Sabotaje a la justicia

La anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Silvia Valdés, se mantuvo en el cargo por casi dos períodos. Cabe destacar que, según la convicta exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías, ella y el exconvicto Manuel Baldizón, negociaron en torno a una cama, quiénes habrían de dirigir el Organismo Judicial (OJ). Negociación que, obviamente, requirió de la aquiescencia de las personas designadas quienes con sus resoluciones pagaron el favor concedido.

Ha llegado el momento de integrar de nuevo a las comisiones de postulación para designar candidaturas a la CSJ y a las Salas de Apelaciones. Y con esto, ha vuelto el juego perverso de intentar copar los espacios en beneficio del pacto de corrupción e impunidad. Pacto de criminales que desde su nacimiento hace casi tres décadas, empezó a carcomer los endebles pilares del proceso de reforma judicial. A tal extremo que, en alianza con criminales en los carteles, mal llamados partidos políticos, tomaron control del legislativo, del ejecutivo y, finalmente, del poder judicial.

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La derrota que la ciudadanía infligió al pacto, al votar por una alternativa en el poder ejecutivo, destanteó momentáneamente al consorcio criminal, pero no lo desactivó por completo. De tal suerte que desde las trincheras en donde se instalaron, con el Ministerio Público (MP) fungiendo como mascarón de proa, apuntan sus lanzas contra todo intento por corregir el rumbo.

Mientras mantienen a raya al Ejecutivo, buscan a toda costa que el sistema de justicia se mantenga inalterable en su estado de cooptación. Y para no correr riesgos, al parecer intentan impedir que las Comisiones de Postulación (CP), inicien sus funciones y lleven adelante un proceso que permita depurar al sistema de justicia.

Pese a que desde el Legislativo se les convocó, los decanos de dos facultades de derecho, se ausentaron de la juramentación. Ausencia que derivó en la imposibilidad de que las CP se instalen formalmente e inicien sus funciones. Ni la Universidad Francisco Marroquín (UFM) ni la Universidad Mariano Gálvez (UMG) se aseguraron de que sus representantes, los decanos de sus respectivas facultades de derecho, acudieran a la juramentación.

Aparentemente el decano de la UMG se encontraba fuera del país y esa habría sido la razón de su ausencia.  En tanto que, el de la UFM lejos de ofrecer explicaciones por su ausencia, resulta que en el último minuto renuncia al cargo de la decanatura y, aparentemente, deja acéfala a la entidad que dirigía. Todo al parecer podría ser un hecho fortuito si no fuera porque detrás de la UFM, al menos desde su comité de fiduciarios, hay intereses que han estado cercanos a resoluciones judiciales en pro de la impunidad.

De manera que la ausencia de un integrante y con ello la imposibilidad de instalar debidamente a las CP solo puede acarrear la prolongación o, en el peor de los casos, la suspensión del proceso para designar candidaturas a la CSJ y salas de apelaciones. Circunstancias que puede ser interpretada como un afán de sabotear a la justicia al impedir que se cumpla con el procedimiento que la ley demanda.

En la cancha de las autoridades de dichos centros académicos, que pelearon la integración de sus empresas educativas al Consejo de la Educación Superior, está responder a la duda de las razones reales detrás de la ausencia de sus funcionarios.