Un artículo de Anthony Faiola y Ana Vanessa Herrero publicado en el Washington Post el 8 de mayo expone una serie de actos de corrupción cometidos por varios Gobiernos durante la pandemia. Lo resumo de la siguiente manera:
- En Bangladés se inició la distribución de arroz a las personas más vulnerables. Dice el reportaje que alrededor de 272,000 kilogramos del grano desaparecieron en el camino y que, días más tarde, funcionarios del Gobierno intentaron revenderlo a un precio más alto. Fueron descubiertos y acusados.
- En Rumanía, a una empresa que produce y vende tabaco le adjudicaron múltiples contratos con un valor total de 12.6 millones de dólares para producir mascarillas médicas a un precio mayor que el que ofrece el mercado. Los funcionarios del Estado justificaron dicha adjudicación diciendo que en muchos países se hace lo mismo y que, por lo tanto, no es inusual proceder de esa forma.
- En Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias le otorgó un contrato de 55 millones a la compañía Delaware para fabricar tapabocas a un precio de 5.5 dólares cada uno. Obviamente, el precio es muy alto y la empresa no tiene experiencia en la fabricación de equipo médico.
- En Colombia empezaron a repartir cajas de alimentos a las familias necesitadas. A un legislador se le ocurrió ver qué contenían estas e investigar cuánto había pagado el Gobierno departamental por cada producto. Con los datos en mano fue al supermercado local y comparó los precios del café, la pasta y otros alimentos. Sin tomar en consideración el precio de mayorista, descubrió que el Estado había pagado 2.81 dólares por el café, que costaba 1.20 en el supermercado.
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- En Argentina, el Gobierno debe publicar en línea todos los contratos de adquisición. Gracias a esta herramienta, que facilita la fiscalización ciudadana, se logró la cancelación de una compra de 15,000 mascarillas a 40 dólares cada una y un acuerdo que involucraba el alquiler del hotel de la hermana del jefe de gobierno de una ciudad.
¿Y en Guatemala? Fijémonos que la corrupción está en todos lados. Viéndolo de está forma, viene a mi memoria que hace unos años Jorge Ramos le preguntó al entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, si su hermano y su hijo eran culpables de corrupción o no. Jimmy contestó: «Todo esto es parte de una corrupción que se ha vivido en el país. Una corrupción que de una u otra forma, en Latinoamérica, en Guatemala y en muchas partes del mundo, en determinado momento se han considerado [sic] como, eh, normales».
Visto lo anterior, tal vez los equivocados somos nosotros, los que intentamos darle seguimiento a la información que ofrece el Ministerio de Finanzas Públicas para confirmar la transparencia de las compras por el estado de calamidad y pedir claridad en los cientos de procesos registrados con número de operación en Guatecompras (NPG), los cuales, en vez de decir «terminado adjudicado», figuran como «publicados», pero con el «monto adjudicado». Es posible que los ignorantes seamos nosotros, los que estamos interesados en conocer los motivos por los cuales el Ministerio de Salud ha ejecutado únicamente el 1.2 % del dinero asignado para hacer frente a la pandemia.
Si esto es así, entonces la pandemia de la corrupción nos aniquilará, pues no hay cuarentena ni lavado de manos que la detengan.
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