En el reportaje se hace un viaje de campo a Sumpango y Almolonga, y se muestran las dificultades de la economía campesina, y de los campesinos: cambio climático, insumos caros provenientes de monopolios, problemas graves de capital de trabajo, altas pérdidas por cosecha, carencia de asociatividad. Y en general, una política pública, a cargo del ministerio del ramo y del gabinete económico que es ineficaz y de mucho desperdicio de dinero público. El caso de los antes denominados extensionistas agrícolas, y que hoy se ha convertido en clientelismo, y malas contrataciones, es sintomático.
¿Qué hacer entonces? Primero comprender lo que sucede. En los casos de los pequeños productores de café, cardamomo, y de verduras y frutas, que son la base de la seguridad alimentaria del pueblo. Se debe encumbrar ese término de «seguridad alimentaria», que es tan esencial hoy en día como cualquier otra política de la sociedad del riesgo: los países civilizados y más desarrollados aseguran la alimentación de múltiples formas, con complejos sistemas de subsidios, grandes procesos de almacenamiento en caso de guerras o catástrofes, crédito bancario adecuado y, por supuesto, apoyo tecnológico y asesoría.
En una propuesta en la que este escribiente participó sobre una visión cooperativa 2012-2037, para la Federación de Cooperativas Agrícolas –FEDECOAG-, contribuí a acuñar el enunciado De la crisis a la oportunidad, de la pobreza a la acumulación horizontal de la riqueza. La acumulación horizontal de la riqueza tiene que ver con el combate a la desigualdad. Lo retomé de mi maestro, el doctor Juan José Sanz Jarque, exsecretario del Consejo del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) de España. Además de profesor de Derecho Agrario y Sociología. Sanz fue también cofundador del Instituto de Derecho Agrario y Reforma Agraria (IIDARA).
El tan solo hablar de estos términos, hasta en la Guatemala de hoy, causa escozor de los sectores más conservadores, que nunca han admitido la discusión en el país de un Código Agrario, por ejemplo. Y es que cuesta mucho dialogar y pontificar sobre la moda de cadenas productivas, productividad, competitividad, sin tocar los grandes temas ligados con la tenencia y el uso del suelo, y las desventajas de la economía campesina frente a la agricultura de gran plantación, del banano, la palma africana y la caña de azúcar, entre otros. Pareciera ser que los agronegocios se están comiendo al campesino y a la seguridad alimentaria.
En la propuesta de FEDECOAG escribíamos y advertimos sobre los efectos del cambio climático, la pérdida de cultivos y el incremento de los precios de los alimentos, además del decaimiento de la exportación agrícola y el auge de las remesas. Es decir, de exportar gente.
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Una de nuestras prioridades fue mirar hacia el alza de los precios de los alimentos, y le atribuímos diversas causas: i) aumento de la demanda mundial; ii) reducción de la disponibilidad global; iii) atracción hacia el cambio de destino de productos agrícolas; iv) aumento de costos de insumos externos y energía para transporte y procesamiento de alimentos; v) movimientos financieros especulativos. Y a lo interno: i) las características monopolísticas del proceso de producción y distribución alimentaria; ii) dependencia de importaciones e incremento de la factura de importación de alimentos y iii) carencia de políticas de fomento productivo y asociatividad para los pequeños.
En términos de propuesta, la primera recomendación es mirar hacia atrás, y de una manera crítica ayudar a recomponer las fallas de las políticas formuladas e implementadas desde el plano estatal. Asimismo, corregir las fallas del modelo económico, muy orientado hacia la agricultura de la gran plantación exportadora que, a pesar de la cantidad de recursos que utiliza, no se aproxima ni por asomo a la generación de divisas producto de la diáspora de migrantes.
A partir de finales de los ochenta se comenzó a desmantelar las políticas públicas básicas de seguridad alimentaria. Además, la política económica, tanto en el plano de la integración económica centroamericana, como la de tipo comercial y de fomento, no ha funcionado adecuadamente para coadyuvar en una reconversión productiva y diversificación.
Así, se añadió también en tal propuesta que la seguridad alimentaria resulta ser un tema pivote, sobre el cual se habla muy poco en la Guatemala de hoy: las naciones hoy industrializadas han procedido, en primer lugar, a fortalecer y asegurar los alimentos para su población. Se han efectuadomprofundas transformaciones agrarias en su interior, y para asegurarlas, han sido indispensables programas y transferencias fiscales y de ayuda al agricultor.
La extrema orientación en producción agrícola comercializable externamente, frecuentemente va en contra de la producción de granos básicos y la producción alimentaria del pueblo. Se deben balancear ambos, principalmente en lo concerniente al uso del suelo, que suele dar lugar a despojos incluso violentos. Por lo que si los países desarrollados quieren solucionar los temas de la migración, deben revisar sus programas de ayuda.
En 2021 publicamos en la revista del IPNUSAC un número dedicado al Desafío Impostergable: Seguridad alimentaria y nutricional. En este, publiqué un artículo titulado Inseguridad alimentaria: una visión desde la Economía Política.
La propuesta hace ver la urgencia de promover programas de fortalecimiento de la pequeña y mediana propiedad agrícola, revisando incluso medidas vinculadas a los tratados de libre comercio. En las negociaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, dicha nación protegió 47 líneas arancelarias vinculadas con el desarrollo rural y la alimentación, mientras que Guatemala tan solo una. Además, Guatemala ha venido azucarizando sus negociaciones de libre comercio. Es decir, buscando cuotas mayores de azúcar, y así se ha ofrecido en las negociaciones con diversas naciones del sudeste asiático.
En más de una ocasión, he oído de funcionarios asiáticos decir «liberen los aranceles para las láminas e industria metálica, y nosotros les abriremos mayores cuotas para el azúcar». Mientras tanto, las barreras fitosanitarias para exportar un limón a Corea del Sur son inmensas.
Es así como en las dinámicas agrarias, lo que tiende a verse en los últimos tiempos es la extinción gradual y la descomposición de la economía campesina. Expoliada frente a la sed de acaparamiento de tierras, el papel del campesino es el de vender su parcela y pasar a formar parte del ejército de mano de obra para la gran agricultura de plantación y migrar, hacia las urbes, o bien hacia los Estados Unidos.
Resulta entonces ser este un tema de urgencia para tratar por el Congreso de la República y por el Gobierno central. Debe buscarse un fortalecimiento de la asociatividad, y de la celebración de contratos que no sean expoliadores de los productores frente a los grandes compradores y comerciantes.
Estimamos así que la ocurrencia de inseguridad alimentaria deviene del modelo económico imperante, y de la desigualdad que está asociada a políticas de ingresos, mal diseñadas, sin sustento estadístico adecuado, o bien ausentes del todo. Debe contrarrestarse todas esas políticas asociadas a la desindustrialización, la carencia de fomento económico y, principalmente, del desmonte arancelario que desestimula la producción interna.
Se propone así un enfoque más integral y amplio de la atención alimentaria, acentuando las preocupaciones por el desarrollo rural y la cuestión agraria. En Guatemala, por ejemplo, llama la atención que los denominados consejos de desarrollo urbano y rural se preocupen ante todo por proyectos de asfaltado de calles y caminos, pero, en términos de la ruralidad como un todo, se mantengan completamente ciegos y absortos ante lo que sucede.
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