El artículo formaba parte de la primera portada bajo el título «Azúcar: la nueva adicción», y luego en las páginas centrales se publicaba el reportaje, en octubre de 2016, escrito por William Ecenbarger y Mary Aikins, con otro sugestivo nombre: «Azúcar, el nuevo tabaco».
Ya sabemos del éxito con que los científicos de la salud han sobrellevado la adicción del tabaco, tan común en los protagonistas de las películas de la década de los setenta, y los esfuerzos de las grandes transnacionales por demostrar, falsamente, que el vicio no era la causa de males tan graves como el cáncer pulmonar, entre otros.
Lo cierto es que las haciendas públicas del mundo subdesarrollado y en desarrollo, principalmente México y Chile, han desplegado notables esfuerzos en torno a impuestos al azúcar y comida chatarra, y el etiquetado de los alimentos.
Recuerdo bien la cruzada de distinguidos médicos chilenos por imponerse al fin con el etiquetado de los alimentos, y los dimes y diretes, primero en Inglaterra y luego en México, en relación con el impuesto al azúcar. Investigaciones serias en nuestro vecino del norte han demostrado que principalmente las niñas escolares han reducido la ingesta de azúcar,luego del impuesto a las bebidas carbonatadas, que en nuestro medio acarrean cargas de azúcar groseras, incluso mayores a los 40 gramos por botella. Como bien se sabe, tales ingestas de calorías y grasas saturadas, entre otros componentes, está demostrado que son culpables de buena parte de las enfermedades crónicas y degenerativas que luego se trasladan al denominado aporte no contributivo de los seguros sociales y la salud pública, que cubre a buena parte de la población del mundo civilizado.
El artículo de Ecenbarger y Aikins bien señala que la carga de las anteriores generaciones era el tabaco y las regulaciones han venido venciendo el vicio, sin embargo, hoy se trata de la industria de alimentos y bebidas, que es más difícil de reordenar para el bien de la salud.
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El doctor Aseem Malhotra, cardiólogo londinense de unos 45 años de edad, es un líder de la cruzada antiazúcar y comida chatarra en Europa. Y acusa, dicen los autores, a la industria alimentaria de haber tomado prestado el «manual de estrategias corporativas» para esquivar las normativas. Y todo ello con una diferencia, afirma el galeno, si bien el consumo de tabaco de ayer era evitable, ahora pareciera ser que los estilos de vida de la alimentación poco saludable están a la orden del día.
En 2015, nos dicen los autores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reafirmó una recomendación previa de que la ingesta ideal de azúcar –sin contar la que está presente en frutas y verduras– no debe exceder del 10 por ciento de la ingesta calórica total. La OMS ha presentado pruebas fehacientes de la alta correlación entre consumo de azúcar y obesidad.
En Noruega, que es un caso de éxito, una combinación de impuestos al azúcar con etiquetado de alimentos, y buena comunicación social preventiva, han logrado disminuir de manera exitosa la ingesta de alimentos con altos contenidos de azúcares, sodio, grasas saturadas y demás. Mientras tanto, en las escuelas públicas se alimenta a los niños con dietas balanceadas, lo que contribuye además al crecimiento y a formar mejores deportistas y amantes de actividades lúdicas.
Los expertos en estos temas, que provienen de la salud pública, bien estiman, nos dicen los autores citados, que la combinación de buena comunicación social preventiva e impuestos, reduce el consumo de tales productos y se va tendiendo a un efecto de sustitucion hacia alimentación más saludable, conllevando buenos réditos en las empresas que se reconvierten.
Ante la iniciativa que hoy se discute en el congreso bien sobresale el estribillo que la misma encarecerá los precios, afectará las libertades y tiene un impacto importante en las pequeñas y medianas empresas, en las tiendas, como se les llama aquí, o pulperías, en otros lares. Así pasó en México con el impuesto al azúcar: el revuelo causó las conocidas oposiciones, sin embargo, la medida camina, paralela al desarrollo de mejores sistemas de protección social.
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