El 12 de septiembre, el Ministerio Público volvió a allanar las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que, según declaraciones del mismo Rafael Curruchiche, se debe a una investigación por una denuncia por manipulación de los resultados electorales, pero también se refirió en sus declaraciones al caso contra Semilla. Quiere encontrar el pelo en la sopa para justificar los antejuicios contra diputados, más órdenes de captura y rascar un antejuicio contra Bernardo Arévalo. Estos difícilmente prosperarían en estas cortes, si bien cooptadas, pero que han olido el viento de los cambios y parecería que, de momento, no se prestarían a dejar sin inmunidad al presidente entrante antes del 14 de enero. Pero el MP quiere empujar la barda y sabe que puede «machucar colas» en las cortes.
Los ojos del hemisferio están encima de Guatemala y que el secretario de la OEA Luis Almagro esté liderando esta veeduría que busca garantizar el cambio de mando es una cuestión mayor, en términos regionales. Nunca en el país se había dado una situación así, porque el miedo de las redes de corrupción, impunidad y crimen organizado es inmenso por los privilegios que perderán ante la inminente llegada de Arévalo.
El Cacif y otros sectores conservadores, que pueden no estar de acuerdo con el golpe, aducen falsamente que es posible que convivan Consuelo Porras y Bernardo Arévalo. Pero vemos que es mentira: la defensa del proceso electoral implica necesariamente la salida de Porras. Ella es la actora de impunidad más importante que ha tenido el país, porque desde el puesto del que se dirige la persecución penal se decide acusar a quienes no han cometido delitos y proteger a los criminales. Es como una película de mafias sicilianas, la fiscal general tergiversa absolutamente la ley con la complicidad de jueces igualmente cómplices. Si el Cacif continúa en esta postura de hacerse el desentendido ante la aberración legal que estamos viviendo, como que se abrieran las cajas de las boletas contra la norma expresa que lo prohíbe, no solo quedarán ante la historia como los protectores de quienes destruyen la democracia, sino que cuando quieran enmendar (como cuando en 2015 se metieron a las marchas de última hora) será demasiado tarde y el MP procederá contra las Juntas Electorales, cuyos miembros son cercanos a las cámaras.
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La Corte de Constitucionalidad tiene la salida en sus manos. Debe acoger los amparos presentados por Semilla y, en línea con su rol histórico que jugó en 1993, en el Serranazo, y en otros momentos, corregir la investigación penal del juez Fredy Orellana y suspender la resolución donde busca cancelar al partido como una medida precautoria. Esa desfachatez es un funesto precedente que provocará que cualquier juez quiera suspender o cancelar a un partido sin mayores motivaciones; están abriendo una puerta que terminará de destruir el sistema de partidos políticos. Además, el juez Orellana no es imparcial, por lo que deben admitirse las acciones que buscan separarlo de la investigación. Se ha violado el debido proceso, no se ha dado a Semilla acceso al expediente en más de 31 ocasiones que lo ha solicitado, se está tratando de cancelar un partido sin seguir el procedimiento de la Ley Electoral y se siguen haciendo diligencias violatorias de las leyes, la Constitución y el derecho internacional.
Está claro que el presidente Giammattei juega a doble banda. Por un lado, concede ante la comunidad internacional y se pelea con Fundaterror, pero por el otro aspecto, no hace nada para detener estas arbitrariedades. Aunque finalmente pierda y tenga que ceder el poder, su intención es dejar todo el campo incinerado de la pura rabia. El plan golpista de quitar a Arévalo por medio de un antejuicio, aprovechar esa vacante y que el próximo congreso nombre un nuevo presidente, sigue en pie. No la tienen todas consigo pero Consuelo Porras y Curruchiche van a jugar decididamente para ganar la partida.
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