Así se expresó Christopher Arif Bulkan, relator sobre derechos de pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 27 de febrero en Washington. Se le puede escuchar acá en el minuto 39’: «rather than protocols before evictions take place, shere should be no evictions».
«Nosotros éramos una comunidad estable, con un acuerdo con Conap, teníamos código de escuela, teníamos maestros presupuestados por el gobierno. Nosotros no necesitábamos ni una pastilla, nada del gobierno. Se ve muy horroroso que un gobierno haya hecho eso con nosotros. Éramos campesinos exitosos, cultivábamos maíz, frijol y chigua, aquí cerca de México así le decimos, en Guatemala se le dice “pepitoria”. Eso nos daba buen dinero para vivir. Todo lo teníamos bien ordenado, pozos, agua limpia. Y luego de estar viviendo 20 años así en el área, se viene el desalojo».
Lisandro*[1], de 34 años, líder comunitario, me narra por teléfono: «Ahorita andaban en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de Copadeh dijo que las tierras no son aptas para los campesinos, eso es una mentira. Nosotros de esa tierra vivíamos. Si usted viniera, viera. Es un paraíso y hay una laguna muy hermosa».
En junio de 2017, 1,500 efectivos del Ejército y de la Policía desalojaron con violencia y sin previo aviso a 111 familias de Laguna Larga, Petén hacia varios kilómetros de ahí, en la línea fronteriza con México. Antes eran una comunidad, ahora son un campamento de gente amontonada.
Las y los campesinos exitosos que se asentaron con permiso del gobierno de ese momento en la Laguna Larga, eran gente que se había desplazado de diferentes departamentos del país –Chiquimula, Alta Verapaz y Petén– y crearon una nueva comunidad. Había gente desplazada después del 82, el año más sangriento del conflicto armado, y también gente buscando mejores opciones de vida que venían del corredor seco del país, donde la agricultura es difícil por la falta de lluvias.
Lisandro me explica que la comunidad de la Laguna Larga no estaba dentro del parque del área protegida de la Laguna del Tigre: «No entendemos porque a nosotros, campesinos que estamos fuera del área protegida, nos desalojaron, cuando finqueros que sí están dentro del área protegida establecida por el Conap, los dejan vivir ahí. Usted sabe que los ganaderos tienen dinero y, pues, a saber qué habrán pactado con el Conap».
Aparte de la problemática de los ganaderos, el joven líder agrega: «Muchos hablan del Parque de la Laguna del Tigre como un área boscosa, pero si vinieran se decepcionarían, porque en las áreas donde está la empresa petrolera Perenco ya no hay selva, ya está deforestado».
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Este artículo de 2016 de Mongabay lo explica: «En el corazón del Parque Nacional Laguna del Tigre, al oeste de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM), se pueden ver decenas de pozos petroleros desperdigados, como islas, entre miles de árboles y vastos humedales (…). El Parque Nacional Laguna del Tigre, además de contar con la categoría más restrictiva de protección, se encuentra adscrito al Tratado Internacional Ramsar de protección de los humedales. En principio, solo debería estar destinado a la investigación científica y al turismo naturalista».
El comentario de Lisandro me recuerda al documental del francés Gregory Lassalle, que expone cómo la petrolera franco-británica Perenco, en una ostensible campaña de lavado de imagen, fue patrocinadora de una exposición de arte maya en París, en 2011. A mi criterio, esto fue una exhibición de colonialismo extractivista en su máximo esplendor, que ignora la existencia actual de los pueblos mayas y usa discursos políticamente vacíos.
Por teléfono tuve la oportunidad de hablar también con otro líder comunitario. Don Leandro* me explica que, además del desalojo violento, se les ha criminalizado y acusado de ser narcoganaderos, narcomadereros y narcotraficantes. «Antes de que el Ejército y la Policía (Nacional Civil) nos desalojaran, llegaban patrullas a insultarnos y a intimidarnos. El desalojo fue imposible pararlo.Yo ya estaba hablando con Derechos Humanos en San Andrés Petén, pero igual se dio. 1,500 efectivos del Ejército y policías llegaron para desalojarnos. Nosotros, como campesinos, no tenemos armas para pelear. Derechos Humanos en ese momento no hizo nada, nos dejó a la intemperie. Esto llora sangre. Resultamos tirados en la calle. Ese día estaba lloviendo, fue un día muy duro, especialmente para la niñez de nuestra comunidad. A las casas de lámina le metieron motosierra y a las de palma, las quemaron».
Luego de arrancarlos de sus tierras, les robaron sus muebles, bombas eléctricas, trastos, marranos y más.
«Queremos de vuelta nuestras casas y nuestras tierras que nos quitaron». Donde nos echaron, no se puede reconstruir una nueva comunidad, estamos en la línea entre México y Guatemala. Todo lo que dijeron de nosotros ante los jueces era mentira y los jueces creyeron todo eso», dice Leandro.
Lo que pide la comunidad desalojada es lo siguiente: el retorno inmediato a sus tierras, la reparación digna para todas las personas que perdieron a sus seres queridos por enfermedad –debido a la falta de agua limpia y alimentos– y el resarcimiento por lo que les fue robado.
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Ahora, nuevos peligros acechan a las personas de esa comunidad desalojada, porque desde hace varios meses hay nuevas personas rondando con guardaespaldas. La comunidad pide que se investigue quiénes son esas personas. Don Leandro me cuenta: «Nos dan miedo, ellos andan armados, nosotros, no. Nos amenazan de querer dejarnos totalmente en la calle. Las autoridades competentes allá en Guatemala y el Conap tienen que investigar».
Añade: «Nos salen granos en el cuerpo y tenemos enfermedades por el agua no apta para consumo. Y una vez al año recibimos donaciones de comida por parte del gobierno».
Luego, me pasan por teléfono a don Laureano*, de 66 años, originario de Zacapa. «Yo estuve presente cuando se establecieron los límites del polígono para nuestra nueva comunidad de Laguna Larga en los años 2006-2008. El Conap dejó una acta firmada que confirmaba que nos íbamos a poder quedar ahí estables. Pero ha de haber algún negocio de por medio de Guate Carbón con los dos gobiernos anteriores, corruptos».
Doña Leonor*, de 47 años, llegó a la comunidad con sus hermanos. «Yo hasta trabajaba con machete, dos años tenía de tener mi casa de lámina y todo me lo destruyeron. La madera con motosierra la destruyeron, ni unas tablas pude yo sacar para dormir. Estuvimos luego durmiendo en el puro charco por las lluvias. Me duele. Porque yo traje aquí al campamento a un niño de un año y a una hija que tenía tres días de haber parido, una niñita. A esa niñita le corría el agua en el lomo, ahora de siete años sigue ella muy enferma. Al gobierno ya se le hizo callo en la cara, por eso no nos pone atención. Quiero retornar donde yo tenía mi pozo, ahí me bañaba con agua limpia, ahora nos bañamos con agua sucia. Es duro para la niñez dormir en carpas de nylon con este calor. Allá en la comunidad, nada esperábamos del gobierno, con nuestro puro sudor pagábamos nuestra comida, medicina, calzado, ropa, todo. Trabajábamos cuatro manzanas; aquí no alcanza lo que trabajamos. El gobierno nos manda una vez al año comida, no más. Los que no nos dejan aguantar hambre y nos han ayudado mucho son los del Bufete de Derechos Humanos».
Los líderes comunitarios me comentan también que personas mexicanas del otro lado de la frontera les han apoyado con comida.
Antes de que yo cuelgue, me interpela la lideresa: «Disculpe, la niña aquí quiere pedir una maestra. Ella dice que quiere ir a la escuela y no le mandan su maestra de párvulos».
¡Lucerito Maribel de 5 años cada día ve a sus hermanitos mayores ir a la escuela y ella quiere ir a la escuela también!
Llevaron maestras de primaria, sin embargo, las de preprimaria nunca llegaron. Un líder me comenta que lo mismo pasó con los maestros de básicos.
Oswaldo Samayoa, Director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), esperamos acciones concretas a sus palabras de esa sesión de febrero 2024 en Washington en la CIDH donde así se pronunció (minuto 27): «El gobierno del Presidente Arévalo reconoce el derecho a no ser desplazadas las personas (…). El Estado de Guatemala reitera su voluntad y disposición de dar cumplimiento a las medidas cautelares en cuanto a la atención, asistencia y protección y manifiesta tener, a partir de ahora, una diligencia de vida en cuanto a buscar soluciones sostenibles y certeras para su población que permitan a las personas vivir bajo el mandato constitucional de lograr el bien común como un bien del Estado».
Nunca más deben ocurrir desalojos y tiene que haber reparación para cada comunidad extirpada con violencia de sus tierras. En esta columna escribí también sobre otro desalojo violento en Huehuetenango.
Nuestra conversación telefónica termina con estas palabras: «Ojalá que de verdad haya una nueva primavera como prometió este nuevo gobierno».
[1] Todos los nombres con * son ficticios por razones de seguridad.
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