Hace más de dos siglos que en este país, los pueblos originalmente propietarios de la tierra fueron despojados de ella. Mediante el uso indebido de la ley, como ahora para perseguir a quienes defienden derechos humanos y el estado de derecho, se criminalizó el ser indígena. Grandes extensiones de tierras fértiles fueron robadas y registradas a nombre de usurpadores que las han heredado a sus retoños. En tanto que otros, también vivos, encontraron mecanismos para apropiarse de tierras comunales. Incluso, en zonas como Petén y las Verapaces, estructuras criminales negocian bajo amenaza la apropiación de tierras.
El tema de la propiedad de la tierra ha sido una constante en la historia de la conflictividad en Guatemala. Especialmente, porque esta le ha sido violentamente arrebatada a sus propietarias originales (las comunidades) y entregada a dueños advenedizos que navegan con bandera de empresario agrícola defensor de la propiedad privada, pero privada a otros para quedársela ilegalmente. Los nuevos dueños de la tierra empujan a los propietarios originales a vivir bajo los ŕaboles.
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Para esto han contado siempre con una estructura estatal que sirve al despojo. De manera que, los desalojos ocurridos en lo que va del año no son una novedad. Fiscales y jueces o juezas que se prestan a ordenar, sin piedad alguna, la expulsión violenta de familias enteras. Una Policía Nacional Civil (PNC) que ejecuta las órdenes sin mayor protocolo que la expulsión. Mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, hombres y jóvenes deben recoger, cuando pueden, sus pocas pertenencias y ver cómo, una vez fuera, sus precarias viviendas son destruidas.
Así pasó en la comunidad San José, El Tesoro, Cobán, Alta Verapaz. El 8 de junio, la PNC ejecutó un desalojo y quemó viviendas y cultivos, además de haber destruido la escuela. Las familias vieron sus viviendas reducidas a cenizas.
Esta semana estaba programado un nuevo desalojo para las familias de Buena Vista, que recibieron cobijo en Santa Rosita. Ahora, ambas comunidades enfrentarían un nuevo proceso de expulsión. Hace un mes, las familias de Buena Vista, Tz'inté, El Estor, en Izabal, fueron desalojadas extrajudicialmente. Luego, recibieron por quinta ocasión un anuncio de desalojo por parte de las autoridades a ejecutarse el 26 de junio. Sin embargo, un día antes fue pospuesto para el 28 de agosto. El aplazamiento no es precisamente por condiciones humanitarias, sino para criminalizar a las familias.
En este caso se trata de una comunidad forzada al desplazamiento desde el 2015. Debido a un deslave en Sierra Santa Cruz, El Estor. En ese entonces, el gobierno de Otto Pérez Molina se comprometió a la adquisición de tierras para reubicarles, algo que incumplió y, por tanto, les dejó a la deriva. A partir de esto, las 30 familias que la conforman se ubicaron en Comunidad Buena Vista, de donde fueron desalojadas en mayo. El que reclama la propiedad de la tierra ocupada, Luis Arriaza Migoya está involucrado en irregularidades con tierras en Izabal y, según la revista El Observador, hace parte de una organización que apoya los desalojos.
Estos casos, que son más que números, son las vidas de personas cuyos hogares son destruidos, quemados, arrasados. Son historias de vida truncadas por la voracidad de quienes, a fin de cuentas, son usurpadores de tierras despojadas por la violencia de la invasión que hoy día se escuda en la ley para concretar la apropiación indebida.
Tiempo es ya de que los tribunales agrarios funcionen y de que la propiedad de la tierra comunitaria sea plenamente restablecida. Ninguna persona merece vivir bajo los árboles mientras otros cuantos se engordan la bolsa a costa de la miseria colectiva.
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