Sus declaraciones las dio en el contexto de una entrevista que le hizo la periodista Virginia Contreras. Fue publicada en el periódico La Hora. Porfió el señor Briz en la persecución y la captura de empresarios y funcionarios corruptos.
Desde aquella fecha, mucha agua ha corrido bajo el puente. A decir verdad, las palabras del (en ese entonces) presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras fueron algo así como proféticas. Durante el año 2016, no pocas empresas fueron obligadas a pagar al fisco lo adeudado en materia de impuestos y a devolver lo defraudado. La recuperación económica del Estado fue tal que la brecha fiscal casi se cerró. Quizá el caso más paradigmático haya sido el de Aceros de Guatemala, S. A.
El año 2017 nos deparó sorpresas similares. La más reciente es el caso de Cardex, S. A., empresa a la cual el Ministerio Publico (MP) allanó y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) intervino el recién pasado 20 de abril por supuesta evasión de impuestos. El monto, según las noticias, va por los 249 681 000 quetzales más multas e intereses. Según la Fiscalía, pudo haberse incurrido en defraudación tributaria y en casos especiales de defraudación tributaria. El caso aún está en proceso de investigación.
Visto lo sucedido dese el 2015, los casos actuales llaman a desconcierto. No se entiende cómo, viendo la tempestad venir, no hubo ni hay un arrodillamiento. Y no estoy hablando de genuflexiones, sino de echar pasos atrás en aquello que se está haciendo de manera pésima o perversa. Pareciera que el caletre lo tuvieran obnubilado. Encima de ello, ciertos discursos que se escuchan entre pasillos apuntan a un contagio de tales prácticas. O cuando menos de las intenciones.
Recientemente me vi envuelto en un diálogo grupal que terminó en una discusión muy fuerte. Una persona que ni siquiera es empresaria decía: «Es que con estos de la SAT ya no se puede trabajar. No podemos generar empleo porque no hay negocio». Yo le pregunté qué significaba para él un negocio. Y no me pudo responder. Dedujimos entonces que, para el oficioso defensor de los desfalcadores, se trataba de mercadear generando no pocas ganancias a costa de los salarios justos (que no mínimos) y de los impuestos que habría que pagar al fisco. Bonita gracia.
Sí, mucha agua ha corrido bajo el puente y, no obstante, parece que el entender no es su sino. Me refiero a quienes hoy tratan de defenestrar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al MP, a la SAT y otras entidades del Estado que por fin han comenzado a funcionar como debieron desde hace muchas décadas.
Veamos algunas posturas de estos casi apátridas.
«Aquí así se ha hecho. Aquí así se hace. Aquí así se seguirá haciendo». Un decir muy común en estos días. Intentan justificar sus robos con precedentes vergonzosos. Para ellos, la explotación del hombre por el hombre, el robo y la evasión de impuestos es algo rutinario, normal y aceptable. Tanto así que a esa entelequia le llaman negocio.
«Se trata de una persecución política». Un argumento espurio de lavadores de pisto, tramposos sofisticados y ladrones de cuello blanco cuando se los pilla. Como si fueran perseguidos por causa del ejercicio de la recta justicia intentan proyectar una imagen de bienaventurados para generar conmiseración.
«Están violando mi derecho al debido proceso». La verdad, ese estribillo (no como versos de composición poética, sino como frase que se repite y se repite patológicamente) ya nos tiene hartos. Lo invocan los genocidas, los asesinos, los cuatreros y las personas que usan el disfraz de la bonhomía para esconder su condición de podredumbre.
¿Por qué no entienden? Esos tiempos se acabaron en Guatemala. Me refiero a la época cuando al señor ladrón había que decirle don.
Así las cosas, reitero a guisa de colofón las palabras del empresario Jorge Briz: «Aquel que comete hechos de corrupción o actos delictivos no es un empresario, sino un delincuente».
A quien le venga el guante, que se lo plante.
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