Q300 millones robados: la estructura que defraudó al fisco en los años de Giammattei

Acompañado de sus cinco intendentes, Marco Livio Díaz pidió a las cámaras empresariales, la sociedad civil, los tanques de pensamiento y las élites intelectuales de Guatemala condenar el caso de corrupción que estaba a punto de detallar ante la prensa la mañana de este miércoles 14 de agosto.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lo nombró «B410»: una red de 410 compañías, muchas con sede en la colonia Banvi en la zona 7 capitalina, que habrían evadido pagar Q300 millones en impuestos durante los últimos tres años de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei.

«No podemos construir un país donde se apropian de los impuestos, donde la trampa y el robo privilegian los contratos», declaró el superintendente Díaz en la sede central de la SAT.

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Según el fisco, a lo largo de los tres años el entramado de empresas solo pagó Q26.9 millones en tributos ―entre Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre el Valor de la Renta (ISR)― de los más de Q5 mil 730 millones que facturó en el mismo período. En otras palabras, por cada millar de quetzales, solo abonó el 0.004% de los impuestos.

De las ventas que la red empresarial reportó de 2021 a 2023, Q2 mil 186 millones corresponden a negocios que las compañías realizaron con otras del mismo grupo, mientras que Q3 mil 544 millones corresponden a negocios que cerraron con entidades ajenas a la estructura.

En 2024, con Bernardo Arévalo en el poder, la SAT encontró que la estructura facturó otros Q714 millones, aunque aún no ha identificado si en este período también incurrió en evasión tributaria. Con este monto, la estructura «B410» logró llevar a su bolsa Q6 mil 400 millones.

¿Qué se podría comprar con Q300 millones que debió recibir el Estado y que, de acuerdo con el fisco, fueron desviados a cuentas privadas? Plaza Pública hizo estas comparaciones:

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Además del supuesto robo de impuestos, la SAT encontró que las empresas del entramado comparten algunas características que aumentan las sospechas de posibles delitos:

• Las 410 compañías registran una offshore en Belice y al mismo representante legal guatemalteco y socio, a quien el superintendente prefirió no identificar en la conferencia.
• Alrededor del 75% de las entidades comerciales fueron constituidas por un mismo notario. Las autoridades fiscales no revelaron el nombre.
• Más de 100 empresas nombraron al mismo perito contador. De acuerdo con la SAT, esta persona ―cuya identidad tampoco fue puntualizada― no dio su consentimiento para ello y por eso colocó una denuncia ante el MP.
• Aproximadamente la mitad de la estructura tiene como sede una casa en la colonia Banvi ―en los documentos se inscribió con error en el nombre: Bambi―. La SAT, en inspecciones presenciales, halló que la dirección no existe, que había cámaras instaladas en la zona y que vigilantes impedían que se visitara el lugar.
• Más de 200 compañías de esta red carecen de activos para prestar sus servicios y bienes al Estado.

La SAT fue cuidadosa en la conferencia de prensa. Solo reveló los nombres de nueve empresas que le vendieron de manera directa al Estado una amplia gama de bienes y servicios, como alimentos, ropa, remozamientos, útiles de oficina, mejoramientos de calles, rentas de maquinaría y alquileres de inmuebles.

Por estos negocios, en tres años los proveedores recibieron Q81 millones 761 mil de varias instituciones públicas, como la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Salud y municipalidades en Quetzaltenango y Suchitepéquez.

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Aparte, la SAT rastreó a 16 compañías que también cerraron ventas con el sector público, pero que al mismo tiempo adquirieron bienes y servicios de la red «B410».

El superintendente Díaz señaló que, a través de estas transacciones con la estructura denunciada, este conjunto de proveedores buscaba evadir el abono del IVA que recibieron del Estado, además de eludir también la entrega del ISR.

Los nombres de estas 16 empresas permanecen en secreto. Pero no los de las oficinas estatales que les compraron. De acuerdo con la Superintendencia, las tres entidades gubernamentales que erogaron más dinero para estas compañías pertenecen al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

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El monto de la supuesta defraudación tributaria de la estructura «B410» supera el de otros casos que sacudieron la opinión pública en los últimos 10 años. En 2016, el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denunciaron a Aceros de Guatemala S.A. por haber evadido retribuir Q255 millones en impuestos de enero 2006 a enero 2009.

En 2015, señalaron a la estructura «La Línea» ―que operaba en las aduanas― de defraudar al fisco por al menos Q28 millones de marzo de 2014 a abril del año siguiente. En este caso involucraron a los entonces mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes se vieron obligados a renunciar a sus puestos y siete años después fueron condenados en juicio.

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La trama alrededor del caso «B410» aún no termina. En realidad, apenas comienza. Organizaciones empresariales como la Cámara del Agro, la Cámara de Comercio, el Cacif, la Asociación de Gerentes, la Cámara de la Industria y el Consejo Nacional Empresarial, entre otras, salieron este mismo 14 de agosto a condenar la defraudación fiscal y pedir que se castigue a los culpables.

Nueve meses tardó la SAT en seguirle la pista a las 410 empresas vinculadas con la colonia Banvi, que fueron desactivadas y ya no podrán facturar más. Díaz sostiene que otros contribuyentes de la red aún están bajo análisis y que el monto de la evasión tributaria podría aumentar en Q800 millones.

Para confirmarlo, la pelota está en la cancha del MP de Consuelo Porras, la fiscal general señalada por la comunidad internacional de obstruir investigaciones contra la corrupción e intentar impedir el traspaso de mando a Bernardo Arévalo. El jefe de la SAT le envió una copia de la denuncia que presentó ante un juzgado. La Fiscalía ya había comenzado a investigar a cinco de las empresas, pero no ha hecho públicos sus resultados.