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Finanzas logra más presupuesto entre dudas para ejecutar recursos

«Se tiene el compromiso de luchar para cerrar los caminos a la corrupción y se rendirán cuentas del gasto» Jonathan Menkos ministro de Finanzas Públicas
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Finanzas logra más presupuesto entre dudas para ejecutar recursos

Diseño: Rosana Rojas
Diseño: Gabriel Serrano
Con colaboración de: Sofía Fuentes
Foto: Laura Garcia
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El reto para el Ejecutivo es lograr ejecutar a tiempo, con calidad y transparencia los recursos. La aprobación de más recursos para el Estado llega con cuestionamientos de intercambio de obras por votos, en un escenario en el que la Corte de Constitucionalidad pueda dejar sin efecto el decreto 16-2024. 

El proyecto para ampliar el presupuesto del Estado de 2024 genera suspicacias por la posible negociación de obras por votos para conseguir la aprobación de urgencia nacional. 

Durante la sesión del 13 de agosto se interrumpió la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para conocer la solicitud de la ampliación y dispensar el dictamen desfavorable, que previamente se había dado a la iniciativa en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda..

La votación estuvo abierta durante una hora para que se aceptara la dispensa para la que se obtuvieron 109 votos a favor, una práctica que recordó a legislaturas anteriores para pasar proyectos de presupuesto. Finalmente, en una segunda votación se logró aprobar el incremento de recursos para el Estado por 14,451.7 millones de quetzales, que ahora está en manos de la Corte Constitucionalidad (CC) debido a tres amparos interpuestos por diputados opositores y la Fundación contra el Terrorismo.

El decreto 16-2024, que contiene la ampliación al presupuesto, modificó tres artículos y adicionó una asignación de 500 millones de quetzales para apoyar a pequeños productores agrícolas con insumos (fertilizantes, semillas y aperos de labranza), y un programa de 500 millones de quetzales para préstamos que tendrá disponible el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

De acuerdo con el análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) con la modificación se crea el Fondo de Crédito Campesino, pero no se cuenta con el reglamento que defina los requisitos y las condiciones para otorgar los préstamos. Anota también que, en el pasado, las compras de insumos agrícolas facilitaron abusos y actos de corrupción.

Al respecto, esta semana, el mandatario Bernardo Arévalo expresó en su cuenta de X que instruyó «que todo se realice bajo mecanismos de transparencia, garantizando que los recursos lleguen a quienes lo necesitan. Esto reducirá el costo de producción de los campesinos y asegurará que las familias guatemaltecas tengan alimentos en su mesa a un precio más bajo».

 

Millones para obras

Para el ICEFI, el Congreso ignoró las recomendaciones técnicas en contra del incremento por 1,675 millones de quetzales para los Consejos de Departamentales de Desarrollo (CODEDES), y aprobó 1,875 millones de quetzales, sin justificación que respalde la asignación y con riesgo grave de abusos y corrupción. En total este año el presupuesto vigente para los Consejos alcanzaría 6,401.1 millones de quetzales, mientras reflejan niveles excesivamente bajos de ejecución, con solo el 16.1% de la asignación inicial de 4,044.2 millones de quetzales. 

En 2023, año electoral, los CODEDES recibieron una asignación de 4,334 millones de quetzales y ejecutaron el 80% al final del ejercicio fiscal.

Este rubro es de los más cuestionados, y para Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, se convirtió en el punto central de la negociación en el Legislativo para lograr pasar la ampliación del presupuesto con el apoyo de varias bancadas.

Según la votación del 13 de agosto publicada en el portal del Congreso de la República, 16 diputados estuvieron ausentes; 10 presentaron excusas; 23 votaron en contra y 111 dieron el aval al aumento presupuestario. Entre la bancada de Vamos se dieron votos a favor y en rechazo al proyecto, y lo mismo ocurrió entre los diputados de Vos, que habían rechazado la ampliación presupuestaria, pero la diputada y primera secretaria de la Junta Directiva, Karina Paz Rosales apoyó las modificaciones al presupuesto.

Boteo asegura que se dio una alianza coyuntural, en la que la presión de los alcaldes hacia los diputados para obtener recursos para las obras abrió ese mecanismo de negociación de obras a cambio de votos. El Ejecutivo tenía el interés de aumentar los rubros que busca impulsar y para los diputados el interés es llevar obra pública al interior, indica.

No se trata de una alianza que perdure, pero sí que facilite la aprobación del presupuesto para 2025 y que exista menos hostilidad en el Congreso hacia el Ejecutivo, comentó.

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Costo político

Para la calificadora de riesgo, Moody´s la aprobación es «una victoria legislativa clave» para el Gobierno porque logrará recursos para abordar las brechas de infraestructura y desarrollo social. Agrega que el déficit fiscal para este año alcanzará 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) lo que está dentro de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de mantener déficits entre el dos y tres por ciento del PIB.

Según Moody´s, se está avanzando en romper el estancamiento legislativo y puede allanar el camino para abordar otras áreas de interés del Gobierno, como competencia, inversión y leyes anticorrupción.

El ICEFI considera que algunas de las disposiciones aprobadas, como la exoneración de procesos de adquisiciones transparentes y públicas, revierten los controles anticorrupción que se tienen vigentes, por lo que pide que exista el compromiso de emitir normas que reduzcan las posibilidades de abusos y corrupción.

 

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El Ejecutivo carga con un costo político qué pagar por este tipo de negociaciones, que en el pasado han sido mal vistas por la población, explica Boteo al comentar que dentro del Ejecutivo se puede tomar como un costo para avanzar en el tema de la gobernabilidad.

Aunque sin datos de una encuesta reciente, agrega que la crisis en infraestructura le ha restado en aprobación al gobierno, y con la negociación para ampliar el presupuesto puede que pierda unos puntos más. «Al final es un costo-beneficio para el Ejecutivo, y dependerá de que rindan cuentas ante la población y muestra una ejecución distinta al pasado y transparente», concluye. 

Una semana después de la agitada aprobación de los cambios presupuestarios, el titular de Finanzas Jonathan Menkos dijo en un programa de radio que se tiene el compromiso de luchar para cerrar los caminos a la corrupción y aseguró que se rendirán cuentas del gasto, que además se realizará con procesos ordenados y transparentes. 
 

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