Con el debido espíritu de responsabilidad y anclaje a la realidad, es preciso evaluar cuál es la situación actual de Consuelo Porras, fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), y de sus sicarios más baratos y detestados, destacando el tristemente célebre Rafael Curruchiche, vergonzoso jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Con ellos, además, Fredy Orellana, juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala; y Cinthia Monterroso, también fiscal de la Feci, entre otros. Toda una constelación de funcionarios de un sistema de administración de justicia capturado y al servicio de mafias corruptas y criminales. Todos, además, notables miembros de la denominada lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, elaborada por las autoridades de los Estados Unidos de América.
Quizá un primer elemento a destacar es la forma en la que Porras y Orellana han bajado su perfil mediático. La última aparición pública de Porras fue durante la visita de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al inicio de agosto, hace casi ya un mes. De Orellana no se sabe nada desde la segunda mitad de julio. En cambio, todas las acciones recientes de persecución penal y judicialización espuria las han protagonizado, principalmente, Rafael Curruchiche, y en algunos otros casos, las jefaturas de otras fiscalías del MP, incluyendo las de asuntos electorales y administrativos.
No debe descartarse que la «desaparición» mediática de Porras y Orellana obedezcan a una actitud cautelosa y otros comportamientos estratégicos. Esto sería muy lógico, luego de la contundencia del resultado de la jornada electoral del 20 de agosto, en la que, por ahora de manera preliminar, Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla se erigió como ganador incuestionable con el 60.5 por ciento de los votos válidos (descontando votos nulos) en el balotaje de la elección presidencial.
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Este mismo razonamiento aplicaría a la actitud temeraria y suicida de Curruchiche, quien, cual kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, pareciera que se ha lanzado a la última de sus misiones, insensible a la estupidez de pretender vencer la voluntad de una ciudadanía expresada en el voto, con requerimientos de información y amenazas en la televisión de capturas. Causa enorme vergüenza ajena, y no pocas burlas, la frivolidad de las acciones de Curruchiche, quien luce más y más desesperado y temeroso. Notablemente carente de posibles argumentos legítimos, ha empezado a echar mano de denuncias y casos presentados con anterioridad y descontextualizados en la coyuntura actual. Algunos de los interponentes originales de estas acciones legales ya las han desestimado, tal el caso de la denuncia que presentó al MP el señor Pedro Cruz, en un contexto y con un motivo muy distinto al que hoy persigue Curruchiche.
Tampoco debe descartarse que Porras, en vez de obedecer las órdenes de estructuras criminales como la Fundación Contra el Terrorismo de Ricardo Méndez Ruiz, esté empezando a pensar cómo salvar su pellejo. Y con ello, Curruchiche estaría ya brillando fulgurante como el fusible perfecto a quemar para reducir la tensión del momento, y quizá, buscar una negociación.
Porras y sus secuaces continúan siendo peligrosos y no deben menospreciarse sus amenazas. Pero, luego de la contundencia de los resultados del 20 de agosto, es innegable que el escenario ha cambiado y ya están reacomodándose las cuotas de poder.
Esto porque, aún en nuestra maltrecha y magullada Guatemala, el principal estamento, el poder más importante, es el de la mayoría ciudadana, activa y valiente.
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