¿Qué es La resistencia? 13 años del movimiento rural que exige nacionalizar la electricidad | Plaza Pública

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Encabezados - Especiales

06 de Enero de 2022
Autor: Elsa Coronado
Edición: Enrique Naveda

Al principio fue un grito de inconformidad. Las áreas rurales en varios puntos del país consideraron que el cobro por la energía eléctrica y el alumbrado público era desproporcionado y se declararon en resistencia para no pagar. Luego se transformó en un reclamo más grande: que el estado vuelva a encargarse de administrar la energía y la venda barata. Ahora, el gobierno paga 88 millones por mes para subsidiar a los que consumen menos, una tarifa fija que el partido MLP empieza a fiscalizar mientras Codeca, la organización campesina que ha hecho de la nacionalización energética su emblema, aprovecha el contexto de conflictividad para hacer crecer su proyecto.

¿Qué es La resistencia? 13 años del movimiento rural que exige nacionalizar la electricidad

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¿Qué es La resistencia? 13 años del movimiento rural que exige nacionalizar la electricidad

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Ilustración: Dénnys Mejía
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Al principio fue un grito de inconformidad. Las áreas rurales en varios puntos del país consideraron que el cobro por la energía eléctrica y el alumbrado público era desproporcionado y se declararon en resistencia para no pagar. Luego se transformó en un reclamo más grande: que el estado vuelva a encargarse de administrar la energía y la venda barata. Ahora, el gobierno paga 88 millones por mes para subsidiar a los que consumen menos, una tarifa fija que el partido MLP empieza a fiscalizar mientras Codeca, la organización campesina que ha hecho de la nacionalización energética su emblema, aprovecha el contexto de conflictividad para hacer crecer su proyecto.

Dos días antes de morir, Álex Ramos le prometió a su esposa que si Dios le permitía vivir no volvería a tocar unos cables de electricidad. Llevaba ocho días hospitalizado, con quemaduras en casi todo el cuerpo por la descarga eléctrica que recibió el día en que intentó reconectar a miles de habitantes de Malacatán.

El accidente ocurrió la mañana del sábado 27 de febrero de 2021, cuando se desarrollaba la enésima manifestación en contra de la empresa Energuate, que, a través de la Distribuidora de Occidente, Sociedad Anónima (Deocsa), desconectó a la población desde inicios de mes.

La gente estaba enardecida por tantos días sin luz y nadie les resolvía el problema. Entre los afectados había quienes estaban al día con los pagos, pero también los que se autodenominan en resistencia y que llevan años conectados sin pagar. Álex Ramos era uno de ellos.

Pastor evangélico, padre de familia, y, según sus conocidos, extrabajador de Deocsa, realizaba conexiones y reparaciones eléctricas para sus vecinos y habitantes de otros poblados de Malacatán, municipio de San Marcos. Sus conocimientos y el clamor de las personas lo animaron a entrar a la subestación eléctrica del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), para reconectar el cableado que usa la distribuidora para llevar el servicio a varios municipios del suroccidente del país.

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Su familia tiene un video que capta el momento en el que recibe la descarga. Estaba subido en una torre y manipulaba los cables. Los que le vitoreaban y animaban desde abajo quedaron perplejos cuando lo vieron quemarse.

“Llamen a los bomberos, llévenme al hospital”, dijo según algunos asistentes.

Álex Ramos era parte de esa resistencia comunitaria y rural que se niega a pagarle a Energuate y que exige que la energía sea manejada de nuevo por el estado, con la ilusión de que ofrezca tarifas como las que tenía el Inde en la década de los noventa, antes de la privatización. El movimiento surgió a inicios del 2000. En 2001, el valor del kilovatio por hora era de 0.58 centavos, y 22 años después ha incrementado en 312%, hasta alcanzar el 1.81 de quetzal.

Los orígenes de la resistencia

Para entender a la resistencia hay que armar un rompecabezas con los testimonios de varias personas. En cada aldea hay alguien que aporta algo a la historia. Jorge Lorenzo Alonzo y Sabas Díaz, por ejemplo, cuentan anécdotas de aquellos primeros años del siglo.

Las poblaciones colaboraron para tener energía eléctrica, pero la empresa empezó a fallar con el servicio. Había cortes sin previo aviso que duraban algunas horas o un par de días y aunque pedían explicaciones, nadie les atendía. En aquel entonces la distribución estaba a cargo de la española Unión Fenosa.

Un grupo de catequistas de San Marcos se reunió para hablar de la defensa de los recursos naturales. Con los años se unieron al Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Pueblos (Frena) y desde ahí empezaron a ir de pueblo en pueblo para “despertar a la gente de la ignorancia” y que reconocieran la realidad en la que vivían y que les perjudicaba. Hablaban del derecho al agua y a la energía a un costo accesible.

Jorge Lorenzo Alonzo, que habita en la aldea La Curva, afirma que los enemigos no tardaron en aparecer. Apunta con el dedo a políticos, a la empresa y al narcotraficante Juan Ortiz, alias Juan Chamalé, un traficante de cocaína que fue extraditado a Estados Unidos en 2014 y a quien condenaron en 2015 a 262 meses de prisión y 60 más de libertad condicional. Juan Ortiz acumuló fortuna, poder y tierras. Varias de las propiedades fueron extinguidas a favor del estado, y en una de ellas hay una hidroeléctrica.

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A pesar de los rumores de que el narcotraficante ya salió de prisión y volvió a Malacatán, Jorge Alonzo no se reprime y asegura que el narcotráfico apoyó ataques contra sus compañeros y compañera. Sabas Díaz, que también fue parte de Frena, recuerda el día en que asesinaron a Víctor Gálvez, el primer mártir de la resistencia.

Fue asesinado el 23 de octubre de 2009. Luego hubo otros atentados, heridos, ilesos, más asesinatos. Entre los caídos se cuenta a Evelinda Ramírez, el 13 de enero de 2010, y a Octavio Roblero, en febrero de ese mismo año.

Tanto Sabas Díaz como Jorge Alonzo se separaron de Frena, pero se mantuvieron en resistencia y ahora lo hacen de la mano del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Alonzo es representante de la coordinadora local, y Díaz no tiene cargo porque se involucró apenas en junio de 2021.

 “No me he metido de lleno todavía, pero tengo la intención de ser parte de Codeca y defender los derechos de mi comunidad. Hay algunas que no están con Codeca, pero… esto va creciendo, ya va noticiándose y ya vamos hablando con los líderes comunitarios y vamos diciendo el beneficio que vamos a tener”, dijo Díaz.

La resistencia es un movimiento que suma 13 años, que parece disperso, pero que está unido a un mismo propósito. Los integrantes de Codeca lo saben bien y han designado a líderes en cada municipio para que capten a los inconformes y los sumen al movimiento. En algunos lugares los rechazan, en otros fácilmente se unen a la causa. Hay quienes ya están con el movimiento, pero están cansados e indecisos de continuar. La solución que ofrece la organización no es fácil de alcanzar.

Un poco de paciencia para refundar el estado

Codeca trabaja un proyecto político a través del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). En cada municipio tiene delegados que trabajan como hormigas para organizar a las personas. Les hablan de la energía, pero también de rescatar otros servicios que ahora son manejados por diferentes empresas, como la telefonía. Pero más que eso, lo que se promueve es la refundación del estado.

Esto, según las palabras de la diputada del MLP, Vicenta Jerónimo, implica la instalación de un gobierno provisional que dé paso a una asamblea constituyente que sea plurinacional, representativa de los pueblos maya, garífuna, xinka y mestiza.


Para esto hay que llegar a las elecciones, ganar poder, espacios. En su primera participación político electoral, el MLP logró el cuarto puesto en las presidenciales con su candidata Thelma Cabrera, una diputación y poca presencia en concejalías municipales.

En Suchitepéquez, el departamento al que pertenece Cabrera, apenas lograron apoyo. El novel partido gritó fraude y nadie le creyó. En el Congreso, Jerónimo hace lo que puede en solitario. Propuso la iniciativa 5899, Recuperación de Bienes y Servicios Públicos indispensables para el buen vivir de las y los guatemaltecos.

En el artículo 2 establecen como bienes esenciales todas las aguas, incluyendo lagos, ríos, vertientes, arroyos, las caídas y nacimientos de agua, las aguas subterráneas y las cuencas hídricas en general. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. Las frecuencias radioeléctricas, de radios y canales de televisión abierta, las bandas de telefonía fija, celular y las de internet.

En el artículo 3 hablan de los servicios públicos priorizados: la generación, transporte, comercialización y distribución de la energía eléctrica. El transporte aéreo, las telecomunicaciones en general y otros que la Comisión de Recuperación, ente creado para el fin, determine.


Jerónimo ve la argucia política del Congreso, que mandó la iniciativa a cinco comisiones distintas cuando lo normal es que sea enviada a dos o tres. Ese Congreso es el que armó alianza entre partidos conservadores para negociar elecciones de directiva o proyectos como el presupuesto, y que ha postergado dos años la elección de magistrados de justicia.

Jerónimo ha usado su poder como diputada para conocer la situación del sector eléctrico. Dice tener argumentos para referir que el precio de la energía que se le vende a la población más pobre del país tiene un costo elevado. El Inde vende la energía a 0.62 centavos el kilovatio y las empresas privadas y municipales la ofrecen a 1.88 de quetzal a los usuarios.

El ajuste de precios de enero de 2021 estableció el precio para tarifa social de Deocsa en 1.86 por kilovatio hora al mes, y para Deorsa en 1.77 quetzales.

El Inde no es la única proveedora de energía. La diputada no tiene el desglose para conocer a quién le vende el Inde y de qué otros servicios se provee Energuate, pero a estos hay que sumar el polémico costo del alumbrado eléctrico y el desfase entre lo que reporta el contador y lo que cobra la empresa a sus usuarios.


En cuanto al subsidio estatal, Jerónimo determinó que se pagan 88 millones de quetzales para beneficiar con bajos costos a los que consumen menos de 100 kilovatios al mes. Este fondo va a 19 empresas que proveen energía eléctrica, aunque por cobertura, la mayoría entra a las arcas de Energuate.

Uno de los hallazgos de la diputada es que el aporte estatal es fijo, no se calcula de acuerdo a los usuarios activos ni se reajusta ante los cortes generalizados que han dejado a miles sin energía este año.

Jerónimo asegura que dará  la batalla en el Congreso, aunque la apuesta de su organización es sumar apoyos para la construcción del gran proyecto de cambio que Codeca y el MLP quieren impulsar: La Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, una propuesta que está documentada y que surgió cuando aparecieron varias para reformar la Constitución durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

El cambio, dice la diputada, tendrá que ser a través de la “organización de los movimientos sociales en Guatemala, que defienden los territorios”. Llevará tiempo, reconoce, pero resalta que hay gente que está dispuesta a tener paciencia.

La resistencia es persistente

A casi 300 kilómetros de distancia de la capital, Esperanza Vásquez, 71 años, tres años de militar en Codeca, vecina de la comunidad El Chaguite, Malacatán, dice con convicción: “Ya nos hallamos sin la luz, y lo que pedimos no es que nos la pongan, sino que se vayan de nuestro país”.

El desprecio hacia la empresa es porque ofrece convenios de pago, descuentos a la deuda, pero no propone rebajas del cobro mensual. Esta es la principal exigencia de la población, pero es competencia de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).


Esperanza Vásquez se unió a la resistencia en 2008 cuando sin justificación, dice, le cobraban 75 quetzales por prender unos cuantos focos en su casa. Le reclamó a la empresa y nadie respondió, exigieron a las autoridades y nadie les atendió. Entonces resolvieron desconectar el contador y se enlazaron directo al cableado general. Casa por casa, hasta que fueron decenas y centenas de hogares en resistencia.

Cecilia Escobar, del caserío San Agustín, en Malacatán, se sumó al movimiento en 2007. Le amarga el recuerdo de la Navidad y los días que pasó en prisión bajo acusación de hurto de energía, pero no desiste. En su comunidad hubo varios que la tacharon de ladrona, pero logró el apoyo de otros amigos del movimiento y del ahora monseñor Álvaro Ramazzini. Consiguió que le dieran medida sustitutiva y una fianza. No ha vuelto a ver al obispo, pero recuerda que su solidaridad con la causa provocó que lo tacharan de apoyar a los rebeldes.


“Hemos aguantado todo este tiempo. Yo lo hago por el legado para mis hijos”, explica. La resistencia no cree en el diálogo que les ofrecen la comuna y la empresa. Aunque dicen que el enemigo es Energuate, han tenido que lidiar con liderazgos municipales y comunitarios que están dispuestos a negociar el restablecimiento del servicio en condiciones que, según dicen, son desfavorables para la población.

El alcalde de Malacatán, Emilio Gálvez, ha tratado de convencer a los vecinos de que primero firmen convenios de pago y luego resuelvan los problemas de fondo que provocan resistencia. Las personas se ahogan en el calor. El servicio de agua depende de la energía y el costo de los generadores a gasolina es elevado. Quien no tiene capacidad para adquirir uno debe rentar el servicio por horas. La golpeada economía no da más.

Calixto Roblero, de la comunidad 15 de enero, en la parte alta de Malacatán, a pocos metros de la frontera con México, en donde el clima es frío y lluvioso, se lamenta de la miseria que esta situación les ocasiona. Migró a Estados Unidos y trabajó allá durante seis años para hacerse de una casa que ahora tiene a oscuras. Vive en una tierra fértil, pero con “niños desnutridos, centros de salud sin medicina porque no hay refri. Con niños que no pueden estudiar porque necesitan el teléfono, pero ¿dónde lo van a cargar?”, reflexiona.


Como anécdota queda el caso de la señora a la que una vela para iluminar sus quehaceres a las 5:00 de la mañana le provocó un incendio que la dejó sin nada.

“Todos corrimos a querer apagar, pero ya no se apagó la casa”.

La crisis médica de la que habla Calixto es real. Aracely Rodríguez, la enfermera del centro de atención de salud de la aldea La Curva, tiene que hacer una romería diaria para ir por un termo con las vacunas para los niños y  las mujeres embarazadas. Hay una refrigeradora en el cuarto donde atiende a los pacientes, pero sin luz se ha convertido en un objeto inútil.

Cada mañana sale de su casa, marcha al centro de salud del área central del municipio para ir por una pequeña lonchera circular que se mantiene fría durante ocho horas. Termina su labor temprano para hacer el papeleo y luego regresa al centro del municipio para devolver el recipiente, y esto se repite cada semana.

El gran apagón

El apagón de febrero de 2021 afectó a los habitantes del área rural, pero también a pequeños empresarios como David García. En 2017 fundó la primera sede del restaurante Casa Chapina en la frontera El Carmen, pero tuvo que cerrar en marzo de 2021 porque no pudo pagar los 250 quetzales diarios que necesitaba para el combustible del generador eléctrico.

En noviembre de 2021, diez meses después del corte general, se preparaba para abrir de nuevo “porque son fechas buenas” debido al flujo de viajeros.

Abogado de profesión, pero enfocado en su cadena de tres pequeños restaurantes, reflexiona sobre el concepto de equidad y justicia:

“El problema es que no son justos con los cobros. No hay justicia. He visto casos en donde hay casas que tendrían que pagar 80 quetzales y tienen que pagar 250. Por eso es que las personas se ponen de acuerdo en no pagarle a Energuate”.


El alumbrado público no es el único causante de las quejas por los montos elevados en la factura. David García experimentó lo que miles de familias rurales a las que se les cobra una cuota que no va de acuerdo al indicador del contador.

“En el centro comercial vino Energuate a verificar si en realidad tenía inconveniente el contador y apagamos todo y durante dos horas seguía generando (consumo de) energía eléctrica. En  noviembre de 2020 pagamos de 1,700 a 2,000 y ahorita 3,600 quetzales mensuales, o sea por lo menos 1,500 quetzales más de lo que acostumbrábamos a pagar. Pensé que era por la navidad, porque pusimos arbolito, pero después no me bajó cuando quitamos todo”.

A diferencia de la población rural, a este empresario no le queda más que pagar. Es eso o abandonar su emprendimiento.

Energuate le dijo al alcalde Emilio Gálvez que el apagón ocurrió porque la red fue manipulada y que la única forma de identificar en dónde está el problema es ingresar a las comunidades y examinar todo el cableado. El edil ha tratado de mediar con las poblaciones en resistencia, pero de 200 comunidades solo una accedió a firmar un acta con el compromiso de aceptar la presencia de los trabajadores de la empresa  en su territorio.


En la capital, el fiscal contra el robo de energía eléctrica, Mario Braham, secunda a la empresa al decir que sus investigaciones han determinado que las conexiones ilegales han dañado la red. Su argumento se basa en los reportes de la empresa y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entidad que regula el sistema eléctrico y que en cambio solo en 2021 multó a la Energuate con 37.3 millones de quetzales por realizar cortes colectivos del servicio en 21 municipios de nueve departamentos.

La fiscalía no está integrada por técnicos en sistema eléctrico, sino que se conforma por tres auxiliares, un oficial y el fiscal.

La fiscalía opera desde 2015. Como resultado de los procesos que lleva, ha logrado la condena de 100 personas por el hurto de fluidos eléctricos, entre otros delitos. En la fiscalía abrieron líneas de investigación de acuerdo a cuatro fenómenos. El hurto, que involucra a las personas que usan la energía y no la pagan. El robo de transformadores, que son aparatos que pueden pesar de 600 a 700 libras y que, según el fiscal, son extraídos de la red de la ciudad para trasladarlos a municipios del norte y suroccidente del país en donde opera la resistencia.

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Los otros dos fenómenos son los atentados contra el personal y los cortes o fallas provocadas por actos humanos. De los 4,357 expedientes que han ingresado a esta fiscalía, el 70% son por fallas al servicio que han sido reportadas por la empresa, pero que no se pueden investigar por falta de seguimiento de la parte denunciante.

Los demás casos que conoce la fiscalía son por hurto de fluidos eléctricos y hay por lo menos 400 casos por robo de transformadores. Desde 2015 hasta 2021, la fiscalía imputó a 137 personas y de estas hubo 100 que fueron condenadas en el ámbito penal. Las penas son menores a cinco años, así que muchos pueden salir a cambio de una cuota de dinero definida por quien juzga, pero debido a la lentitud del sistema judicial, muchos pasan vinculados a un proceso penal por años.

El fiscal reconoce que desde su ámbito no puede más que recibir y gestionar las denuncias, lo cual no soluciona el problema de fondo.


Por el caso de la toma de la subestación eléctrica de Malacatán, en febrero de este año, la fiscalía abrió un expediente de investigación. El fiscal Mario Braham asegura que quisieron ubicar y poner custodia policial al herido, pero se enteraron de que un grupo de personas presionaron para sacarlo del Hospital de Malacatán y del Hospital Roosevelt. Álex Ramos tuvo un paso apresurado por ambos centros y falleció diez días después del suceso en el Hospital Nacional de Escuintla.

Codeca lo desconoce como integrante de sus filas, pero la gente lo reconoce como parte de la resistencia y, tras su deceso, como el más reciente mártir del movimiento.

“Nos duele y nos dolió lo que le pasó… pero dado de que le pusieron esa trampa a nuestro electricista ya la gente no se animó a conectar”, asegura Esperanza Vásquez. Varias personas sostienen, como Vásquez, que la empresa dejó algunos cables sueltos para confundir a Álex Ramos, que, según dicen, estaba capacitado para operar el cableado en la subestación eléctrica porque ya lo había hecho antes. La empresa no atendió los pedidos de entrevista.

El Triunfo, una CPR en resistencia

Uno de los casos más emblemáticos de la resistencia se encuentra en el parcelamiento El Triunfo, jurisdicción de Champerico, Retalhuleu. El lugar es habitado por 275 familias ixiles que formaron parte de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).

Son sobrevivientes del conflicto armado interno que después de la firma de los acuerdos de paz intentaron reasentarse en Quiché, pero quedaron sin tierra cuando aparecieron los propietarios que tenían la documentación legal para reclamar. El estado les resolvió el problema enviándolos a una finca en Retalhuleu. Calurosa, húmeda, tan distinta a su natal Nebaj.


La adaptación de las personas ha sido lenta, compleja. Juana Itzep, habitante de esta comunidad, piensa mucho en Nebaj o sueña con otra tierra, en donde por lo menos tenga asegurada la distribución de agua. El Triunfo es el corazón de la resistencia por la energía eléctrica en Retalhuleu, lo dicen los líderes políticos, pero hay gente como ella que ya está cansada.

El  Triunfo ha logrado mantener sus tradiciones ixiles en la zona costera, se han mantenido unidos en propósito y lucha, pero la escasez de oportunidades y ahora de servicios puede provocar un nuevo desplazamiento. El hijo menor de Juana Itzep  tiene 16 años, no ha terminado los básicos, tiene menos probabilidades de seguir los estudios porque su padre perdió el trabajo y no puede producir en la carpintería sin luz, así que sus probabilidades de graduarse se limitan.

Al ver el progreso de los que migran, ha pensado que lo mejor sería irse también. Juana Itzep no quiere y tratará de impedirlo, pero ve que sus hijos a los que con sacrificio pagaron los estudios, no tienen el empleo que imaginaron. El que se graduó de perito contador maneja una máquina en una finca de sandías. El bachiller en computación recién compró una computadora, pero no la puede activar a menos que haya energía.

Juana Itzep se ahoga en el calor. En las noches no logra dormir. Tiene un ventilador que no puede encender.

“Nos dan las 11:00 de la noche y sin dormir. No soportamos el calor. Estamos un poco tranquilos cuando hay agua. Hace tres meses cortaron la luz y sufrimos porque para una mujer que trabaja en su hogar el agua es lo primero”, se queja.


Las familias que tienen parientes en Estados Unidos han comprado plantas a gasolina y rentan el servicio.

“Ahí compramos agua, pero solo para tomar. Para lavar la ropa vamos al río, pero está muy sucio. Casi toda la comunidad recibimos la suciedad de los otros”, detalla.

Para ella la solución sería el diálogo, pero con un ajuste al precio. No le convence pagar los 75 quetzales que le cobraban por los cuatro focos y un ventilador eléctrico. Aunque le ha insistido a su esposo que se marchen, no hay esperanza.

Al otro extremo de la comunidad, Ricardo Gómez, integrante de Codeca y que quedó cuarto en las elecciones a la alcaldía de Champerico, insiste en que el grupo debe permanecer unido en la lucha, porque “no hay otro camino”.

“Dijimos que quien ya se dio por vencido que firme el convenio”, pero nadie se ha atrevido. En abril, El Triunfo fue rodeado por los antimotines. Las mujeres se plantaron en primera fila para hacer frente a los invasores. No les permitieron el ingreso a la comunidad, pero saben que es posible que regresen. Al ingreso de El Triunfo hay un rótulo que advierte que son una comunidad en resistencia.


Ricardo Gómez se prepara para el próximo proceso electoral. No logró los votos necesarios en la ocasión anterior, pero ahora que Energuate les quitó la luz a todos, sabe que el proyecto político tiene un impulso.

En su defensa, argumenta que la energía es un bien común y “la ley nos permite el acceso”. Asegura que van a pagar por ella “cuando haya una tarifa favorable al alcance del campesinado”, y justifica su resistencia en el derecho que les otorga el artículo 45 de la Constitución Política.

De acuerdo con su análisis político, la empresa está contra la pared, y los cortes que ha hecho este año son una muestra de que se queda sin herramientas legales. No han podido actuar legalmente contra los líderes de Codeca, porque no hay pruebas, en cambio sí hay oportunidad para que los que pagan y han sido desconectados por Energuate inicien procesos legales.

De 49 comunidades en Champerico, Codeca asegura tener presencia en 21 poblados.

Mientras Juana toma el fresco de la tarde bajo la sombra de un árbol en el patio de su casa de madera y piso de tierra, Ricardo Gómez hace predicciones:“El Triunfo está al 100% con Codeca, y no vamos a caer”.

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