2024: el derecho como obstáculo al cambio social

Es indiscutible que estamos hoy ante una crisis del aparato de justicia y los principales medios de prensa internacionales así lo dicen al hablar sobre el país. El tema es complejo y delicado porque en las relaciones internacionales la denominada en inglés rule of law es un pilar de primer orden para edificar economías de mercado modernas y sistemas democráticos con credibilidad para operar en este mundo de multilateralismo.

La conflictividad que hoy se observa, y que alcanza matices político-electorales, tiene que ver en parte con disputas vinculadas a privilegios. Tal es el caso de la captura del presupuesto, la lucha por chances jugosos en la burocracia y magistraturas, y pagos bajo la mesa como producto de circunstancias como el financiamiento electoral ilícito, entre otras.

Es de notar los grandes sueldos de los altos burócratas judiciales, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el resto de magistraturas surgidas bajo necesidades diversas, como es el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión contra la Tortura y otras no menos importantes. La lucha de chances en esos ambientes, así como en las postuladoras, toma formas en extremo complejas. Y como no existe en estos momentos un sistema de mérito en la función pública, las elecciones adquieren matices de mediocridad que afectan de diversas maneras el comportamiento colectivo.

Para explicar lo que acontece bien vale releer a don Eduardo Novoa Monreal: «El derecho como obstáculo al cambio social» es una serie de reflexiones que retratan de cuerpo entero la desconexión que existe entre el derecho y las realidades sociales que hoy vive el mundo. Consiste en el alejamiento del derecho de la realidad social, movido por los altos privilegios que sus dictados concentran, en pro de la perpetuación de la especie de magistrados, tinterillos y encopetados bufetes y, por supuesto, de las instituciones íntimamente ligadas al mismo, que se han recetado emolumentos descabellados para individuos mediocres y corruptos, como se observa en las diversas magistraturas.

[frasepzp1]

El Derecho y la educación superior y jurisconsultos están cada vez más alejados de la realidad y envueltos en sus intereses, los de sus clientes pudientes y su servidumbre a los poderes corporativos más rancios. Los preceptos y prácticas opacas y poco convencionales comienzan a convertirse en un lastre que frena el progreso social. Sólo basta con oír los juicios de destacados diplomáticos de la Organización de Estados Americanos sobre las más recientes acciones judiciales en contra de las resoluciones electorales para entender la gravedad del asunto.

Hay un desajuste de la ley escrita por el transcurso del tiempo, mientras la vida social tiene una alta movilidad. Un ejemplo es que, la semana pasada, las mujeres de Ohio que votaron en las elecciones estatales pudieron consagrar en la Constitución del Estado un artículo pétreo que legaliza el aborto. Por supuesto, por estos lares no se dijo ni pío.

El tópico de actualidad tiene que ver con los instrumentos de represión que utilizan los privilegiados –en este caso los burócratas actuales de las magistraturas y sus socios que acumulan capital y grandes inversiones– y los instrumentos represivos a su disposición para evitar que los cambios lleguen.

Novoa bien nos afirma que «por ello es que cada cierto tiempo brotan esas formas políticas aparentemente anormales, como son el bonapartismo, las dictaduras militares y aún manifestaciones de brutal gobierno, que ensucian la cara buena del régimen». Todo ello obliga a pensar en nuestro devenir, en virtud de que, tal como lo afirman diversos pensadores, pareciera ser que el autoritarismo es una constante de sistemas de alto privilegio, ya sea de un lado del espectro político, como el venezolano o nicaragüense, o bien hoy el guatemalteco. Por algo los clasificadores internacionales nos acercan y agrupan con el pelotón de rezagados en libertades diversas y, por supuesto, en desarrollo social.

Existe un andamiaje que apuntala tales privilegios, y el presupuesto de la nación puede observar algunos ejemplos claros, así como la prevalencia de políticas desreguladoras que exoneran de impuestos, hacen mutis de la contaminación de ríos y costas, permiten el contrabando y el despojo de tierras, admiten la presencia de sociedades anónimas sin mayores cortapisas, privilegian el poder de los monopolios; y en general, son parte del diseño divino de la política económica del no hacer nada, al servicio de los grandes potentados. Al final, el derecho no es más que la superestructura del andamiaje económico de una nación.

Como bien lo dice Novoa en su libro: «el mensaje está dirigido a las juventudes y forma parte de una visión refrescante por el devenir. La misma es el fondo de nuestras esperanzas».