Mujeres achí rememoran cómo fueron violadas hace 40 años por exPAC y los enfrentan en juicio | Plaza Pública

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Una mujer achí, víctima de violencia sexual durante el conflicto armado interno, escucha el relato del primer testigo del juicio, durante la audiencia del martes 11 de enero. Simone Dalmasso

Mujeres achí rememoran cómo fueron violadas hace 40 años por exPAC y los enfrentan en juicio

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Mujeres achí rememoran cómo fueron violadas hace 40 años por exPAC y los enfrentan en juicio

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La sala de audiencias ha sido desde el 5 de enero pasado el escenario de rememoraciones crudas de la guerra que acabó hace 25 años. Cinco expatrulleros de Autodefensa Civil enfrentan juicio y los peritajes y testimonios refieren que la política de Estado en los 80 se basó en reclutar a pobladores para someter a sus propios vecinos. Resultado: una lista de vejámenes que incluyen violaciones sexuales.

La sala de audiencias ha sido desde el 5 de enero pasado el escenario de rememoraciones crudas de la guerra que acabó hace 25 años. Cinco expatrulleros de Autodefensa Civil enfrentan juicio y los peritajes y testimonios refieren que la política de Estado en los 80 se basó en reclutar a pobladores para someter a sus propios vecinos. Resultado: una lista de vejámenes que incluyen violaciones sexuales.

Pedrina López De Paz tiene 51 años, es originaria de Rabinal, Baja Verapaz y acaba de enfrentar a los hombres que señala como sus violadores y responsables de la desaparición forzada de su mamá y papá. Los hechos ocurrieron la noche del 20 de agosto de 1982.

«Imagine como que está en ese día y cuente todo lo que pasó», le indicó la jueza Yassmín Barrios, la presidenta del tribunal de Mayor Riesgo A, quien dirige el juicio contra cinco exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Una organización paramilitar formada y armada por las fuerzas del Estado para combatir a los subversivos y que, desintegradas desde la firma de la paz, se han convertido en botín electoral.

El expresidente Alfonso Portillo les ofreció una indemnización por sus servicios a la patria y eso implicó una erogación estatal de poco más de 2,000 millones de quetzales para 515,000 exPAC registrados.

Nerviosa. Voz suave, pero firme, y en castellano, su segundo idioma, Pedrina señaló a los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruíz Aquino como responsables de los vejámenes que sufrió cuando tenía apenas 12 años.

«Le voy a contar todo lo que hicieron los patrulleros Benvenuto y Bernardo Ruíz Aquino. Mataron a mi madre, a mi padre, nos amenazaron. Por proteger a mi hermano…por reclamar, hicieron lo que quisieron conmigo», relató.

Ella es la mayor de cinco hermanos y dice que la noche en que se llevaron a sus papás reconoció a los hermanos Ruíz Aquino. No había luz, pero afirma que los identificó porque eran vecinos de la aldea. «Esas personas vinieron a la finca de mis papás y dijeron ¿dónde está el pisto?, pero no tenemos. Encontré en la gaveta (de la mesa) un billete de cincuenta centavos y lo entregué en su mano. Se llevaron la ropa de mi mamá, de mis hermanos, los pollos, todo lo llevaron. Tengo en mi mente todo lo que dijeron».

Al llevarse a su madre le arrebataron al niño de año y medio al que amamantaba y lo lanzaron hacia una pared de la casa de madera. Contra todo pronóstico, el niño sobrevivió a los golpes y al destete obligado. El caos no terminó para esa familia esa noche. Según la narración de Pedrina López De Paz, esa misma noche regresaron los patrulleros para llevarse a su hermano Agustín, que tenía 10 años. Ella se interpuso y la violaron.

«Está muy chiquita tu mierda» le dijo uno, en referencia a su vagina. «Yo soy menor de edad, yo no sabía. Ellos me están regañando, pero no sabía. ¿Qué tienen ellos en la mente? Ya son mayores. Esos dos me violaron y me dijeron esas palabras», dijo, con la mirada hacia un tribunal que mantiene a sus espaldas una pantalla que muestra a los Ruíz Aquino, a los hermanos Francisco y Gabriel Cuxum Alvarado y a Damián Cuxum Alvarado desde la cárcel Mariscal Zavala.

Los PAC, del pueblo contra el pueblo

Las PAC fueron creadas durante la gestión de Romeo Lucas García, en 1982, y oficializadas a través de un Acuerdo Gubernativo en 1983, durante la jefatura de facto de Efraín Ríos Montt. Esos dos años quedan en los registros históricos como los más cruentos de una guerra que condujo al genocidio en la región ixil.

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La idea de organizar a la población era tener el control de las áreas más recónditas del país, supuestamente a través de voluntarios, pero para muchos no hubo opción y cientos fueron obligados a incorporarse. Con el tiempo los armaron y los sumaron a las operaciones de combate, aunque según los testimonios y peritajes expuestos en el actual juicio, las armas y la violencia se usaron contra civiles.

Fernando Suazo López de Gámiz, quien vivió en Rabinal y preparó un peritaje que aborda las condiciones en que se desarrollaron las PAC, señaló ante el tribunal que los reclutados recibieron tratos inhumanos y se les enseñó a repartir violencia a sus pares. Quienes se rehusaban a cumplir con los turnos eran sumergidos en heces, obligados a padecer en agujeros en la tierra, sin alimento, con la advertencia de que la reincidencia era castigada con la muerte.

«Se les habituaba al sufrimiento y privaciones, se les enseñaba a cumplir con ciega obediencia toda clase de órdenes, aunque fueran absurdas, arbitrarias o contrarias a la legalidad. Se les humillaba, a degradar su sexualidad, reduciéndolas a una genitalidad inhumana y se les enseñaba que la mujer no es más que un cuerpo donde solo el varón es libre para dominar y gozar», señaló Suazo en una de sus conclusiones.

Marc Drouin, investigador canadiense que evaluó los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83, creados en 1982 y 1983 para guiar las acciones beligerantes contra la guerrilla, aseguró que el Ejército tenía responsabilidad sobre las PAC y sus actos.

«Según el Plan de campaña Victoria 82, el oficial s3, a cargo de operaciones, es el responsable de supervisar el entrenamiento y orientación de las PAC. Sugerirá acompañamiento de las PAC a las operaciones militares.  No es una organización espontánea, hay una estructura organizativa y se puede vincular al Estado Mayor del Ejército según este plan», aseguró.

Benedicto Lucas, condenado a 58 años de prisión por el caso Molina Theissen, ocupó ese cargo de agosto de 1981 hasta inicios de 1982.

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Los peritajes indican que los jefes de las zonas o destacamentos militares eran responsables de las acciones de los PAC. De acuerdo con Drouin, la organización de las PAC era vertical. Cada pelotón tenía un comandante y cada escuadra se integraba con ocho hombres. Pedrina asegura  que cuando sus agresores llegaron a su casa no lo hicieron solos. «Había otros hombres, pero no los vi bien», relató a Plaza Pública.

A los PAC se les formó ideológicamente, es decir, les inculcaron que debían combatir a un enemigo que, según Drouin nunca enfrentaron cuerpo a cuerpo. «Yo le pregunté a un PAC del cuarto pelotón de la aldea Xococ si se había enfrentado a la guerrilla en Rabinal y dijo que nunca», mencionó ante el Tribunal. Las PAC, según los testimonios y peritos, fueron utilizadas para vigilar, intimidar a los pobladores, y para ayudar a otras estructuras estatales como judiciales, comisionados militares y Ejército a identificar a sospechosos de filiación con la guerrilla.

Toda esa estructura jerárquica sobre las PAC está hasta ahora impune.

Agustín, el hermano que Pedrina defendió para que no se lo llevaran aquella noche de agosto de 1982, recuerda que los hombres que los agredieron llevaban armas largas el día que asaltaron su casa. Los reportes hemerográficos confirman su testimonio. El medio Prensa Libre publicó que el Ejército distribuyó fusiles M1 a los patrulleros de Rabinal en abril de 1982.

Según los registros históricos, testimonios y la interpretación de los documentos militares que fueron presentados al tribunal, los PAC se convirtieron en un arma de control contra la población civil. Sometieron a sus pares, les robaron, los desaparecieron, y a las mujeres las violaron.

Este no es el primer juicio que se emprende contra exPAC. Ya han sido señalados en otros procesos, como la masacre en la aldea Río Negro, ocurrida en 1982, en Rabinal, Baja Verapaz. En 2008, cinco integrantes de esas patrullas fueron condenados a penas que suman 780 años, a razón de 30 años por cada una de las 26 víctimas acreditadas en el juicio. 

Los acusados formaban parte de las patrullas de la aldea Xococ, en donde, según la fiscalía, se formó el grupo de patrulleros más fuerte y dominante de Rabinal.

Las voces de las mujeres

Las voces de las mujeres violadas durante el conflicto armado interno han tenido que ir sonando de a pocos. La antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj destacó en su peritaje que después del ataque a los hombres, la fuerza violenta desembocó en las mujeres. Tratadas como objetos, acusadas como guerrilleras, las torturaron en las casas, en el destacamento militar de Rabinal, las violaron como acto de castigo y sometimiento.

Pedrina López de Paz, una de las 36 mujeres que han dado sus testimonios, y una de las 5 que aseguran que los detenidos son sus violadores, dio otros detalles sobre su violación.

Todo ocurrió en la casa «una cuevita», la subieron a la cama, le pusieron un trapo en la boca y tomaron turnos para violarla. Todo esto ocurrió ante la presencia de sus hermanos, bajo la luz de unos leños. Primero Benvenuto y después Bernardo, afirma.

Su hermano Agustín recuerda que esa noche no se movieron de la casa. Durmieron «todos juntitos» en una misma cama. Cinco niños consolándose en la oscuridad de una noche que no olvidan. Esperaban, como les habían dicho sus agresores, que por lo menos Margarita, su madre, volviera. De Calixto, su padre, sabían que no sobreviviría. Ninguno de los dos llegó.

Al amanecer y con un niño de  año y medio que lloraba de hambre, caminaron para buscar a su tía Feliciana, quien terminó por hacerse cargo de ellos. Feliciana, ahora de 71 años, con una tos constante, enferma, con un andar pausado, con un castellano escaso, se presentó también al tribunal para ratificar lo dicho por sus sobrinos.

Los recibió y lloró con ellos la pérdida de su hermana Margarita y su cuñado, Calixto. No sabía que a su sobrina la habían violado hasta que se percató de su constante sangrado. La llevaron a un médico que les confirmó la violencia sexual.

Sin oportunidad de estudios, Pedrina se casó a los 15 años. Sufrió violencia de su esposo, tuvo cuatro hijos. Enviudó. Tuvo otra pareja, otros tres hijos. Perdió la matriz y su situación de salud y de vida está colmada de escasez. Ante los jueces y los exPAC que la veían a través de una pantalla dijo: «Sufrí por lo que me hicieron, me quitaron la niñez, estoy sufriendo».

Los Ruíz Aquino, así como los hermanos Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado y Damián Cuxum Alvarado, están acusados por delitos contra los deberes de la humanidad en la modalidad de violencia sexual. Ninguno ha querido declarar. Tampoco han podido ser consultados respecto de la acusación porque participan de las audiencias a través de videoconferencia desde la cárcel en donde están recluidos.

Los Ruíz Aquino tienen a una defensora pública del Instituto de la Defensa Pública Penal, quien después de siete días de juicio no había podido visitarlos en prisión. Los tres Cuxum Alvarado pagan abogados privados que al inicio del debate pidieron el aplazamiento del proceso porque no habían podido leer toda la documentación. El tribunal rechazó la petición.

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