidente. En 100 días enviaré al Congreso una ruta para legalizar a 11 millones de personas, entre ellos, los dreamers» expuso. «20,000 de estos jóvenes han cuidado a la gente en la crisis de Covid. Les debemos. Les debemos», enfatizó el ahora presidente electo frente a Trump.

El desafío más grande estará en quienes llegan al país en situación de indocumentados.

La política de Biden busca reducir la crueldad y discriminación hacia los inmigrantes, eliminando el bloqueo a ciudadanos de países musulmanes, las políticas de separación en fronteras, las detenciones indefinidas, las políticas de asilos y el public charge rule, que impide brindar visa a personas que podrían requerir apoyo del gobierno. Y por su puesto, el muro, que ve como un desperdicio de esfuerzos y recursos.

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Como complemento, busca ordenar el ingreso de personas a su país, ofreciendo visas temporales para trabajadores calificados (TPS), política de particular interés para Guatemala, señala Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio entre Guatemala y EE.UU., pues junto a los vecinos centroamericanos y Venezuela, está entre la lista de posibles beneficiados, indicó.

A este programa se agrega la legalización trabajadores con puestos estables en granjas agrícolas, favorecer asilo a víctimas de violencia doméstica, y hasta rifar 50,000 visas, entre otros programas. Finalmente, generar una solución regional de reasentamiento, que vincule a Canadá y México.

Sin embargo, el plan no contiene detalles sobre una acción que definió la relación entre Estados Unidos y Guatemala (o entre Jimmy Morales y Trump) en el período más reciente: el acuerdo de tercer país seguro, con el que impide a migrantes salvadoreños y hondureños el asilo en EE.UU. tras haber pasado por Guatemala, deportándolos a nuestro país si llegan a sus fronteras.

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Para Roberto Wagner, catedrático universitario «lo que haga con este acuerdo será definitivo para definir qué tanto va a avanzar su política migratoria, entonces vamos a ver si sus acciones son cosméticas o no».

El problema para EE.UU. señala Wagner, es que, si ofrece cambios a su política migratoria, lo más probable es que genere un éxodo de migrantes, como sucedió en 2012, señala. «Por eso fue un error mencionarlo en el debate: de alguna forma impactará en el flujo de migración hacia ese país». En el primer debate presidencial que lo enfrentó a Trump, el presidente electo demeritó el acuerdo, señalando que atentaba contra la política de asilos y los valores de Estados Unidos como nación.

La firma del acuerdo «Tercer país seguro», sin embargo, no será un salvoconducto para los sectores que desatendieron los llamados de liderazgos demócratas que buscaban evitar la cancelación de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), o para quienes tienen conflictos legales con dicho país, según lo señalan expertos.

Corrupción: «Van a sacar el chicote»

Uno de los componentes del plan de Biden para la región norte de Centro América tiene en su título una postura política expresa: su proyecto busca atender la corrupción en la región, retratándola como endémica, algo propio e instalado en la región.

Su propuesta se enmarca en la tesis de que el crimen se adapta mejor a un entorno plagado por corrupción, que además aísla la inversión, y que genera las condiciones de violencia e inseguridad que provocan a las personas emigrar. Refiere que la corrupción endémica es una preocupación propia de Biden, quien ya lideró esfuerzos como vicepresidente en la región para atenderla.

Las acciones señaladas para atender esta situación son explícitas. Entre ellas, menciona la necesidad de procurar reformas que fortalezcan las fuerzas armadas, el sistema judicial y fortalecer fiscalías, en específico las que atiendan lavado de dinero y las que se dedican a la anticorrupción. La FECI, las fiscalías de delitos administrativos, y de delitos electorales serían algunas de las favorecidas.

Los planes de la nueva administración también contemplan aumentar la presencia de delegados de los Departamentos de Justicia (interior) y del Tesoro (Finanzas) en sus embajadas regionales, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, además de instaurar una oficina para el control de activos del extranjero en el departamento del tesoro.

No escatiman en mencionar que usarán las herramientas a su disposición, tales como designaciones, revocar visas y congelar los activos de individuos corruptos de nuestra región.

Finalmente, se propone la creación de una comisión regional anticorrupción, con el mismo mandato de la antigua CICIG: ayudar a fiscales y fortalecer capacidades institucionales. Procurarán vincular en este esfuerzo a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Para los expertos, acá es donde se verán los efectos más concretos del cambio de administración, pues los demócratas entienden la corrupción como un causante de la migración.

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, así lo advierte. Con la victoria de Biden «el tema de la gobernanza y fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción e impunidad se mantiene. Biden conoció la CICIG y sabe de lo beneficioso que fue para Guatemala», expone. Este enfoque se verá manifestó en el «el mensaje de fortalecer la FECI, que será claro, proveniente tanto de Washington como del embajador Popp. Puede que se condicione cooperación a cambio de voluntad política», advierte Mack.

Para Edgar Gutiérrez, este cambio va a ser muy perceptible, pues los demócratas y en particular Biden, tienen claro el balance de poder en Guatemala, lo que los hará más activos en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En particular, prevé «una mayor presencia y voces altisonantes contra el pacto de corruptos y todo aquello que busque debilitar el estado derecho, que es lo que hemos sufrido tras el desmantelamiento de CICIG», advierte.

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Gutiérrez indica que estos cambios ya comenzaron a mostrarse con los vetos públicos (a Felipe Alejos y Delia Back), pero que pueden continuar con la descertificación del puerto de Santo Tomas, una lluvia de cancelación de visas, y otras designaciones.

Roberto Wagner, profesor universitario, agrega que la lucha contra la corrupción se verá en primera instancia con acciones puntuales hacia «políticos caídos en desgracia, como Felipe Alejos, a quien le suspenden la visa cuando deja de ser parte de la Junta Directiva Congreso. Se verá contra quienes ya no tienen poder y en acciones directas como la elección de cortes» expone.

Wagner agrega que es complicado que haya acciones contra los actuales gobernantes, a menos que se presenten situaciones muy comprometedoras como relacionamiento explícito con el narcotráfico. Esto pues cualquier crisis política puede generar un revés en el que se declare a EE.UU. como enemigo o un nuevo éxodo de migrantes, algo que buscaría evitar por tradición.

Gutiérrez se suma a Wagner en ubicar entre los primero afectados por el cambio a los políticos sin poder, pero en particular, a los antiguos gobernantes.

«Los demócratas tienen cuentas pendientes con funcionarios del gobierno de Jimmy Morales que se portaron insolentes y desafiaron oportunidades de cooperación. Se colgaron demasiado de Trump, y les va a venir la factura», expresa, enfatizando que «van a traer el chicote, en concordancia con los desdenes observados. Van a salir dañados los del pacto» advierte el excanciller.

Con el actual gobierno se buscará definir parámetros de trabajo, haciendo inminente la elección de cortes y el fortalecimiento de las fiscalías independientes del MP. «Habrá menos libertad de acción, como la hubo hasta ahora» concluye Gutiérrez.

Poco movimiento en la economía

Finalmente, Biden buscará generar prosperidad a través de políticas dedicadas a la inversión en la región, pero también a una mayor recaudación fiscal.

En el documento consultado se expone que trabajarán con bancos multilaterales para facilitar el desarrollo de infraestructura y atraer inversión extranjera, procurarán la modernización de procedimientos para el intercambio, fortalecerán el micro financiamiento enfocado en mujeres, a fin de aprovechar las remesas en negocios sostenibles, y buscarán que los gobiernos de la región prioricen la inversión en electrificación, puertos y carreteras.

Así mismo, asegura que buscará fortalecer las inversiones de EE.UU. en la región tratando de aprovechar las capacidades adquiridas por migrantes retornados, desarrollar el capital humano, y finalmente, supervisar el cumplimiento del tratado de libre comercio (TLC-CAFTA) con delegados de los departamentos de comercio e intercambio para evitar la competencia desleal en la región. 

Juan Pablo Carrasco, de Amcham, prevé una situación estable en la economía con el cambio de gobierno. Observa que las acciones anticorrupción mejorarán el clima económico del país, que redunda en instituciones débiles y falta de desarrollo.

Con relación al tratado de libre comercio no ve ninguna novedad, pues es «un tratado que tiene quince años, tiene apoyo partidario, y será una prioridad para este gobierno, como lo fue para Obama». A Carrasco le genera expectativa que Biden defina como una de sus prioridades de inversión la infraestructura y energía, y que facilite el acceso a mercados de EE.UU. 

Javier Calderón, consultor económico internacional, agrega que algunas políticas internas como el incremento de un 20% al salario mínimo (que subirá a 15 dólares la hora) puede generar que sectores de exportación como el azúcar los textiles se vean beneficiados, ante el aumento de consumo de las clases medias del país.

Agrega que con los demócratas se tendrá la certeza de que no habrá chantajes sobre la exportación, como las que planteó Trump a cambio de la aprobación el acuerdo de Tercer País Seguro.

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Un último elemento de beneficio para Guatemala tiene que ver con los permisos temporales (TPS) que Biden promete para países entre los que se ubica el nuestro, señala Juan Pablo Carrasco. Para el presidente de Amcham, el cambio no será notable, sino más bien una continuación «de la positiva relación entre ambos países. Las prioridades de EE.UU., que son migración, corrupción y combate al crimen organizado seguirán, aunque habrá diferentes matices, con diferente estrategia», enfatiza.

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