En fechas recientes, Elsa Coronado periodista de Plaza Pública realizó un reportaje que describe la tragedia de una de las innumerables comunidades acorraladas por la compleja problemática que provoca la ausencia de una administración del territorio y sus recursos. Las historias narradas por estos guatemaltecos hacen surgir muchas preguntas que pueden resumirse en una sola: ¿Para qué sirve el Estado?
Con la llegada del invierno, la calamitosa situación de la principal infraestructura vial en Guatemala llegó a un previsible punto de crisis. Era bien conocido que, durante el gobierno de Alejandro Giammatei, el MICIVI se había convertido en el núcleo de su capacidad de gobernar a base de sobornos. A pesar de que resolver los problemas de los gobiernos anteriores es una situación normal, lo que no puede normalizarse es el monumental desastre al que nos ha llevado el convertir la corrupción en el sistema para gobernar.
El socavamiento de la ruta Palín-Escuintla, tramo de carretera particularmente sensible para los grandes empresarios articulados alrededor de Cacif, provocó un airado reclamo dirigido al presidente, exigiendo la pronta recuperación de la movilidad que les afecta. Si bien es cierto que el derecho a la crítica es parte de las garantías ciudadanas, llama la atención porque, no solamente no incluyen en su reclamo la negativa del Congreso de aprobar el Estado de Calamidad, sino que, en ningún momento han hecho un acto de contrición por la complicidad que les atañe en la histórica corrupción que ha llevado al Estado al colapso.
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La gremial es un agente de poder y podría utilizarlo en colaborar a la solución de la crisis. Sin embargo, se presentan dispuestos a añadir fuego al desgaste orquestado por el conjunto de políticos pertenecientes a las mafias que buscan mantener al gobierno débil, amedrentado y plegado a sus intereses.
Debajo del escándalo mediático permanece, invisibilizada, la calamidad que afecta a la mayoría de guatemaltecos. La crudeza del abandono del Estado a las comunidades rurales, constituye la principal deuda de esta sociedad desorganizada que llamamos «país» a la mayoría de sus ciudadanos.
Las comunidades rurales en Guatemala se han convertido en conglomerados humanos extremadamente vulnerables. Aunque es agravante, la razón fundamental no es estrictamente el cambio climático, o la llegada del invierno. Es la ausencia de un Estado que no ha cumplido con la obligación básica de liderar la gestión adecuada e integral del territorio y de sus componentes sociales y medioambientales. Esto implica la construcción de una visión de largo plazo para la utilización de los recursos y la capacidad coercitiva para regular los mega proyectos y monocultivos que, en su implementación, ignoran con total impunidad los efectos de destrucción territorial y el desplazamiento que imponen sobre grandes grupos humanos.
¿Es factible gestionar el bienestar y darle sostenibilidad a un territorio donde priva un dejar hacer y dejar pasar que favorece a los grandes empresarios mientras se destruyen las condiciones básicas para la vida?
Desplazadas de los espacios habitables, muchas personas son conminadas a establecerse en lugares peligrosos, susceptibles de inundaciones, derrumbes, deslaves y otros eventos que terminan en tragedias. En muchos casos, invaden fincas privadas y son desalojadas sin la claridad de procesos justos, con excesivo uso de la fuerza y con abusos tales como la quema de sus casas, destrucción de los cultivos. Finalmente se les arroja a la calle y se les abandona sin que exista la institucionalidad necesaria para hallar soluciones que les permitan, no solamente sobrevivir, sino mantener la cohesión familiar y comunitaria.
Para atender el conjunto de problemas que sufren estas comunidades victimizadas por la desorganización, el abandono, y el despojo de sus escasos recursos materiales y bienes naturales vitales, no existe una acción interinstitucional. Diversas autoridades tienen programas paliativos que resultan insuficientes, sin articulación y, muchas veces, manipulados por el clientelismo de los alcaldes. Ofrecen un alivio temporal, pero el problema de fondo nunca es resuelto y las calamidades se repiten en un ciclo sin fin.
Aun las poblaciones más estables, están sumidas en la pobreza por la falta de atención a las causas estructurales que la generan. Esto implica la construcción de infraestructura básica: acceso a agua potable, drenajes, vivienda accesible, caminos rurales, escuelas, centros de salud. Así como acciones estratégicas para generar empleo, asesoría agrícola, programas de riego y mercadeo de los productos para proteger la seguridad alimentaria. La pobreza estructural refleja el histórico abandono del Estado.
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Para la gran mayoría de comunidades rurales en Guatemala los estados de calamidad no son eventos transitorios, sino una forma de vida que no da tregua. El cambio climático solamente agrava una situación que ya era precaria. Porque el bienestar de un grupo humano y su sostenibilidad dependen de las condiciones que, justamente, el Estado debe organizar y proteger. Se concretan en la expresión que la Constitución Política de la República utiliza: el logro del bien común.
Hasta el momento, hemos visto a un gobierno acorralado por las estructuras de poder manejadas por las mafias. Lejos de apreciar la moderación del gobernante, han crecido los abusos de poder dirigidos en contra del ejecutivo y sus acciones son cada vez más amenazantes. Resulta evidente que se trata de una guerra sorda donde no cabe una negociación legítima.
En medio de la crisis institucional liderada por sus enemigos políticos, el presidente Arévalo tiene la oportunidad de crear un gobierno inédito para la historia reciente: salir de la precaución que lo lleva a procurar el beneplácito de las élites económicas y dedicarse de lleno a utilizar todos los recursos del ejecutivo para que lleguen al pueblo. La decidida intervención del Estado en la construcción del bienestar de la mayoría es un campo donde tiene vía libre y también es allí donde puede lograr el apoyo político que no logrará articular en otros espacios. Pero no se trata de la inútil empresa de parchar un Estado fallido. Se trata de concebir una manera de gobernar que genere transformaciones profundas.
El partido Semilla que llevó al poder a Bernardo Arévalo tiene una base de votantes urbanos, que responden al discurso institucional y también al impacto mediático de los escándalos políticos. Pero el poder de resistencia frente a los embates debe ser construido más allá de esta frontera limitante. El presidente debe salir de esta burbuja y construir un poder popular, también urgido de liderazgo y articulación. Este puede convertirse en el bastión de poder real que le permita sostener el poder institucional que tambalea.
Si logra ser efectivo en llevar los recursos del Estado (económicos y humanos) a una acción decidida en favor de quienes el propio sistema ha convertido en víctimas, será el grueso de la población quien lo sostenga ya que los guatemaltecos, finalmente, habrán encontrado razones de peso para defender ese concepto tan elusivo para las mayorías: la «democracia».
