Para los revolucionarios, la izquierda es aquella que enarbola las reformas estructurales: la propiedad de la tierra, el cuestionamiento del modelo capitalista de acumulación, el antiimperalismo y el racismo como condición sui generis del Estado. Los socialdemócratas con una posición reformista, proclives a la redistribución de la riqueza a partir de un Estado subsidiario, regulador y garante de derechos que implementa políticas públicas para reducir inequidades, se sitúan más cerca del centro. Haciendo coalición con los partidos de izquierda se sitúa la izquierda comunitaria, que cuestiona los mecanismos de consulta, así como la apropiación, utilización y explotación de la tierra a través de las nuevas dinámicas agrarias (minería, hidroeléctricas, palma africana, etcétera), y aboga por la inclusión del pluralismo jurídico y la autodeterminación de los pueblos.
Dentro de los partidos políticos del primer tipo se encuentran la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y la Alianza Nueva Nación (ANN, 2004); en el segundo, el Partido Socialista Democrático (PSD, 1985), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Encuentro por Guatemala; y en el tercero, las coaliciones conformadas por la ANN (1999), Winaq, el Movimiento Nueva República (MNR), URNG-MAIZ y recientemente Convergencia. Bajo estas tipologías, el mayor crecimiento de diputaciones se logró con la elección de 57 diputados en dos elecciones consecutivas, entre 2008 y 2016. La característica principal ha sido consensuar frentes amplios y revolucionarios, así como el corrimiento hacia el centro del espectro ideológico, para garantizar la sobrevivencia y un mayor éxito electoral con coaliciones electorales conformadas con partidos de centroderecha como las de UNE-GANA y VIVA-EG. De 1996 a 2016, paradójicamente, a medida que fue creciendo la izquierda, la media ideológica de los parlamentarios ha ido afianzándose hacia posiciones de centroderecha. Es así como en estos 20 años se pueden señalar tres supuestos que marcaron la participación de la izquierda:
- La incorporación de la URNG a la legalidad y su formalización como partido político supuso el debilitamiento de otros mecanismos de agregación de intereses mezclados con la militancia insurgente. Desde sus inicios legales se autodenominó la mayor fuerza electoral y representativa de la izquierda, afirmación que implicó, para las fuerzas progresistas, el integrarse y diluirse, así como restarles autonomía e independencia en su actuar al movimiento indígena, a las organizaciones populares y a los movimientos sociales. Esta limitación conllevó la desaparición del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG —Nineth se iría a la URNG y luego fundaría Encuentro por Guatemala—), así como la transformación de la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (Copmagua), que aglutinaba al grueso de las organizaciones mayas, indígenas y campesinas, al movimiento Waqib’ Kej y al partido Winaq, con posiciones más de corte indigenista.
- La institucionalización democrática incentivó un sistema de partidos que fortaleció cacicazgos regionales en detrimento de partidos nacionales. La percepción de los diputados de la estabilidad de la democracia, ofrecida por el Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA), señala, como aspectos primordiales en la consolidación democrática, la consolidación de un modelo descentralizado y regionalizado. Esto fomentó, en mayor medida, el cacicazgo como mecanismo de reclutamiento.
- En términos ideológicos, las elecciones libres y competitivas a partir de 1999 no suponen un cambio de coordenadas para los grupos revolucionarios. En cambio, para la socialdemocracia se convirtió en una etiqueta electoral que supuso un corrimiento hacia el centro hasta evidenciar mayor empatía con los grupos de centroderecha.
La responsabilidad no fue exclusivamente de los partidos y de sus ideologías. En términos legales, la rigidez de los distritos definidos poblacionalmente y la obligatoriedad de representarse en los planos departamental y nacional a través de partidos centralizados limitaron y obligaron a postularse con programas afines al statu quo. Se dedicaron a preservar su presencia territorial para garantizar su existencia. Además, en 20 años, los requisitos partidarios se triplicaron en número de afiliados. Conjuntamente, los tipos de financiamiento y la falta de regulaciones sobre su origen y destino permitieron el financiamiento ilícito y desproporcionado, lo que los obligó a pactar con sectores tradicionalmente opuestos a las políticas de izquierda.
Las izquierdas han ido quedándose peligrosamente huérfanas de sus bases tradicionales (sindicatos, oenegés, cooperativas y movimientos sociales). La supervivencia está explícitamente ligada a redes clientelares, y su capacidad de veto parlamentario ha resultado marginal. No existe una posición clara, y sus movimientos se adivinan más bien en la movilización fuera de los partidos, en el abandono de los caminos formales y en la promoción de mecanismos alternos. Un callejón sin salida para el sistema político.
¿Es suficiente la izquierda como etiqueta de conformación? En principio, debe reconocerse la enorme brecha entre los territorios, la agrupación interétnica y el desfase con la burocracia estatal. La política comparada señala que las conformaciones de frentes amplios exitosos transcurrieron por la oposición y reforma del statu quo, así como por la nutrida experiencia de cuadros capaces de apuntalar un programa político, la reforma puntual de la gestión pública y la funcionalidad del Estado como vínculos entre militantes de las distintas vertientes progresistas y las diversas expresiones ciudadanas emparentadas con el fortalecimiento institucional, la transparencia, la provisión de los servicios básicos y el freno a la corrupción. Esto implicó correr sus preferencias electorales y negociar por una postura incluyente, transformadora y estabilizadora del sistema.
Es así como los diversos movimientos y comités proformación, bajo la experiencia institucional de los militantes de Semilla, con el ideario inclusivo de Somos y el empuje reformista de #JusticiaYa, pueden funcionar como estructuras cohesionadoras y progresistas que lideren una izquierda más allá de etiquetas, personalismos y complejos ideológicos.
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