Ella se ha vuelto una operadora relevante desde la institución que dirige, donde ha establecido un mecanismo para aceitar engranajes corruptos. Al ser la única diputada del círculo que rodeaba a Jimmy Morales que no se reeligió, modificaron la ley para pavimentarle el camino. Permitieron que alguien que no fuera abogado pudiera ser director del IDV y que, en lugar del Congreso, fuera el presidente quien lo nombrara. Como se previó, Jimmy la colocó sin llenar ninguna credencial.
Este instituto se convirtió en un nido similar a lo que Fonapaz fue en su momento: una instancia dedicada a otorgar plazas, gestionar favores, negociar nombramientos; una caja chica de sobornos. Hacer esto es algo que Carrillo aprendió desde los tiempos en los que fungía como mano derecha de Roxana Baldetti.
La prensa ha reportado el lujo de personal que ha contratado Carrillo. Entre ellos, la esposa del juez Mynor Moto, sancionado por Estados Unidos; el exdiputado Juan Manuel Giordano, quien pasó por varios partidos que están cancelados, y parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El miedo a este caso se exacerbó cuando una agencia de la Fiscalía contra la Corrupción, liderada por Eduardo Pantaleón, allanó las oficinas del IDV y recabó peligrosa información. Eso alertó a las máximas autoridades, incluida Silvia Valdés, presidenta de la CSJ, y a la misma fiscal general, ambas del Consejo del IDV.
Como represalia, Pantaleón fue trasladado y las investigaciones contra Carrillo quedaron huérfanas. Queda claro que estamos frente a un caso que unta a las altas esferas. En el testimonio de la asistente de Carrillo se detalla que el secretario del Ministerio Público (MP) Ángel Pineda le filtraba información del caso. En una ocasión, esta asistente le llevó un sobre a Silvia Valdés y por curiosidad notó que esta tenía unas listas de magistrados de salas de apelaciones que serían elegidos. Otro reporte de La Hora hizo ver que las elecciones de Néster Vásquez y Dina Ochoa ante la Corte de Constitucionalidad fueron aceitadas desde el mismo IDV. Recordemos que en el comunicado en el que Estados Unidos sancionó a los Alejos se hace referencia a una compra de voluntades para nombrar a magistrados.
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Luego de que Juan Francisco Sandoval se opusiera al nombramiento de la fiscal Cinthia Monterroso —lo cual le valió la destitución—, Pantaleón también se opuso a su propio cambio, que fue justificado como un asunto de seguridad. Estas acciones presentadas por los fiscales —sumada a la que hizo la exjefa de la FECI, quien también rechazó el nombramiento de Monterroso— dan cuenta de una resistencia a las decisiones sin fundamento de la cúpula del MP, en la cual Pineda ejerce suficiente influencia.
El nexo entre Pineda y Carrillo es indiscutible. Según los testimonios, ella lo trataba de «amigo», lo que deja ver una relación de complicidad. Sería ingenuo pensar que el cambio de Pantaleón no busca la parálisis del caso y que no se está intentando ocultar una trama mucho mayor. Si se llegara a judicializar —muy difícil a estas alturas—, se conocerían interioridades de lo que se está negociando ahora, cuando el secuestro de la justicia es el pan de cada día.
Pineda juega un papel importante como portero del statu quo. Así como ha hecho en el caso de Carrillo, así ha actuado en otros y ha sido descarado al replicar mensajes de los netcenters que se dedican a acosar a periodistas, activistas, fiscales y jueces. Por su parte, Carrillo está preocupada porque sabe que hay pruebas contundentes contra ella. Estados Unidos sabe de sus mañas y nada le asegura salvarse de un destino parecido al de Baldetti, su antigua jefa, quien está condenada y con orden de extradición.
Así como sacó de la cancha a Sandoval, la fiscal general bloquea ahora a otros fiscales independientes, quienes trabajan con mil dificultades. Ella tiene miedo, pues con las protestas y la llamada de atención de Estados Unidos pierde fuerza e internamente se drena su legitimidad frente a muchos de sus subordinados que, al igual que la sociedad, están cansados de sus engaños.
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