Para muchos, la realización de la segunda vuelta de la elección presidencial es poner fin al fastidio de las vallas, las cancioncitas y demás bombardeo mediático que nos tiene hartos y cansados de la política. Sin duda esto es verdad, pero ¿significa el final del proceso electoral que la ciudadanía puede relajarse y volver a adoptar la actitud pasiva de esperar a que los gobernantes electos cumplan lo que prometieron o no?
Los 81 días entre el 25 de octubre de 2015 y el 14 de enero de 2016 son críticos y de alguna manera resultarán determinantes para la primera parte del nuevo gobierno.
Por ejemplo, ambos candidatos han permanecido cautos con relación a la integración del que sería su gabinete de gobierno. Si tienen identificadas a las personas que quisieran nombrar, seguramente estas no asumen compromiso alguno sino hasta saber el resultado de la elección o no se quiere quemarlas antes de tiempo. Y si no tienen identificado a su equipo, los sectores que quisieran ganar cuotas de poder colocando a sus miembros también esperan el resultado electoral para no quemar cartuchos políticos con quien resulte perdedor. Así, en estos 81 días se conformará el gabinete, un proceso generalmente vulnerable al tráfico de influencias y a los pactos espurios en detrimento del interés ciudadano.
Durante estos 81 días también deben tomarse decisiones legislativas críticas. Principalmente, la legislatura saliente debe decidir, a más tardar el 30 de noviembre, si aprueba o no el proyecto de presupuesto para 2016, el primer presupuesto que ejecutará el ganador de las elecciones. Invito a dar rienda suelta a la imaginación para pensar qué tipo de negociaciones seguramente tendrán lugar en el Congreso del 25 de octubre al 30 de noviembre entre los que ganaron y los que no ganaron las elecciones y el resto de diputados y diputadas: lista geográfica de obras, incrementos o recortes en las asignaciones de gasto, ONG de salud y constructoras, excepciones a controles de transparencia, etc. Si no es la ciudadanía, ¿quién puede presionar para evitar esas negociaciones espurias?
Este período también será el propicio para lograr que el Congreso apruebe legislación que podría responder a pagos por el financiamiento espurio de las campañas electorales: privilegios fiscales abusivos disfrazados de programas para la generación de empleo o de apoyo a atletas de alto rendimiento, la aprobación a reformas clave como las que se han propuesto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos o a la Ley de Contrataciones del Estado, la subasta de frecuencias para telecomunicaciones y otros. Acá, los diputados y las diputadas que no se reeligieron deberían ser objeto de seguimiento especial, ya que en estas decisiones podrían buscar premio de consolación antes de abandonar la curul.
Y finalmente, solo para concluir una lista muy resumida y rápida, el seguimiento a los antejuicios y procesos penales en contra de varios diputados, alcaldes municipales y otros altos funcionarios del Ejecutivo, la SAT, el IGSS y otras entidades autónomas y descentralizadas, todos acusados de corrupción y de otros ilícitos. En particular requieren seguimiento los diputados y alcaldes reelectos, que por estar acusados de corruptos no deberían asumir cargos en enero.
Más que relajarnos porque terminó la molesta propaganda electoral, el domingo próximo debería ser nuestro banderazo de salida para empezar a reiterar el mensaje a los corruptos: el nuevo gobierno debe saber y entender que la ciudadanía despertó y que no permitiremos que se repita la vergonzosa historia de corrupción y abusos impunes.
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