Un militar ya fallecido —de quien guardo grata memoria— me dijo en una ocasión: «A pueblo encabronado no hay cuartel que aguante». Siendo que era la guerra interna, fruncí el entrecejo. Al ver mi duda repitió: «A pueblo encabronado no hay cuartel que aguante». Y yo pensé: «Por eso te tienen fuera de mandos y comandos».
Bien, en la Guatemala de hoy, ¿qué falta por hacer? La respuesta es ¡mucho! De inicio, no creer todo lo que nos dice el Gobierno. Ni todo lo que nos dice Otto Pérez Molina. Han mentido demasiado. Y no debemos conformarnos con dulcitos ni con canciones de cuna. El proceso de limpieza debe seguir. El Congreso y el Organismo Judicial no deben quedar fuera de la limpia.
Como canción de cuna escuchamos: «La vicepresidenta renunció por una decisión personal y voluntaria». Así dijo el presidente. Hasta le agradeció el servicio y el compromiso mostrado en pro de los más necesitados. ¡Vóytelas! No. Esa señora dejó el cargo atrapada por su propia maraña, a los pocos días de las multitudinarias manifestaciones del pueblo-pueblo solicitándole su dimisión y a las pocas horas de que la Conferencia Episcopal de Guatemala exigiera a los corruptos devolver el dinero defraudado al pueblo de Guatemala.
No es para menos. ¿Dónde están los dineros que se robaron del IGSS? ¿Dónde están los 80 millones defraudados al Congreso? ¿Dónde lo robado al Instituto de Previsión Militar? Me refiero a los gobiernos civiles pos conflicto armado que con su bandidaje santificaron a los militares de la guerra interna. Encarcelados hubo, pero, como bien dijo alguien, «la vergüenza pasa; el pisto queda». He ahí otra tarea por hacer. ¡Que todos devuelvan lo robado! No solo los funcionarios cleptómanos del gobierno de Otto Pérez Molina, sino todos.
De no exigirlo el pueblo-pueblo, en breve saldrán —los actuales ladrones— mondos y lirondos, como ya los había dejado salir la jueza de quien se presume que «pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera». Y se pasearán —al mejor estilo de los ladrones de los gobiernos anteriores— como aristócratas que de aquí a cuatro años estarán encabezando casillas para diputados, alcaldes y cuanto puesto de elección popular haya.
Por semejante dislate, a la jueza Marta Sierra de Stalling no le irá bien. La Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron ya una solicitud de antejuicio en su contra. Según el comunicado de prensa 016 de la Cicig: «La solicitud fue planteada por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal y se le asignó al Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, el cual ella misma preside». Y aunque no se puede condenar a quien no haya sido oído y vencido en juicio, la lógica nos dice: ¡vaya manera de terminar toda una carrera profesional! Porque una acusación de tamaña envergadura, se compruebe o no, pesa toda la vida.
Ese bendito día, el de la dimisión de la Doña, sucesos extraños no faltaron. A pocas horas del pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Guatemala, un medio voceó que el arzobispo metropolitano no apoyaba la petición de renuncia. Dicho sea, la noticia no estuvo del todo clara. Aparecía un link y un título, pero no había más. ¿Lo dijo o no? ¿Fue un texto sacado de contexto? ¿Fue una declaración anterior a los hechos que se vivían? No sé. Sin embargo, dada la gravedad del momento, el Arzobispado debe aclarar qué fue lo dicho por el metropolitano. El buen juicio así lo aconseja porque el intríngulis llama a confusión.
En ese orden, hemos de tener claro que el arzobispo no es «el jefe de la Iglesia católica en Guatemala», como erróneamente vocea la prensa nacional. El título de arzobispo no va más allá de ser honorífico y no existe una línea jerárquica sobre los obispados. Cada obispo responde directamente al papa.
Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. Los rostros desencajados de Otto Pérez Molina, Godofredo Rivera y Valentín Gramajo así lo anuncian.
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