Matrimonio «gay»: ¿la guinda en el pastel?

Los dueños de la pastelería, una familia cristiana, se negaron a prestar sus mangas pasteleras a la lucha por la igualdad porque, a su juicio, «habría[n] cometido un pecado». La pastelería fue demandada por discriminación, y el tribunal falló a favor de los demandantes e indicó que «los demandados tienen el derecho de mantener sus genuinas creencias religiosas y de manifestarlas, pero siempre de acuerdo con la ley, y no en el ámbito comercial, si ello es contrario a los derechos de los demás». La pastelería apeló, y esta semana el caso se llevará a la Corte de Apelaciones. Los demandantes cuentan con el respaldo de una entidad estatal, la Comisión para la Igualdad, dado que, según ellos, «este caso plantea puntos de importancia pública acerca de la medida en que los proveedores de bienes y servicios pueden negarse por motivos de sexualidad, creencias religiosas y opiniones políticas».

Por otro lado, la defensa argumenta que «le hace la vida extremadamente difícil a cualquier negocio […] crear […] pasteles […] a la medida si se enfrentan a la posibilidad de que alguien atraviese la puerta y pida algo claramente inaceptable». Para mí es imposible que un pastel sea «inaceptable», más aún uno con las palabras «apoyar el matrimonio gay» en azúcar glaseada.

Veo que Guatemala está muy lejos de ver este tipo de activismo pastelero. Y creo que las convicciones religiosas de las pastelerías guatemaltecas serían lo de menos en cuanto a impedimentos. ¿Se imaginan pasteles de bodas con figuritas de dos mujeres o dos hombres a la venta en San Martín, Olid, Patsy o Palace? Divago.

Es lamentable que en un país como Irlanda del Norte, donde las uniones civiles entre parejas del mismo sexo se legalizaron hace más de una década, prevalezcan actitudes discriminatorias contra personas LGBTI. El matrimonio igualitario es entendido como el non plus ultra de la igualdad y es una de las demandas principales de los movimientos que aglutinan a dichas personas. Sin embargo, las medidas que pretendan normalizar el matrimonio igualitario o las uniones civiles entre personas del mismo sexo sin garantizar otros derechos asociados (y también no asociados) al matrimonio no aseguran la erradicación de la discriminación. Me refiero a algo más allá del derecho a pedir un pastel decorado al gusto. Las políticas públicas relacionadas con la diversidad sexual tienen que orientarse a la secularización de las instituciones, a la ampliación de derechos de adopción y formación de familias y al trato igualitario en todas las esferas de la vida, incluyendo el comercial. La legalización del matrimonio gay y de las uniones civiles no son la bala mágica para acabar con la discriminación contra miembros de la comunidad de la diversidad sexual. Eso está claro. Pero no se puede infravalorar la fuerza declaratoria de la ley. Puede ser un primer paso en la creación de una cultura de respeto, pero no la asegura en sí.

Curiosamente, según el Código Civil guatemalteco, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es stricto sensu ilegal: en ningún lugar está prohibido. Asimismo, según el Renap, si dos guatemaltecos o dos guatemaltecas se casan legalmente en el extranjero, el Estado de Guatemala está obligado a registrarlos como cónyuges en Guatemala. Sería entonces de ir al Distrito Federal o a Chihuahua (entre otros lugares) y de atar allí el nudo. También es posible el matrimonio consular, en el que una pareja extranjera se casa en Guatemala conforme a las leyes de su país de origen, solo que esto depende directamente de un permiso del Estado de Guatemala. Solo haría falta una pareja con un buen par de amígdalas dispuestas a armar un litigio estratégico para poner a prueba los límites de la ley. ¿Quién se anima?