En Guatemala, con la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto del Congreso de la República número 22-2008, las denuncias presentadas al Ministerio Público se comenzaron a tipificar como casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Durante 2,021 se registraron 53,442 de estos por estos delitos, es decir, 61.5 víctimas por cada 10,000 mujeres, 3.9% más que en 2020.
Para muchas mujeres y niñas el lugar más inseguro es su propio hogar. Según la Organización Panamericana de la Salud, en 2,018 la proporción de mujeres y niñas entre 15 y 49 años que alguna vez tuvieron pareja, y que sufrieron violencia física o sexual de una pareja íntima actual o anterior fue: 27% en Costa Rica, 21% en El Salvador, 21% en Guatemala, 17% en Honduras, 23% en Nicaragua y 16% en Panamá. Lamentablemente, se teme que estas cifras se incrementaron debido a la pandemia de COVID-19.
La violencia en contra de las mujeres y las niñas tiene efectos multidimensionales, no solo en la vida la víctima, sino también en sus familias y las sociedades. Las mujeres víctimas de violencia generalmente tienen menores posibilidades de adquirir competencias educativas y profesionales, y con ello caen en un círculo vicioso, porque al tener menor nivel educativo, sufrir mayor vulnerabilidad y pobreza, o carecer de un trabajo remunerado, mayor es la probabilidad de volver a ser víctimas de violencia. Es decir, una mujer violentada encontrará más obstáculos para desarrollar plenamente su autonomía.
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Es difícil, si no imposible, calcular la magnitud de este problema. La única información disponible es la registrada en los espacios de denuncia, en los sistemas de salud o de seguridad y justicia. Entonces, ¿qué se sabe de los hechos que ocurren y no se denuncian? Aunque en Guatemala no se ha realizado una encuesta específica sobre violencia en contra de las mujeres, la Encuesta de Salud Materno Infantil realizada en 2014 y 2015 contiene alguna información, como que solo el 36.8% de las mujeres entre 15 y 19 años que experimentaron violencia buscaron ayuda.
La erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas es un desafío importante para los Estados centroamericanos, una de las deudas más grandes por la manera en que los gobiernos y las agendas políticas no han prestado la atención que exige esta tragedia. Uno de los grandes retos es visibilizarla. Se están realizando algunos esfuerzos, Honduras recién elabora su primera encuesta específica, mientras que El Salvador está a la vanguardia porque en 2017 realizó la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, a la fecha, el único país que ha completado una medición específica. Los resultados de esa encuesta en El Salvador mostraron que 67% de las mujeres reportaron haber sido agredidas alguna vez en su vida, y que 34% fueron agredidas en los 12 meses previos a la encuesta.
Los resultados de la encuesta salvadoreña también mostraron que la mayor prevalencia de la violencia es en los espacios públicos. Una evidencia cruda de que el problema existe y se extiende fuera de las familias, que puede alcanzar cualquier espacio, incluyendo los centros de enseñanza, las organizaciones, entre otros.
Otro de los problemas es la concentración geográfica de las instituciones públicas y los espacios seguros para recibir denuncias. Los registros administrativos inducen a creer que el número de mujeres víctimas de violencia es menor en las zonas rurales y en algunos territorios, que en las zonas urbanas y metropolitanas. Sin embargo, estas regiones rurales carecen de entidades para recibir denuncias, por lo que no hay garantías para las mujeres de esas regiones que les resguarden de agresores. Solucionar esta falacia en los datos es un nudo crítico para visibilizar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, ya que agrava o alimenta patrones culturales desfavorecedores para las mujeres del área rural, complicando aún más sus ya deterioradas condiciones socioeconómicas.
Los gobiernos deben fortalecer sus sistemas estadísticos, de datos, monitoreo, recopilación, análisis y presentación de informes, para lograr medir la gravedad, el impacto y la persistencia de esta forma de violencia. Más allá del hecho en sí, y no solo por su impacto en el desarrollo integral o la vida misma de las mujeres, sino, además, para identificar otros costos directos, como el costo de la productividad perdida de estas mujeres y el costo de la inversión pública para remediarlo.
Es necesario invertir en encuestas periódicas y específicas sobre violencia contra las mujeres, que midan la violencia sistémica, que incluya toda la diversidad de sus manifestaciones. Se debe lograr un abordaje institucional, con legislaciones robustas, planes, políticas y espacios de atención integrales. La violencia en contra de las mujeres y las niñas representa un desafío político importante, pues erradicarla requiere voluntad, recursos y asignaciones presupuestarias suficientes para que las acciones sean sostenibles en el tiempo. Puede prevenirse y erradicarse: vivir libre de violencia es posible para las mujeres y las niñas en Guatemala, y de todo el mundo.
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