Su formulación implicó aproximadamente 33 meses. Asimismo, se consultó a 4 Gobiernos y a 20 entidades de las Naciones Unidas. En su presentación se destacaron las principales características del PDI: un diagnóstico detallado; un plan de desarrollo integral con visión de corto y mediano plazo; una estrategia para la ejecución de 114 proyectos y de 15 programas temáticos con un despliegue de acciones a nivel regional, nacional, territorial y sectorial; un mecanismo de financiamiento para los cuatro países, y una ventanilla regional para gestionar 45,000 millones de dólares en cinco años. El horizonte del plan es crear un espacio de desarrollo sostenible entre El Salvador, Guatemala, Honduras y el sursureste de México, elevar el bienestar de la región y permitir que la migración sea una opción, y no una obligación.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos elaboró el documento Estrategia de los Estados Unidos para abordar las causas raíces de la migración en Centroamérica. La estrategia se enfoca en los «factores que limitan el progreso en Centroamérica, en particular los relacionados con las oportunidades económicas, la gobernanza y la transparencia, y la delincuencia e inseguridad». El horizonte es «una Centroamérica democrática, próspera y segura», donde las personas avancen económicamente, tengan confianza en las instituciones públicas y disfruten de las oportunidades para crear un futuro para ellos y sus familias.
Ambas estrategias coadyuvan a la Agenda 2030, un esfuerzo centrado en 17 objetivos de desarrollo sostenible que pretenden erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. La agenda fue avalada por los países que concurren en el sistema de Naciones Unidas. Ya ha transcurrido un lustro desde su promulgación, y los esfuerzos mundiales han sido insuficientes para lograr el cambio deseado. En este marco, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, afirma que se requiere «una inmensa voluntad política y una acción ambiciosa por parte de todas las partes implicadas para no poner en peligro la promesa de la agenda».
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Estas tres iniciativas revelan la capacidad de formulación de planes con horizontes claros, la identificación de sus componentes o pilares, la creación de mecanismos de soporte técnicos, administrativos y financieros y espacios políticos de coordinación. Entonces, ¿qué factores influyen para que una propuesta se convierta en acciones concretas que beneficien a los no viables de las políticas públicas?
Influido por la economía institucional, en la que por institución se entiende el conjunto de normas formales e informales que delimitan las acciones y las decisiones individuales y colectivas, surgen un conjunto de interrogantes enmarcadas en lo dicho arriba: ¿se ha tomado en cuenta el contexto cultural y de prácticas políticas vigentes en los diferentes países (descalificación, intolerancia, fragmentación organizativa, polarización)?; ¿qué tanto se ha tomado en cuenta la incidencia de las normas, las actitudes o los hábitos de los diferentes actores involucrados en la generación de determinados resultados u otros?; ¿poseen los actores involucrados capacidades para diseñar acuerdos nacionales, comprometerse con su implementación y resolver los problemas del desarrollo?; ¿se tiene una estrategia para construir una institucionalidad efectiva, robusta ante las amenazas de captura por parte de intereses sectoriales o corporativos?; ¿cómo los procesos institucionales construyen y mantienen dinámicas de poder asimétricas, que dejan en desventaja a los sectores menos favorecidos por las políticas públicas? En el prólogo del libro Crisis y desencanto con la democracia en América Latina se subraya la «necesidad de un análisis profundo de las fuerzas y de los intereses implicados, de su impacto diverso en función de la estratificación social», prerrequisito para la efectividad de toda propuesta de política pública.
Las interrogantes expuestas pretenden motivar una reflexión crítica sobre las prácticas cotidianas individuales y colectivas que se despliegan en los diferentes ámbitos (familiar, comunitario, laboral, político). La interacción social y política ocurre en un contexto en el que influyen múltiples variables, todas ellas determinadas por la voluntad política de los actores involucrados y por la lucidez para acertar en construir sostenibilidad social e institucional, condiciones necesarias para que las propuestas de desarrollo se conviertan en acciones.
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