La última oportunidad para recuperar el país

Usted quizá se define como socialdemócrata, libertario, comunista o de otra ideología política. Incluso, puede que no le interese la política partidista y que se dedique a trabajar, a un noviazgo, a construir una familia, a estudiar, a especializarse con maestrías o doctorados. En unos años no quedará un país digno en el cual debatir su postura política o aspirar a un proyecto de vida personal.

La clase política que aprobó el presupuesto 2021 demuestra una vez más que no le importan las preocupaciones, creencias e ideologías de sus electores, que solo las instrumentaliza para despertar sentimientos cuando le conviene electoralmente y que lo hace mediante nacionalismos, discursos de odio y enemigos creados para seguir con el saqueo sistemático de los recursos públicos, la división del tejido social y la destrucción del medio ambiente.

En teoría, un presupuesto es la manifestación de una política de gobierno y de sus prioridades. Debería responder a la mejora del índice de desarrollo humano, por ejemplo, donde Guatemala ocupa el lugar 126 de 189 países. O debería fijarse metas de reducción de la desnutrición crónica en la infancia del país, flagelo que sufre uno de cada dos menores, según el Unicef. Podría combatirse la pérdida de empleos provocada por el covid-19, que en un escenario optimista podría llegar al medio millón. O bien, pensando en el futuro, para aumentar la resistencia a los fenómenos naturales, un presupuesto podría incluir un apartado para invertir en ciencia, investigación y educación superior en Guatemala, donde solo se invierte un 0.03 % en dichos rubros con relación al PIB, según la Unesco.

Los anteriores problemas nacionales podrían ser algunos de los puntos de consenso prioritarios de mujeres y hombres con visión de Estado, independientemente de su ideología. Pero no. El presupuesto aprobado no responde a necesidades de país. En palabras más coloquiales, citando a un ministro (lamentable), les pela.

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Esta falta de vinculación entre gobernantes y gobernados y la desfachatez de aprobar hoy un presupuesto de tal magnitud sin pensar en el futuro del país pueden encontrar una explicación en reflexiones de crisis políticas latinoamericanas. En Argentina, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Gargarella, analizó en una columna de opinión el problema estructural de la clase política en su contexto, con reflexiones que pueden ser aplicables en Guatemala.

Gargarella indica que lo que impera en la actualidad es un sistema que favorece la impunidad del poder, donde los funcionarios públicos no sienten ninguna responsabilidad por sus acciones y ejercen su poder de forma arbitraria y sin conciencia. Esto, según el profesor argentino, se da por dos causas: la irreversible crisis que hoy afecta al sistema representativo, donde los funcionarios ya no representan a sus electores, sino a sus propios intereses, y el profundo deterioro del sistema de frenos y contrapesos establecidos en los textos constitucionales. La consecuencia principal de esto es la «autonomización» de los dirigentes político-económicos.

Con contadas y dignas excepciones, lo anterior también es válido en Guatemala, ya que tenemos una mayoría de políticos que se creen por encima del bien y del mal, que beben y ríen mientras endeudan al país con puros gastos de funcionamiento y que no hacen nada por elevar la recaudación fiscal, pero que a la vez autorizan licencias de explotación minera con altos grados de contaminación mientras aumentan su presupuesto para comida y bajan los recursos para el combate de la desnutrición, además de otras grandes irresponsabilidades.

Recuperar el país pasa por manifestar, sí. Pero luego de ello hay que involucrarnos sin estigmas en movimientos políticos que aspiren a incidir o a llegar al poder, independientemente de nuestra ideología, pero con consensos de país, para desplazar a la actual clase política. Es en las instituciones donde se toman las decisiones que afectan a las mayorías y donde se pueden hacer las reformas necesarias, incluso constitucionales, para construir un Estado en el que podamos debatir nuestras ideas y construir nuestros proyectos de vida y nuestras metas personales. Si no reaccionamos ahora, a este ritmo no quedará país sobre el cual reflexionar.