Guatemala ha salido muy mal parada en la revisión que ha hecho la FAO de las cifras de subnutrición para todos los países del mundo: es el segundo país que más ha empeorado desde que se tienen estadísticas globales, detrás de Irak, que no olvidemos está en guerra desde hace años. Desde 1990 hasta el 2012 Guatemala ha duplicado su población hambrienta, pasando del 16% al 30%. Casi uno de cada tres guatemaltecos está hambriento y la mitad de los niños y niñas menores de cinco años sufre desnutrición crónica, una cadena perpetua que no tiene cura.
A pesar de estas deprimentes cifras, debemos estar contentos. Según las autoridades oficiales, el año pasado fue un buen año para la seguridad alimentaria y nutricional de Guatemala. Se redujo a la mitad el número de niños y niñas que mueren por hambre extrema, técnicamente denominada desnutrición aguda severa, y se sentaron las bases para un accionar a gran escala contra las causas de la desnutrición crónica, también conocida como hambre estructural. El gobierno ya tiene un plan de acción donde se priorizan objetivos, acciones, regiones y grupos de personas (Pacto Hambre Cero); ha redescubierto las bondades de la Ley SAN y de la Política SAN, ambos documentos olvidados y despreciados por el anterior gobierno; ha creado un nuevo Viceministerio en el Ministerio de Salud para liderar el combate contra la malnutrición y ha puesto a punto el sistema de información, la línea de base y las estructuras municipales para planificar, impulsar y monitorear las acciones concretas contra el hambre crónica y contra el hambre estacional. Todo esto combinando intervenciones clásicas con apuestas innovadoras como la utilización de tecnología móvil o la movilización ciudadana contra lo que se considera una prioridad nacional, léase movimiento “Tengo algo que dar”. Contando los hechos, la lista no está mal y deben ser felicitados por ello. Se está avanzando.
Se han sentado las bases, se ha priorizado el tema y se ha puesto gente y un poquito de dinero para hacer frente al mayor problema de desarrollo del país, pero ¿es suficiente? ¿Veremos un progreso mayor en 2013? ¿Se llenará el inmenso abismo entre la retórica y la acción real con las familias hambrientas? Con buena gente, buenas palabras, buenas intenciones y una buena estructura institucional no va a ser suficiente, si no se ponen los medios necesarios, si no se llevan a cabo acciones concretas en el terreno a gran escala, en las comunidades donde la gente pasa hambre; si no se amplía la oferta pública de servicios sociales (carreteras, puestos de salud, funcionarios en las municipalidades); si no se movilizan los fondos municipales y departamentales para este mismo fin (lo que se conoce como Situado Constitucional, y que se va exclusivamente para obra gris con pobres criterios, uso partidista y amplia corrupción) y, sobre todo, si no se coordinan las intervenciones de los tres principales entes ejecutores (MAGA, MIDES y MSPAS) sobre las mismas familias.
La inversión pública contra el hambre todavía es muy escasa, asignando menos de un dólar a cada persona hambrienta, priorizando las inversiones de salud en las ciudades grandes frente a las zonas rurales, y dispersando el impacto del accionar ministerial y del accionar municipal por falta de coordinación real sobre el terreno: diferentes prioridades y diferentes beneficiarios. Hay que consensuar con las municipalidades y los Consejos Departamentales el porcentaje de sus fondos propios que irá al Pacto Hambre Cero, y las acciones que se han de llevar a cabo. Los escasos fondos que vienen de los ministerios, menos del 0.3% del PIB y apenas el 1.6% del presupuesto general en el 2012, no van a ser suficientes para luchar contra el hambre crónica y evitar las muertes por desnutrición, y por ello hace falta la participación de las autoridades municipales: las alcaldías y sus fondos y las mancomunidades con los suyos.
Por otro lado, si los entes ministeriales no están en plena sintonía, no se conseguirá el impacto deseado. Está más que probado. La experiencia de otros países exitosos en la lucha contra el hambre, como Brasil, Colombia, Perú o México, nos indica que solo coordinando las intervenciones de apoyo a los pequeños productores, con programas nutricionales y una red de protección social, se puede conseguir un impacto real contra el hambre crónica y la pobreza estructural. Guatemala tiene esos tres tipos de programas funcionando, pero cada uno tiene sus propias prioridades (no siendo la lucha contra el hambre el eje central de los mismos), y con criterios de focalización diferentes, y en algunos casos muy cuestionables. Ello hace que se dispersen los fondos y que no tengan un impacto duradero. Hablando en plata, el programa Mi Bono Seguro del MIDES, las acciones de la ventana de los 1,000 días del MSPAS y el programa de agricultura familiar del MAGA, deberían trabajar sobre las mismas familias, para conseguir mejorar su situación nutricional, su pobreza absoluta y sus oportunidades para producir más y mejor durante el 2013. Solo así empezarán a sentar las bases de la seguridad alimentaria y nutricional como un derecho de todos los ciudadanos de Guatemala, recogido en la ley SAN y en la Constitución.
El 2013 es el año clave del accionar del Gobierno contra el hambre: ha de gastar mucho y bien, y llegar a cientos de miles de personas hambrientas con la fuerza combinada de diferentes ministerios y de las corporaciones municipales y mancomunidades. ¿Podrán hacerlo? ¿Sabrán hacerlo? ¿Querrán hacerlo? Lo veremos al final del año. Guatemala se lo merece: lo lleva esperando desde que se acabó la guerra. Ojala no nos defrauden.
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