Salvar la tortilla

Más allá de que la Cicig no sea más que una pieza en el damero de la geopolítica regional (donde nada es gratuito), y ante la falta de institucionalidad y de mecanismos de regulación fuerte de lo político (el punto neurálgico de la disputa presente), la coyuntura exige que el papel de la comisión sea considerado en la escala que le corresponde.

Su papel no fue cuestionado o valorado correctamente hasta que fue directo a la yugular de la organización de lo político, cuando empezó a mostrar la naturaleza del funcionamiento del sistema en una bastante estudiada presentación paulatina de la podredumbre política, que cobra vidas en este país a través de la destrucción de los servicios públicos y en la cual se distribuyen rentas entre sí los vividores serviles que medran a través de los partidos con los favores del poder económico organizado. Es cuando empieza a tocar a los actores y a los grandes beneficiarios de la organización de lo político cuando esta oposición virulenta nos lleva al punto en el cual nos encontramos.

Al peor estilo de la intoxicación ideológica propia de los años más oscuros del conflicto armado, los perjudicados por la Cicig no han dudado en apelar al conservadurismo religioso y a la perorata anticomunista no solo para salvar su pellejo personal, sino también para intentar que la Cicig no entre a contar costillas en el próximo año electoral, pues esto último puede que sea aún más decisivo que investigar a las lacras cuya persecución está más que justificada.

La Cicig es el actor emergente que, intencionadamente o no, puede equilibrar las desigualdades construidas alrededor de la captura del juego democrático, pues no solo el financiamiento ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca. Es el poder descarado del financiamiento privado en general el pesado lastre que desnivela la arena política y la vuelve un apéndice servil de intereses opacos.

En tanto las correlaciones de fuerzas no generen una voluntad constituyente que emprenda las reformas necesarias para fortalecer a las instituciones contraloras de lo político en Guatemala, es difícil vislumbrar cómo podrían generarse dichas condiciones sin el auxilio coyuntural de un agente externo a este sistema capaz de fagocitar a cuanta organización, bien o mal intencionada, que entra al juego democrático solo para convertirse en otro peón reproductor de la podredumbre sistémica.

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Al no estar fortalecido el mecanismo natural de control de acceso al sistema político (es decir, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyas reformas sustanciales han sido previsiblemente dinamitadas), este respirador artificial llamado Cicig podría poner el año próximo un coto modesto pero significativo al desequilibrio causado por el poder del dinero que construye la captura del Estado. No es de extrañar que el acuerdo de entendimiento TSE-Cicig terminara de convencer a estas mafias de que, además de perseguir a sus miembros, tal iniciativa iría a la raíz del problema: el evento electoral como llave de acceso al sistema político, su gallina de los huevos de oro. Por ello la Cicig debería ser valorada en estos términos pragmáticos: está corrigiendo las distorsiones que de otro modo volverían a nutrir este sistema pútrido. Organizaciones políticas que juegan con las reglas debidas tendrían un escenario para contender de una manera un poco más justa y menos adulterada si se le ponen límites, a través de la investigación y la sanción, al menos al financiamiento electoral ilícito.

Sin embargo, la Cicig no deja de ser el espejo de nuestro propio fracaso como sociedad que pretendía transitar de un régimen autoritario y discrecional a un Estado de derecho. Mostró la fragilidad de nuestras instituciones democráticas y la facilidad con que las mafias políticas y los grandes carteles empresariales, que se reconstituyeron y refugiaron ahora en el discurso de una legalidad vacía, pueden manosearlas y utilizar a su antojo. Cuando la comisión empezó a tomar en serio su papel (por cualesquier razones, que deberán analizarse en otro espacio), nos arrojó en la cara lo obvio: que nuestra transición a la democracia era un chiste poco agraciado, contado en los funerales del rey que va desnudo.

La política cobra cara la ingenuidad, y más cuando se vota por outsiders que resultan ser testaferros pagados para maquillar la recaptura del Estado. La política no se trata de dar el beneficio de la duda a cualquier vulgar tiranuelo escondido tras la enagua de la mafia militar, sino de construir certezas y horizontes de posibilidad. Por ende, la pueril y pusilánime excusa de que no había por quien votar no nos hace menos responsables de la destrucción del exiguo Estado de derecho que hoy tenemos a manos de estas mafias por las que votamos, por las que luego padecemos y a las cuales vilipendiamos en la plaza. Si dejamos que alguien más siga construyendo lo político por nosotros durante el próximo año electoral 2019, no esperemos resultados agradables.